Debatir sobre ciertos asuntos cuando se da un clima de absoluta intolerancia y confrontación casi no tiene sentido. Eso, por lo menos, en ciertos ambientes y en ciertos espacios periodísticos. Pero ello no nos excusa, de ninguna manera, del deber de expresar lo que pensamos y lo que sentimos, con toda honestidad.

Podemos estar equivocados o, simplemente, no concordar con los demás, eso es ya otra materia. Discutir hoy, por ejemplo, sobre el problema de las cuotas en la UNAM, a estas alturas, parece inútil o, incluso, necio. No hay modo de hacer entender razones ni de dialogar como muchos exigen.

La oposición a las cuotas se ha venido sosteniendo en unas cuantas suposiciones primarias, como lo dije aquí hace algunas semanas: que el cobro de las mismas es anticonstitucional; que ello implica la privatización de la Universidad; que se quiere dispensar la obligación que el Estado tiene de financiar a las Universidades públicas, y, por último, que todo ello esconde un inconfesado deseo de acabar con la educación pública superior. Hasta ahora no he podido encontrar más que una vil morralla de pretendidos argumentos que no dicen nada de nada. Y, por sobre todo, un cinismo que siempre trata de ocultar la realidad.

La diputada Lenia Batres, en la deslucida sesión del martes pasado en la Cámara de Diputados, repitió el peregrino argumento de que la "pertenencia" de la UNAM al Estado no se basa tanto en la Constitución (que al respecto no dice absolutamente nada) como en el primer artículo de la Ley Orgánica de nuestra máxima casa de estudios, que la define como "organismo público descentralizado del Estado", algo que ya se ha presentado también en estas páginas. Ese "del" debe decir pertenencia y, por lo tanto, la UNAM es parte del Estado mexicano y, también en consecuencia, la educación que imparte debe interpretarse como impartida por el Estado mismo.

Lenia Batres, espero no estar equivocado, estudió derecho. Pero, al parecer, no le enseñaron en sus clases de derecho administrativo lo que es un "organismo público descentralizado del Estado". Este es un organismo destinado a cumplir funciones públicas, principalmente a través de la prestación de un servicio y la realización de funciones de todo tipo (productivas, financieras, educativas, sociales o culturales). Pero, aunque dependa del presupuesto del Estado, no forma parte del mismo y, por lo general, debe tener su propio patrimonio y una total autonomía para desarrollar sus propósitos. Quienes redactaron el texto del primer artículo de la Ley Orgánica de la UNAM no po- dían suponer que habría espíritus tan ilustrados que no entendieran el significado de la preposición "del".

En su caso, la Universidad no forma parte del Estado. Es descentralizada (de ahí su autonomía) respecto del Estado. Desde luego, mucho depende del concepto que se tenga del Estado. Si, siguiendo la tradición organicista del derecho público alemán del siglo pasado, que, a su vez, derivó de Hegel, decimos que el Estado lo somos todos (población, territorio y poder), entonces sí podemos decir que la UNAM es del Estado, lo mismo que nuestras casas y nuestras relaciones privadas. Pero esa concepción obsoleta ya no le sirve a nadie, aunque nuestros maestros de civismo nos la hayan enseñado cuando cursábamos civismo. Hoy el Estado se entiende como un conjunto de instituciones que gobiernan y regulan la vida social. Y entre esas instituciones no se encuentran los organismos descentralizados.

También quisiera decir que no estoy de acuerdo en cómo se aprobó el nuevo Reglamento de Pagos. No por como se hizo, sino porque todavía no entiendo qué pretendió quien propuso reducir las cuotas del proyecto a la mitad. Eso no aminoró la oposición al mismo ni lo hizo más atractivo. Se nos había dicho que sólo era una actualización del valor real de las cuotas de hace 50 años. Por lo demás, los "violentos" no somos quienes estamos a favor de las cuotas, sino los que se oponen a ellas. No dejaron sesionar al Consejo Universitario en su sede. Nos han cerrado nuestros centros de trabajo ya dos veces y amenazan con cerrar definitivamente nuestra casa de estudios. Eso aparte el hecho de que no admiten, en absoluto, ninguna discusión libre y abierta en la que no se corra el peligro del linchamiento.

Mi cuestionamiento esencial sigue siendo el mismo: Ƒpor qué yo debo pagar su educación superior con mis impuestos (que son altísimos) a decenas de miles de hijos de papá que llegan a nuestros campus en coche propio? No sirve de nada señalar, una y otra vez, que el nuevo reglamento exime de muchas maneras a los estudiantes pobres y sin recursos del pago de cuotas. Vamos, ni siquiera se discute el reglamento en sus términos. ƑQuiénes son los "violentos" y los intolerantes?