A varias semanas de intensa polémica sobre la propuesta gubernamental en materia eléctrica, parece subsistir un nivel importante de confusión. No parece quedar claro, ni siquiera, cuáles son los puntos que se plantean con la propuesta de reforma a la Constitución.

Se sigue diciendo que la mencionada reforma o contrarreforma porque, en cierto sentido, se propone regresar al contenido anterior a la reforma de 1960, tiene por objeto abrir la industria eléctrica al capital privado. En realidad, el capital privado lleva un buen número de años participando en esa industria, al grado de que ha financiado en diferentes formas casi todas las nuevas plantas iniciadas desde hace más de 10 años. Lo que sí se plantea cambiar es la exclusividad de la nación para prestar el servicio público de energía eléctrica, y eliminar la prohibición de otorgar concesiones, que constituían el régimen inmediato anterior, no sólo a la nacionalización de la industria eléctrica, sino también, a la nacionalización de la industria petrolera en 1938.

De esto se desprendería, según impresos y declaraciones de la Secretaría de Energía, la venta o concesión de la gran mayoría de la industria eléctrica existente que se emplea para la prestación de servicio público. Por lo tanto, en vez de la actual situación en la que las nuevas plantas se instalan y construyen con inversión privada, ésta se destine, por lo menos en parte, a comprar las instalaciones viejas o, si no queremos usar ese término, las instalaciones ya existentes. Eso no va a generar un solo kilovatio-hora adicional.

Por un lado se dice que la iniciativa es porque se quiere estimular la competencia. Por otro, se anuncia la posible fusión de los dos mayores bancos del país, en una situación en la que de por sí se caracterizaba por muy poca competencia entre bancos y costos financieros altísimos en nuestro país, especialmente en comparación con los de nuestros principales socios comerciales, lo cual, además, nos resta competitividad.

Dado que los términos del debate, obviamente, no están lo suficientemente claros pese al tiempo transcurrido, las conclusiones, entre otras, son las siguientes:

1. Está más que justificada la solicitud del Senado en el sentido de que la Secretaría de Energía le envíe la iniciativa de Ley Reglamentaria antes de que sea dictaminada la iniciativa de reformas a la Constitución. Así, por lo menos, se tendrá un conocimiento más preciso de lo que se trata de hacer.

2. También se justifican los planteamientos de los legisladores y, especialmente, el acuerdo del que se informó ayer en estas páginas, en el sentido de discutir ampliamente la iniciativa y sólo después incluir en la agenda de la Cámara de Diputados la discusión del punto, lo cual, según la misma información, ya no sería en el periodo de sesiones en curso.

3. Es muy importante que se discutan y precisen los elementos centrales del camino que sí se debe seguir en la industria eléctrica. No es nada deseable que suceda lo que con anteriores proyectos no viables. Con la petroquímica de Pemex, por ejemplo; no se le ha vendido y los sucesivos intentos en ese sentido han fracasado, pero tampoco se desarrolla ese rubro ni se invierte en él. En artículos recientes hemos comentado estas alternativas en varios sectores, y es preciso llegar a una definición. La industria eléctrica debe ser fortalecida, restructurada y ser más eficiente.