Las grandes esperanzas de cambio en el Congreso, la posibilidad de modificar una práctica legislativa viciada de origen y la promesa de dignificar la tarea de legislar, marcaron el inicio de sus trabajos. Una Cámara de Diputados más plural, en la que ninguno de los partidos cuenta con la mayoría absoluta, en donde, por primera vez, el gobierno de la misma es compartido y la fuerte presencia en comisiones de los grupos parlamentarios con mayor representatividad asegura un equilibrio político ųcomo los principales distintivos del nuevo Congreso mexicanoų, configuran una situación política inédita en uno de los poderes federales.

La nueva composición de la Cámara de Diputados, en la que el PRD es la segunda fuerza, y el avance de la oposición en los comicios locales, fueron el aliento democrático que albergó la posibilidad de grandes transformaciones políticas. Se pensó, en algún momento, que el Congreso de la Unión, poniéndose a la altura de las exigencias nacionales, sería protagonista de estos cambios profundos. En estas circunstancias, se consideró que se podía legislar verdaderamente, que el gran legislador de Los Pinos podría ser acotado y que, respondiendo al reclamo social, se producirían modificaciones legales que garantizaran la paz con democracia, una reforma electoral de fondo, o medidas que se orientaran a erradicar las enormes desigualdades sociales en materia de salud, alimentación, vivienda, educación e ingreso familiar.

Nada de ello ha ocurrido. A 18 meses de haber iniciado sus trabajos, la 57 Legislatura de la Cámara de Diputados ha consumido su tiempo en salvar a los grandes banqueros nacionales y en discutir reformas de diverso orden que no responden a las expectativas de los ciudadanos y a las urgencias de la mayoría de la población.

A pesar de las iniciativas importantes, como aquella que combate la violencia intrafamiliar o la modificación constitucional en materia de desarrollo sustentable, siguen pendientes la reforma electoral, el fortalecimiento del Poder Legislativo, el diseño de un nuevo federalismo, la ampliación de las formas de democracia y participación social, la reforma política integral en el Distrito Federal y el voto de los mexicanos en el extranjero.

Continúan sin resolverse la reforma al sistema económico y financiero que impida las crisis recurrentes, una reforma fiscal integral y la modificación de los términos y condiciones en que se aprueba el presupuesto anual. Está sin respuesta una gran reforma social que tienda a erradicar las causas estructurales de la pobreza y haga posible el acceso a los derechos sociales ciudadanos consagrados en la Constitución Política. Siguen sin encontrar solución legislativa las demandas de sectores importantes de la sociedad: mujeres, niños, indígenas, trabajadores del campo y la ciudad, jubilados y pensionados, discapacitados, pequeños contribuyentes, solicitantes de viviendas, consumidores, trabajadores de la cultura y desplazados.

En suma, el Congreso mexicano sigue sin dar respuesta a la gran esperanza que la sociedad cifró en él y, por si ello no fuera suficiente, las comisiones de dictamen se encuentran virtualmente paralizadas. Su reactivación demanda un ejercicio de voluntad política que en la actualidad no existe. Ello se refleja en la imposibilidad de tomar acuerdos políticos que permitan adoptar agendas legislativas de consenso, descongelar decenas de proyectos que se encuentran en comisiones ųmás de 85 del PRDų, o presentar, con ciertas posibilidades de éxito, nuevas iniciativas de ley. La situación prevaleciente sin duda beneficia a un partido, empeñado en demostrar que avance democrático no garantiza eficiencia legislativa, y premia a otro que ha definido como estrategia sacar el máximo provecho de esa parálisis. Tarde o temprano los electores y los sectores afectados harán su evaluación del desempeño de una legislatura que inició con grandes promesas de cambio y, a la mitad del camino, se ha instalado en la inercia y la apatía que caracterizó a la Cámara de Diputados durante el férreo dominio del partido de Estado.

La informalidad con la que funcionan las comisiones de la Cámara y la imposibilidad para tomar acuerdos son factores que obligan a los diputados hoy en día a presentar individualmente iniciativas de ley para atender las exigencias sociales que demandan sectores de la población del país que, desde siempre, han sufrido las deficiencias políticas y jurídicas de nuestro sistema. Ya es tiempo de que se salga de este letargo legislativo y que se escuche y respete la voluntad popular; que se actúe con base en el interés nacional y popular, que, en suma, los legisladores manden obedeciendo.