Si no estuvieran de por medio los muertos y heridos, la historia del fin del gobierno de Raúl Cubas en Paraguay sería el guión de un torpe vodebil. Los últimos sucesos fueron burdos, groseros. Después del salvaje tiroteo sobre la masa congregada en las afueras del Congreso, Lino Oviedo se ''entregó'' a la justicia y fue ''retenido'' en los cuarteles de la guardia presidencial. Poco antes de verse obligado a dimitir, Cubas cerró el círculo de su patético mandato repitiendo, como despedida, el primero de sus actos de gobierno, el más desafortunado de todos: la excarcelación del ex general golpista.

Que estos personajes tienen madera para las malas comedias, lo sabían hace tiempo los cazadores de historias de la industria de la diversión. El diario Noticias de Asunción del 11 de junio de 1996 publicó una entrevista al recién retirado general Oviedo, que un par de meses atrás había encabezado el fallido golpe de estado con que desde entonces se ubicó en medio de la tormenta política de Paraguay. Con orgullo, el ex general contaba que una compañía estadunidense de televisión le acababa de ofrecer cinco millones de dólares, a cambio de protagonizar una filmación sobre su fallida asonada militar. Oviedo no aceptó. ''No es ahora el momento'', respondió a los buscadores de estrellas y argumentos fílmicos. No se sabe si ahora que se escapó hacia Argentina, donde le fue otorgado asilo político, seguirá en pie el ofrecimiento. Pero quienes no parecen estar dispuestos a seguir tolerando estas mascaradas, que tienen un altísimo costo social y siempre terminan con saldos mortales, son los paraguayos, y en primer lugar los más jóvenes de ellos.

Sucede que una de las dimensiones más significativas de la historia política paraguaya en estos años postreros del siglo es la determinación de los jóvenes del campo y la ciudad para detener los embates del autoritarismo, tan hondamente arraigado en la vieja clase política de la nación guaraní. Fue la movilización espontánea de la juventud la que activó la resistencia civil a la asonada militar de Oviedo en abril de 1996. Desde el primer momento los jóvenes salieron a la calle y, con ellos, el resto de la población, para oponer su presencia masiva y pacífica, pero también decidida, al intento de un nuevo golpe de mano militar. Mientras el presidente Wasmosy se custodiaba en la embajada estadunidense, los civiles paraguayos se volcaban a la plaza pública para manifestarse contra la amenaza de un regreso a los oscuros tiempos de la dictadura castrense.

Fue otra vez la constitución de una masa popular la que precipitó, después del asesinato del vicepresidente Argaña, la caída del llamado gobierno de Raúl Cubas. Todavía están vivas las imágenes transmitidas por la televisión de miles de paraguayos congregados en torno al Congreso, la mayoría de ellos apenas mayores a veinte años, aferrados ferozmente a su joven y precaria democracia. Diez de ellos perdieron la vida; muchos otros salieron malheridos. ''Algunas escenas me recordaron las reacciones espontáneas de solidaridad del terremoto de México en agosto de 1985'', dice el prestigiado politólogo paraguayo Jorge Lara Castro, maestro de muchos de los jóvenes resistentes de la plaza. ''Las gentes acudían solidarias a la plaza a ofrecernos agua y sal, necesarias para contrarrestar los efectos de los gases lacrimógenos. Entendían y aprobaban el sentido de nuestra presencia en la calle''.

La multitudinaria vigilancia de la gente hizo algo más que restablecer la institucionalidad que el gobierno saliente había roto de manera flagrante. Envió una señal que el nuevo mandatario y el conjunto de la clase política paraguaya no pueden ignorar en lo sucesivo; el autoritarismo y la impunidad de los gobernantes, padecidos por las generaciones precedentes, no parecen contar más con la amplia base social de antaño. Los tradicionales partidos Colorado y Liberal Auténtico tendrán que adecuar su oferta y actuación políticas ante una sociedad decidida a defender con su presencia masiva y pacífica en las calles los principios más elementales del estado de derecho; los que establecen que la ley sea observada, en primer lugar, por quienes tienen la obligación de aplicarla.