La inacabada transición política mexicana enfrenta hoy riesgos gravísimos. El PRI acaba de amenazar a cuatro consejeros electorales federales con fincarles un juicio político por supuestas faltas administrativas en el ejercicio de sus funciones. Semejante despropósito es un claro mensaje al IFE: el partido oficial no aceptará una verdadera vigilancia de sus gastos de campaña y desea acotar los poderes de los árbitros ciudadanos del proceso electoral. Al mismo tiempo, debe recordarse que en las elecciones estatales recientes ha quedado al descubierto la inoperancia de las comisiones electorales "ciudadanizadas", que en muchas entidades del país están bajo el control de los gobernadores priístas.

Esta doble vertiente de ataque a las instituciones electorales penosamente construidas en los últimos años constituye una verdadera contrarreforma electoral. Queda claro ahora que el PRI seguirá recurriendo a la violación de las leyes electorales, que con toda impunidad ha venido practicando desde el año pasado, para defender su poder frente a la oposición. Dos son los frentes principales de esta batalla: la compra y coacción del voto en forma masiva, frente a la cual la legislación electoral vigente muestra vacíos jurídicos importantes que impiden su penalización; y la falta de un verdadero control sobre los gastos de campaña de los partidos.

La impotencia ciudadana se ha manifestado más nítidamente en los estados donde el clientelismo encuentra tierra fértil para su desarrollo en la pobreza extrema: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Veracruz. Deberíamos agregar en realidad Michoacán, Durango y enormes regiones de todos los demás estados. Esto quiere decir que casi la mitad de la población adulta carece aun del estatuto pleno de ciudadanía.

Frente a esta situación la oposición necesita actuar simultáneamente en dos frentes: de un lado, es necesaria una nueva reforma electoral que cierre los huecos a través de los cuales el régimen autoritario evade las reglas elementales de la competencia electoral. Este proceso debería implicar también la reconstrucción de los consejos estatales electorales en la mayor parte del país. De otra parte, la coalición de partidos propuesta por Cárdenas aparece más necesaria que nunca, pues el PRI no podrá ser vencido por una oposición dividida.

Sin embargo, el lamentable espectáculo ofrecido por el PRD en sus recientes elecciones internas ha demostrado que no es un partido, sino una federación de facciones que representa un PRI en potencia. Con esto ha dado argumentos a Fox para oponerse a la alianza. Así, la opción de la segunda vuelta parecería más viable como forma de garantizar la formación de un frente opositor. Sin embargo, el PRI no aceptará una reforma electoral que incluya esta disposición, lo cual nos regresa al punto de partida: la coalición. Pero la falta de confianza entre los partidos y su propio subdesarrollo la hacen inviable. El mayor obstáculo a la transición es hoy la inmadurez de los partidos de oposición y la falta de visión de sus dirigentes.

Ha resultado muy grave que la sociedad civil haya bajado la guardia antes de tiempo. La virtual desaparición del escenario público de organizaciones como Alianza Cívica demuestra que la opinión pública se apresuró demasiado a cerrar el expediente de los proceso electorales y otorgó demasiada confianza a los partidos. Hay que volver a lo básico, pues en una transición sin pacto como es la nuestra, puede resultar fatídico que en el proceso electoral en el que se juega todo el régimen apueste a violentar las escasas reglas que sostienen la extremadamente frágil transición mexicana. Este retorno de la sociedad civil debe apuntar en realidad en dos direcciones: por un lado, al régimen, para impedir que sus arbitrariedades clientelares se generalicen y determinen los resultados electorales; de otro, a los partidos de oposición, para que asuman su responsabilidad histórica y se constituyan en verdaderos partidos modernos. Esos institutos políticos han desperdiciado la oportu- nidad que se les abrió con su triunfo en las elecciones parlamentarias de 1997. Es urgente que en esta coyuntura crítica empiecen a actuar responsablemente.