Emilio Pradilla Cobos
Corporativismo, ambulantaje, violencia callejera

Durante su larga hegemonía en la capital, el PRI montó una compleja red de control corporativo, encabezada por la CNOP, que incluyó a voceadores de prensa, colonos, pepenadores, ambulantes, pequeños comerciantes y otros sectores populares. Impuso en sus organizaciones a líderes permanentes o hereditarios, los amarró al partido de Estado mediante relaciones clientelares, cargos de elección, concesiones y corruptelas, mediadas por los funcionarios de partido y gobierno. Permitió a estos caciques enriquecerse sin límites gracias al cobro de cuotas de ''gestoría'' y ''protección'' a sus agremiados y la parte de fondos públicos o partidarios que les transfería. No actuó contra los grupos de golpeadores que usaron para imponer su ''liderazgo'' mediante la amenaza y la extorsión. En una palabra, permitió que se formaran mafias que controlaban los espacios públicos y la relación con el poder, que le servían como medio de acarreo en actos partidistas y procesos electorales.

Convertido en oposición, el PRI usa a estos grupos corporativos y líderes para tratar de desestabilizar al gobierno de Cárdenas e impedir que aplique la ley, tanto la aprobada en la hegemonía priísta y usada sólo por este como instrumento de negociación y corrupción, como la emanada del órgano legislativo en su nueva situación. Los ejemplos están a la vista de todos: parte de los comerciantes de la Central de Abasto, Antorcha Popular y los invasores de Tlayapaca, algunos locatarios de mercados públicos y las organizaciones de ambulantes, entre otros.

Estas mafias han mostrado su naturaleza en el caso de los comerciantes de vía pública. Sus líderes se han enriquecido enormemente con las cuotas ilegales cobradas a sus ''agremiados'', quienes tienen que pagarlas para poder realizar su actividad, gestionar espacios en la calle o no ser agredidos por los porros de las organizaciones. Estaban acostumbrados a la complicidad con los funcionarios públicos y a sus favores, con los que ellos también se enriquecían también. Son verdaderos linajes familiares y mantienen un gran peso en las estructuras del PRI gracias a su capacidad de acarreo forzoso de los ambulantes. Convirtieron la calle en territorio privado, que mantienen aun a costa de la violencia abierta. Lucran con la necesidad de muchos pobres y desempleados y protegen a quienes se enriquecen en esta actividad, aun contra otros ambulantes: por ejemplo, los distribuidores de mercancías ilícitas, de contrabando o robadas.

La reciente confrontación entre grupos de ambulantes en el Centro Histórico mostró, una vez más, su violencia y corrupción, y el riesgo que significan para el resto de los usuarios del comercio callejero o transeúntes. Por ello, el gobierno capitalino actuó con pleno derecho y legitimidad al investigar y consignar a Silvia Sánchez Rico y a sus familiares, herederos del imperio de la finada Guillermina Rico, ambas integrantes del PRI, para que respondan ante la ley por este hecho violento y por muchas otras tropelías. No se trata de una acción contra los ambulantes verdaderos, sino contra las mafias que los oprimen y explotan. Los ciudadanos del Distrito Federal deben reconocer y apoyar este acto de autoridad, conforme a derecho, para proteger a los ciudadanos y rescatar las calles para su usufructo. El PRI y su ''sector popular'' tienen ante sí una clara definición: o se pliegan a sus sectores más violentos y corruptos y, en aras del oportunismo político, tratan de usar esta acción legal del gobierno democráticamente electo como medio para desgastarlo (algunos dirigentes ya tomaron este camino), o reconocen que se aplica la ley en defensa de los capitalinos, que no se trata de un ataque político contra el PRI, y apoyan plenamente el estado de derecho. Es una oportunidad más para que el PRI tome distancia de las prácticas antidemocráticas del pasado y avance en su propia democratización; es también una lección para sectores del PRD y otros institutos políticos que no han sabido romper a fondo con esta detestable herencia de la vieja cultura política autoritaria. Los ciudadanos los observamos atentamente, sobre todo ahora que los partidos nos convocan a apoyarlos con nuestro voto el año próximo.