n Sesión informativa realizada en Ginebra

Existe una crisis de impunidad en México, denuncian cinco ONG

Kyra Núñez, corresponsal, Ginebra, 31 de marzo n Representantes de cinco organismos no gubernamentales mexicanos e internacionales hicieron hoy el recuento de la situación de los derechos humanos en México y reafirmaron sus convicciones de que ''la guerra de baja intensidad no ha terminado; la militarización continúa y va en aumento'', y considerando que la crisis en México es una de tipo societal y de impunidad, hicieron un llamado a la comunidad internacional para que se presione al gobierno a cumplir su palabra y a honrar sus promesas.

En una sesión informativa coordinada por Fernando Mejía, de la Organización Mundial contra Tortura, y ante numerosos delegados gubernamentales ųincluyendo a funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y representantes de ONG presentesų, los defensores de derechos humanos refutaron declaraciones de la cancillería mexicana, como aquella expresada en días pasados por la subsecretaria Carmen Moreno, de que las acciones gubernamentales con el apoyo del Ejército son para el restablecimiento del estado de derecho en México.

Espionaje, vigilancia y control

Oscar Hernández, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, dijo que las tareas policiacas son en verdad acciones encubiertas de ''espionaje, vigilancia y control de la población'', específicamente de las comunidades indígenas, y añadió que la militarización es evidente en las estadísticas: en Chenalhó, Chiapas, hay un soldado del Ejército por cada diez habitantes. Denunció igualmente la complicidad del exterior (sin identificar) que vende y transporta armas para México, que fuera revelada en la prensa nacional y de Chiapas.

Margarita Gutiérrez Romero, de la Coordinadora de Mujeres Indígenas e integrante de la Asamblea Nacional Indígena por la Autonomía, afirmó que las comunidades indígenas están tipificadas como ''focos rojos y zonas de alarma'', pues el Estado mexicano ve subversión en cada indio, en cada pueblo. Para esta indígena oaxaqueña de El Mezquital, ''hay quienes se endulzan la boca, pues hay dirigentes, políticos, gobiernos, partidos políticos, diciendo que en México existe la democracia, pero no se engañen, pues no la habrá mientras no se reconozcan y se ejerzan plenamente los derechos indígenas y mientras sigan impunemente aceptando la orquestada violencia del gobierno contra las poblaciones indígenas''. Dijo igualmente que el gobierno continúa enfocando la problemática sólo a Chiapas, pero en realidad el conflicto es nacional, como se demostró con el interés suscitado por la reciente consulta de las bases zapatistas del pasado 21 de marzo.

Elevado número de desapariciones

John Bevan, responsable para México en Amnistía Internacional, resumió para los presentes el reciente informe de su organismo intitulado México a la sombra de la impunidad, resaltando los hechos más dramáticos: el alto número de desapariciones forzadas, unas 400 cuyas investigaciones transcurren lentamente, y la dependencia del sistema judicial. Según él, la crisis es generalizada, pero agudizada en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, y dio la voz de alarma diciendo que, según se observa, la situación de los derechos humanos ''puede deteriorarse rápidamente a menos que se termine con la impunidad''. Finalmente, abogó porque la visita de la relatora especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales se lleve a cabo pronto y su informe sea publicado a la brevedad posible.

Michael Chamberlin, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, hizo el examen del comportamiento de México frente a los instrumentos nacionales y de la ONU relativos a los derechos humanos, incluyendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según Chamberlin, México ha aceptado la jurisdicción de dicha corte porque su peso es menor que el de la comisión y, en consecuencia, las autoridades hacen lo posible por no comprometerse con dicho órgano de la ONU; hizo público el documento por el cual unos 122 organismos no gubernamentales solicitan a la comisión que designe un relator especial para México.

En la citada sesión informativa se contó con el testimonio de Bernardo Ranferi Hernández, refugiado político en Francia debido a ''persecuciones y acoso policiaco a más de amenazas de muerte'' que afirma haber sufrido, y que ''han puesto en peligro la vida y seguridad de mi familia por el hecho de defender los derechos humanos de indígenas y campesinos''. Así, el refugiado mexicano lamentó la muerte de Aurelio Peñaloza García, victimado en el contexto del conflicto poselectoral en Guerrero, dijo.

A preguntas de los asistentes, los expositores narraron incidentes en El Bosque, Chiapas, donde se ha revelado la presencia de estadunidenses que estuvieron en misión de observación como agregados militares de su embajada en México; el entrenamiento de militares en la Escuela de las Américas, que va en aumento (766 entre 1946 y 1995, frente a 333 en tan sólo dos años: 1996-1997), y la venta de tecnología de tortura, sin olvidar que de muchas formas la guerra sucia contra indígenas, campesinos y opositores políticos se da enmarcada en la lucha contra el narcotráfico.

A pesar de ello, la atmósfera en México es ''positiva'', dijo Ranferi Hernández, porque la sociedad vive esperanzada en lograr la verdadera democracia y eso se ve incluso en que hay casos de prensa independiente pero, afirmó, ''hay que partir de la premisa de que el gobierno tiene un doble lenguaje''.

Asistentes a la sesión interrogados por La Jornada se mostraron receptivos a la información presentada que corrobora las informaciones que se presentan por la prensa internacional y por los resultados de los informes de relatores especiales, como el de tortura. Sin embargo, delegados gubernamentales europeos se mostraron reticentes a anunciar su eventual participación en un debate sobre México en el seno de la comisión.

La versión oficial

Una fuente de la cancillería mexicana ųque prefirió mantenerse anónimaų opinó sobre lo dicho por los organismos no gubernamentales acerca de la situación de los derechos humanos en México:

''No fueron más que verdades a medias. La verdad completa es otra. Puede haber impunidad pero se está combatiendo; el gobierno tiene abiertas las puertas para visitas relacionadas con derechos humanos; el Ejército Mexicano está encargado de restablecer el estado de derecho y, por supuesto, no puede permitirse que las mujeres indígenas sigan siendo tratadas como seres inferiores en sus propias comunidades, por eso se les cuida.

''Tampoco hay incumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, éstos son respetados y por ello las reformas para incluir sus contenidos en la Constitución están siendo analizadas en el Legislativo; en lo que toca a la situación del general Francisco Gallardo, su detención se debió al peculado cometido y no por pedir un ombudsman militar, y en el caso de Ranferi Hernández, él se dice refugiado político de México, pero no lo es''.