Hace ya más de seis años, en 1992, siete personas dispararon sobre el cuerpo de Pascual Gómez Martínez, campesino de Huitiupan que descansaba del trabajo de su milpa al lado de su esposa y su hijo menor de edad. Pascual falleció no por los impactos de bala, sino del machetazo que otra persona del mismo grupo de agresores le asestó en la cabeza. Eso se dice en el expediente.

Un día después de los hechos, el 16 de junio, Marcelino Martínez Pérez presentó la denuncia en Huitiupan sin saber decir quiénes fueron los responsables.

El 15 de septiembre de 1993, 15 meses después, la esposa y el hijo del finado comparecieron ante el juzgado mixto de primera instancia de Bochil y proporcionaron los nombres de los agresores, sin aportar datos adicionales de ninguno de ellos. Mencionaron a las siete personas que dispararon, entre ellas una de nombre Antonio López Vázquez, y a una octava como la responsable de haber dado el mortal machetazo. Con esos datos se integró el expediente penal 118/93 (Progresivo 71/98) por los delitos de homicidio y asociación delictuosa en contra de los señalados por los comparecientes.

Terminó 1993, pasaron 1994, 1995, 1996, 1997... ningún avance en las investigaciones.

En 1998, el 9 y 10 de abril, se conmemoró en la comunidad de Taniperla a Emiliano Zapata, declarando formalmente inaugurado el municipio rebelde Ricardo Flores Magón, con cabecera en ese ejido. Para nadie era un secreto la existencia de ese municipio autónomo, que venía funcionando desde diciembre de 1994. Se hablaba desde el año anterior de la inminente inauguración formal, sin que se supiera con precisión cuándo se verificaría.

Antonio López Vázquez hizo el camino de dos horas por la montaña para llegar de su comunidad a Taniperla. Encontró una celebración distinta a la esperada: jueves y viernes santos de multitudinario baile por la inauguración del municipio autónomo. Como simpatizante y base de apoyo zapatista, se sumó a la fiesta sin imaginar el calvario que iniciaba aquel 11 de abril.

La fecha de su detención no fue oficializada el 13 de abril, como la de sus ocho compañeros que con él fueron detenidos dos días antes. Se tomaron tres o cuatro días más, suficientes para localizar otros cuatro casos de homonimia, entre ellos el de Huitiupan, empolvado y olvidado, hasta que los militares lo rescataron y ordenaron que con la detención de Antonio ųpor los motivos expuestos y conocidos, relativos al municipio autónomo Flores Magónų se le diera visos de solución.

A 11 meses del auto de formal prisión, sin que se hayan aplicado las medidas de apremio que la ley señala, no se han presentado los denunciantes a los ca- reos; el juez ha desestimado pruebas en las que se hace notar el origen, vecindad y referencias que las autoridades ejidales dan de Antonio, y se ha negado a solicitar a dependencias oficiales ųcomo el Registro Civilų constancia de los casos de homonimia que probarían que en Ocosingo y otros municipios del estado hay varias personas que llevan los mismos nombres que el simpatizante zapatista detenido en Taniperla (a la defensa le han negado la información que condicionan a que sea solicitada por el juez).

En el de Antonio, que es uno de los tres casos de expedientes homónimos acumulados a los detenidos en Taniperla hace un año (los otros dos son los de Manuel y Miguel Hernández Pérez, ambos promotores de derechos humanos del Comité Fray Pedro Lorenzo de la Nada, O. P. de Ocosingo), se pueden resumir las irregularidades en los siguientes enunciados:

a) En Chiapas ni se investigan ni se persiguen los delitos conforme a la ley, sino que se archivan y solucionan cuando y como mejor convenga políticamente; b) cuando hay interés en apegarse a normas y leyes constitucionales es en términos estrictamente formales, sin importar la alteración de datos, como se ilustra en este caso con la modificación de la fecha de detención de Antonio; c) si se pueden cargar y atribuir fallas, omisiones y trampas del juzgado a la defensa, no se tiene el menor reparo en hacerlo. Se establecen acuerdos con dependencias oficiales para fomentar el tortuguismo, la desesperación y la corrupción en lo que se refiere al desahogo de pruebas, lo cual permite al gobierno esconder la dimensión política del problema, diciendo que no hay avance en el desahogo de pruebas por parte de la defensa.

No sabemos cuándo, pero tenemos la certeza de que Antonio, Miguel y Manuel saldrán libres. Junto con sus familiares y comunidades, y al igual que los otros 13 detenidos en Taniperla, merecen el desagravio por el daño moral que les han causado las falsas y ridículas imputaciones ordenadas por los administradores, no de la justicia en Chiapas, sino del conflicto armado, de las estrategias de contrainsurgencia, militares y civiles, federales y estatales.