n Se fincarán responsabilidades contra quien haya cometido irregularidades
La CNGV anuló anoche los comicios internos del PRD
n Diez votos a favor y uno en contra; detecta anomalías en más de la quinta parte de las casillas
Georgina Saldierna n La Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia (CNGV) anuló anoche los comicios internos que realizó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) el pasado 14 de marzo para elegir presidente, secretario general y 128 consejeros nacionales, y anunció que se fincarán responsabilidades en contra de quienes hayan cometido irregularidades durante la elección.
La decisión de la CNGV se aprobó por diez votos a favor y uno en contra, luego de analizar el resultado y las consideraciones que sobre el proceso efectuó el Comité General del Servicio Electoral (CGSE) el pasado 27 de marzo, y las impugnaciones que presentaron las nueve planillas contendientes en un total de mil 450 casillas.
Cabe recordar que en el acta circunstanciada del 27 de marzo, el CGSE consideró que hubo anomalías en mil 506 casillas que anuló y que representan 28.14 por ciento del total de las instaladas en todo el país. Tomando en cuenta que esa cifra es superior al 20 por ciento requerido para anular los comicios, la instancia electoral suspendió el conteo y pidió a la comisión de garantías que considerara la posibilidad de invalidar la votación a nivel nacional.
El dictamen consta de 33 cuartillas en las que la CNGV fundamenta las razones por las cuales procedió a anular los comicios entre ellas destaca la existencia de irregularidades en más de la quinta parte de las casillas instaladas, y anomalías en un número adicional que no precisa.
Resalta que algunas de las irregularidades registradas se originaron en errores de procedimiento, en los cuales no hubo dolo evidente, pero que ''no son consentidos por el Reglamento General de Elecciones Internas''. Otras, en cambio, claramente pueden tipificarse como indebidas. Entre ellas enumera la retención y posterior liberación de documentación electoral, los cambios más o menos súbitos de casillas, las votaciones atípicas en estados completos como Jalisco, Zacatecas y Oaxaca, y las manifestaciones de violencia física sobre personas relacionadas con el proceso electoral interno.
Del acta circunstanciada del CGSE correspondiente al pasado 27 de marzo, la Comisión de Garantías desprende que al día 19 de marzo ųcinco días después de las eleccionesų el servicio electoral tenía conocimiento documental de 4 mil 985 actas únicas de casilla, de un total de 6 mil 636 previstas. Para el 24 de marzo, esta cifra se elevó a 5 mil 351, luego de recibir 366 actas más.
De ellas, el órgano electoral encontró incompleta la documentación de 337 urnas, en las cuales no aparecía ni el acta única original de escrutinio, ni su copia certificada, ambas de naturaleza infalsificable; además 445 actas de escrutinio estaban firmadas por un solo funcionario cuando deberían haber sido al menos dos de tres; en 555 casillas todos los funcionarios fueron cambiados sin justificación; en 51 había más votos que boletas recibidas y en 54 votó una persona cada 50 segundos, lo que resulta imposible si se toman en cuenta los pasos para la emisión del voto.
También desprende del informe del servicio electoral, que 129 casillas fueron reubicadas sin justificación; que en 97 aparecen como autoridades representantes de casilla; que en otras urnas se detectaron votaciones en las que más de 95 por ciento de los sufragios fueron a favor de una sola planilla, y en otras se registraron más de 750 sufragios, lo que contradice el criterio del Instituto Federal Electoral (IFE) respecto del máximo posible de 600 votos por casilla.
Al recordar que el Reglamento General de Elecciones Internas contempla la mayoría de estas irregularidades como causal de nulidad, la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia refiere que los comités locales electorales reportaron al PREP resultados de 419 casillas, de las cuales no existe evidencia documental de su existencia real.
Por lo que hace a las impugnaciones que presentaron las planillas, refiere que por una parte se alega la incompetencia del CGSE para anular casillas, aunque no aporta pruebas de ello, y por otra, agregan un crecido número de inconformidades destinadas a invalidar votación de varias urnas, todo lo cual refuerza la especie de que en efecto, el proceso electoral del pasado 14 de marzo estuvo poblado de irregularidades, unas precisadas por el Comité General del Servicio Electoral y otras denunciadas por los propios contendientes y militantes.
Adicionalmente, considera que los señalamientos que hacen responsable de estas anomalías al servicio electoral, no hacen más que robustecer la convicción de que efectivamente existieron anomalías, independientemente de quién o a quiénes sean imputables, ''cuestión ésta importante de tener en cuenta cuando se califica una elección y no a sus protagonistas como en el presente caso''.
El dictamen de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia refiere que es la ley la que anula las casillas y no las autoridades electorales, mismas que sólo se limitan a declarar que se han dado los supuestos legales para invalidar votaciones. Ello, en alusión a los señalamientos que han hecho diversas planillas en torno a que el Servicio Electoral no tenía ninguna autoridad para cancelar urnas.
Como parte de la fundamentación jurídica del resolutivo, se afirma que se perseguirán de oficio los ilícitos cometidos en la elección, como lo establece el artículo 16 de su propio reglamento, y por otra parte, se enfatiza que el Consejo Nacional no queda anulado, si faltan de manera temporal los 128 consejeros electos, toda vez que permanecen diputados, senadores, consejeros provenientes de los consejos estatales, entre otros.
La anulación de la votación abre la posibilidad para que la presidencia nacional de este partido sea ocupada por un interino. Para decidir cómo funcionará el PRD al concluir la gestión del dirigente Andrés Manuel López Obrador, la próxima semana sesionará el Consejo Nacional.
El dictamen de Garantías y Vigilancia ųen donde se sobreseen los recursos contra el proceso por carecer de sustento jurídicoų fue aprobado por los comisionados Alvaro Arceo Corcuera, José Luis Pérez Canchola, Rafael Barajas Durán, Bernardo Bátiz, Martha Recaséns, Carlos Payán Velver, Victorio Rubén Montalvo, Luz Rosales, Adela Salazar y Victoria Guillén Alvarez. Guadalupe Sánchez se pronunció en contra.