AUTOCRITICA EN LOS HECHOS
La determinación de anular la elección nacional interna del Partido de la Revolución Democrática, tomada ayer por la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia (CNGV) de ese instituto político, constituye una medida correcta y pertinente que permitirá, en primera instancia, despejar los riesgos de que en el PRD cobren vigencia prácticas antidemocráticas rechazadas, desde su fundación, por el perredismo y, en general, por la gran mayoría de la sociedad.
De haberse continuado con el proceso electoral y reconocido el triunfo de alguna de las planillas contendientes, los candidatos electos habrían enfrentado el rechazo de una parte importante del perredismo y se habrían introducido indeseables factores de tensión y desencuentro en ese partido. Además, una dirigencia emanada de una elección impugnada se encontraría fuertemente debilitada, condición que colocaría al PRD en una posición de desventaja ante sus adversarios políticos y le restaría credibilidad ante la sociedad justo en el arranque de la carrera hacia el 2000.
Por otra parte, es claro que un partido que se ha propuesto como uno de sus objetivos fundamentales la transformación del país con base en la rectitud, la transparencia y la justicia no puede tolerar que, entre sus filas, se registren prácticas antidemocráticas como las que ha combatido durante toda su historia en procesos electorales de índole estatal y federal. Justamente, en estos momentos el PRD encabeza un movimiento ciudadano de protesta contra lo que considera un intolerable fraude electoral priísta en Guerrero. En este contexto --tanto para el PRD como para toda institución partidista y para la sociedad en general--, el mantenimiento de una congruencia doctrinaria y la defensa de los principios democráticos son premisas cruciales que deben ser respetadas y cumplidas en todo momento, tanto en asuntos internos como en el ámbito nacional.
Ahora, los perredistas deberán investigar a fondo las irregularidades cometidas, identificar a sus responsables y, en su caso, aplicar las sanciones establecidas en sus propios estatutos. De ese modo, además de limpiar su proceso de cambio de dirigencia, darán a la sociedad un ejemplo de justicia, transparencia y compromiso democrático. La anulación de las elecciones, y el interinato en el CEN perredista que presumiblemente se establecerá, permitirán al sol azteca analizar críticamente las fallas y los errores cometidos, formular las bases para un nuevo proceso electoral interno y preservar la unidad y la consistencia política.
En este contexto, cabe reconocer el papel desempeñado por el Comité General del Servicio Electoral y la CNGV del PRD, pues al realizar su trabajo y emitir sus dictámenes estuvieron a la altura de las circunstancias, de la confianza depositada en ellas y de las expectativas que suscitaron tanto entre los militantes perredistas como entre los ciudadanos comprometidos con la consolidación democrática de México.
A fin de cuentas, la determinación del PRD de no tolerar en su seno prácticas contrarias al sufragio libre y efectivo es una muestra de madurez política y de su viabilidad como alternativa de poder democrática, comprometida con la justicia y la equidad y respetuosa de la voluntad mayoritaria de los electores.