n Clara Jusidman
El Montepío, pieza clave para el control de la asistencia privada
Ricardo Olayo n El grupo que se había apoderado de la asistencia privada en la ciudad de México sigue defendiendo el control corporativo que estuvo encabezado por Víctor García Lizama, personaje que al frente de la Junta de Asistencia Privada (JAP) decidía a qué fundación otorgar dinero, a cuál auditar y también incidía para colocar presidentes al frente de las instituciones, uno de cuyos ejemplos es Alan de la Torre en el Montepío, indicó la secretaria de Desarrollo Social del gobierno capitalino, Clara Jusidman.
A las instituciones que ''no se portaban bien" se les dejaba fuera de los donativos del Nacional Monte de Piedad, institución que "sistemáticamente ha violado" diversos artículos de la ley en la materia, aprobada en diciembre pasado por la Asamblea Legislativa, señaló la funcionaria.
La nueva norma tiene el objetivo de hacer menos discrecional la actuación de la JAP, de acabar con el dedazo que se dio en múltiples ocasiones. Es una ley que incluso hoy requiere de mayores elementos para tratar de auditar una institución, lo que no ocurría antes, destacó.
En entrevista, Jusidman informó que la vigencia de la ley es un asunto que definirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo tribunal que ha girado circulares a los jueces de distrito para que no resuelvan de fondo las suspensiones provisionales que han otorgado a las IAP.
En el caso del Nacional Monte de Piedad, su patronato ha ido más allá de la protección de la justicia, pues sólo se les permitió no aportar los seis pesos por cada mil que entren a sus arcas, y que los documentos del Montepío no sean removidos. "Los demás aspectos de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada tienen que ser asumidos por el Monte de Piedad", aseveró.
El Montepío es una pieza clave para "el grupo de interés que se había apropiado de las instituciones de asistencia privada y de las fundaciones", y no quiere dejarlo. El monto de los excedentes que genera la institución está en duda; "parecería que el interés es el uso de esos excedentes para el beneficio de grupos específicos que estuvieron muy ligados a la administración de la Junta de Asistencia Privada", presidida por Víctor García Lizama.
El gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas de ninguna manera pretende el manejo de dinero, no sólo porque lo prohíbe la ley, sino que además busca la "liberación" del sector para que logre la democracia de las instituciones y que, al mismo tiempo, se puedan organizar para votar en libertad sobre quiénes serán sus representantes.
"Antes existía un control corporativo y la elección de los consejeros de las instituciones se hacía por el clásico dedazo;0 se les hablaba a las instituciones y se les decía: "tienes que votar por tal".
Del control de García Lizama, quien hace poco dijo que puede ser considerado el "primer perseguido político del gobierno" del Distrito Federal, Jusidman declaró: "El presidente de la junta era el que definía qué patrones quedaban (al frente de las IAP), por eso, el que tenemos como presidente del patronato del Monte de Piedad es amigo de un hijo del mismo anterior presidente de la junta. Si ustedes buscan en los patronatos de varias de las instituciones, hay muchas de las gentes que venían de amigos y familiares del propio presidente de la junta. O sea, era un grupo que había penetrado y se había posesionado de varias instituciones de asistencia privada importantes".
A lo largo de ocho años que estuvo al frente de la JAP, García Lizama aplicaba una ley que era discrecional, que era de 1943 y nunca tuvo reglamento porque era para su "comodidad". Pero "en el momento en que ve que la ley va a entrar en vigor, entonces empieza a tratar de generar estatutos en las fundaciones para que la propia fundación establezca sus patrones".
Es decir, "era un manejo terriblemente discrecional a su interés y a su gusto, con una perspectiva de hacer un gran corporativo de la asistencia privada en todo el país. Se la pasaba promocionando juntas de asistencia privada y leyes de asistencia privada en otros estados. Compraba las voluntades de las instituciones en los estados para que se convirtiera en IAP y justificar la creación de este gran corporativo de juntas de asistencia privada en el país".