Ayer, cuando la primavera apenas inicia, entró en vigor una medida gubernamental cada vez más cuestionada: el nuevo horario de verano, el cual, supuestamente, durante los próximos seis meses nos dará una hora más de luz natural. Por principio, lo que hace cuatro años se planteó como una medida benéfica ya se convirtió en un problema político y clara demostración de la forma autoritaria y poco aseada con que desde el centro los funcionarios llevan las relaciones con las entidades que integran el pacto federal.

Anunciado como parte de una estrategia para ahorrar cerca de 7 mil millones de pesos al año, como una necesidad de adecuarnos a los usos y costumbres de nuestro socio y vecino del norte, el cambio de horario recibe rechazo por doquier, al responder más a criterios financieros que a los de tipo social.

No se trata, como sostienen algunos voceros oficiales, de un asunto que los partidos de oposición patrocinan y aprovechan para presionar al gobierno: va- rias legislaturas estatales en donde el PRI tiene mayoría por unanimidad han pedido al Presidente que reconsidere dicha medida, por estimarla inadecuada y una imposición, pues no hubo consulta previa y suficiente a los interesados, en este caso la ciudadanía.

Haciéndose eco del malestar público, legisladores y gobernadores resumen las molestias que ocasiona el cambio. Por ejemplo, destacan las afectaciones biológicas y de salud para los niños; el poco ahorro energético por la necesidad de utilizar alumbrado matutino en casas, negocios y oficinas públicas; la movilización de la población a horas en que todavía reina la oscuridad; alteraciones físico-somáticas del "reloj biológico" de las personas; mayor riesgo de sufrir robos, accidentes y asaltos; retardos y ausentismo laboral, y efectos en los niveles de producción y productividad de las empresas.

Legislaturas como las de Jalisco, la ciudad de México, Tabasco y Durango, las dos últimas gobernadas por priístas, se han hecho eco de estos y otros inconvenientes, y por los conductos debidos pidieron seguir con el horario normal. Que sepamos, no recibieron respuesta convincente.

La legislatura de Tabasco se queja de que ni el secretario de Energía ni las dependencias bajo su mando responsables directos del sector eléctrico, se han dignado cumplir con "la disposición constitucional consagrada como derecho de petición, y menos todavía a darle un trato adecuado a una solicitud de un Poder de un estado de la Federación".

Igual suerte tuvo la petición que el Congreso de Durango envió al presidente Zedillo a través del mandatario estatal. O la elevada a nombre de sus ciudadanos por el gobernador de Aguasca- lientes. Y la carta del ingeniero Cárdenas, en la que recoge un acuerdo de la diputación del DF sobre dicho asunto.

Cabe agregar que la gente no siente que el ahorro energético por el cambio de horario se refleje en el recibo de luz, pues cada bimestre llega más elevado. O que el sector público predique con el ejemplo y tome medidas para hacer uso racional de los energéticos, bienes que a todos nos cuestan.

En efecto, el país continúa con un enorme atraso tecnológico y con diseños derrochadores de energía en el campo del diseño arquitectónico de obras y edificios públicos, de viviendas, fábricas, edificios de oficinas, comercios y servicios.

Así las cosas, ayer adelantamos una hora los relojes, pero al mismo tiempo se marcó un retraso en la sana relación entre gobernantes y gobernados. Entre el Ejecutivo federal y los gobiernos y legislaturas de los estados, que sienten dicha medida como una imposición del centro. De nuevo hubo oídos sordos a lo que el pueblo expresa y desea, pero más temprano que tarde, las autoridades tendrán que revisar a fondo el cambio de horario y buscar la solución correcta al problema. Igualmente, el Congreso de la Unión.

Al respecto, don Bernardo Bátiz comentó el martes pasado en nuestro diario la necesidad de que dicha instancia intervenga. Refiere que la fracción XVIII del artículo 73 constitucional da al Congreso federal la facultad de adoptar un sistema de pesas y medidas. Y la hora es una medida de tiempo.

Dice don Bernardo que si los horarios deben ser obligatorios para todos, es la autoridad de la ley, es decir, el Congreso, la que debe establecerlos, y no el capricho de los funcionarios.