1. El gobierno de Zedillo ha manejado, como parte de una millonaria campaña en los medios de comunicación, una deliberada confusión entre los conceptos de propiedad (quién es el propietario) y la necesaria modernización del sector eléctrico nacionalizado para elevar su calidad en la prestación del servicio público.

Esta confusión conceptual le ha permitido plantear, como un dogma, que para modernizar el sector eléctrico nacionalizado y garantizar su expansión y desarrollo, no hay otra alternativa que privatizarlo. Sin embargo, cuando las críticas a la entrega de soberanía y patrimonio nacional eléctrico arrecian, pone el acento en la modernización del sector eléctrico y jura y perjura que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no será vendida, aun cuando su Iniciativa y la Propuesta de Cambio Estructural del Sector Eléctrico, emitido por la Secretaría de Energía diga lo contrario.

2. A esta confusión se le agrega una deliberada ignorancia de las diferencias y alcances de los conceptos constitucionales de ``exclusividad nacional'', ``rectoría estatal'' y ``sector estratégico''.

Conforme al texto constitucional en su artículo 27, la ``exclusividad nacional'' está referida al dominio directo de la nación, inalienable e imprescriptible, sobre sus recursos naturales, agua, petróleo y carbón, entre otros, prohibiéndose el otorgamiento de concesiones a particulares. En este ámbito de rigidez constitucional se encuentra la electricidad y el petróleo, y por ello afirmamos que de privatizarse el sector eléctrico, se estarían creando las condiciones constitucionales y políticas para privatizar Pemex.

Las reformas promovidas en febrero de 1983 a los artículos 25, 26 y 28 constitucionales, introdujeron los conceptos de rectoría del Estado, áreas estratégicas y prioritarias. Sin embargo, la ``exclusividad nacional'' a que alude el artículo 27 es de mayor alcance y previo a esta rectoría estatal; y por esta última se entiende un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, organizado, conducido y coordinado por el Estado a través de un Plan Nacional de Desarrollo.

Esta rectoría estatal se ejerce tanto en áreas estratégicas: ``en los que el Estado tiene participación exclusiva, dado que su funcionamiento, rendimiento y desarrollo afectan de manera directa la soberanía de la nación. Estas áreas están relacionadas con los recursos no renovables, con servicios públicos o con la infraestructura de otras actividades económicas''; como en las llamadas prioridades: ``aquéllas que otorgan un amplio beneficio social, por lo cual requieren atención especial, como son los servicios de salud, vivienda, educación, así como las actividades de regulación y abasto de productos básicos''.

Al mezclar y confundir estos conceptos constitucionales, el gobierno de Zedillo está en condiciones de argumentar que no se pierde soberanía, pues se mantiene la rectoría estatal; por más que en dicha iniciativa esta función es disminuida de estratégica a prioritaria (¿la electricidad ya no es fundamental para el desarrollo nacional?) y la ``exclusividad nacional'' es reducida a la caricatura del control de la red de transmisión, que a su vez puede ser concesionada al capital privado.

3. El Sector Eléctrico Nacionalizado (SEN) efectivamente requiere ser modernizado, pero la falacia zedillista consiste en afirmar que esto sólo será posible entregándolo al capital privado. Entre los retos y problemas que enfrenta el SEN podemos enumerar los siguientes: elevación de la calidad del servicio suministrado incorporando nuevas tecnologías; inadecuada relación precio-costo del kilovatio vendido y política de subsidios cruzados y sin transparencia; injusto precio de venta de la energía vendida por la CFE a Luz y Fuerza; sometimiento a las políticas presupuestales y ausencia de autonomía de gestión; abandono de una política de electrificación rural y urbana orientada a los usuarios de escasos recursos; ausencia de una política energética de largo plazo que contemple impactos ambientales, tecnológicos, sociales y económicos en el marco de un proyecto de nación.

Sin embargo, estos retos y problemas reales del sector eléctrico, de corto, mediano y largo plazo, pueden y conviene resolverlos en el marco de la propiedad nacional en la prestación de este servicio público de energía eléctrica. Transferir esta problemática y sus posibles soluciones al capital privado implica el reconocimiento de la incapacidad estatal en un área fundamental para el desarrollo nacional.