Se llaman 3083-ME, 3189-ME y P-6590-ME. Los dos primeros son la clave con la que se identifican los dos últimos préstamos otorgados por el Banco Mundial para apoyar al sector eléctrico mexicano. El tercero es el número del reporte del crédito otorgado para promover asistencia técnica para la privatización de la infraestructura nacional, incluida la eléctrica.

La relación entre el Banco Mundial y el sector eléctrico mexicano tiene una larga historia. El organismo participó en el financiamiento de esta actividad hasta 1974, cuando se terminó el Onceavo Proyecto de Energía. Sin embargo, esta colaboración se detuvo durante quince años. A pesar de que el gobierno mexicano exploró la posibilidad de contratar nuevos préstamos para el sector, éstos no se obtuvieron pues, desde la lógica del Banco, existían graves problemas.

En 1986, el gobierno y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) firmaron un Acuerdo de Rehabilitación Financiera que incluyó un plan para la capitalización de la CFE, un programa para reajustes en las tarifas y otro para mejorar su comportamiento operativo. Estas acciones despejaron algunas de las objeciones que el Banco tenía para reanudar su apoyo. El gobierno solicitó y obtuvo nuevos financiamientos para el Proyecto de Desarrollo Hidroeléctrico (préstamo 3083-ME, aprobado en junio de 1989) y para el Proyecto de Transmisión y Distribución (préstamo 3189-ME, aprobado en 1991).

El Proyecto de Desarrollo Hidroelétrico consistió en un préstamo de 460 millones de dólares destinado a apoyar la construcción de las plantas de Aguamilpa y Zimapan; el desarrollo de programas de protección del medio ambiente, la realización de estudios sobre conservación y manejo eficiente de energía, y la elaboración de análisis sobre temas relacionados con la administración de recursos y tarifas. Sus objetivos consistieron en promover el uso eficiente de la electricidad a través de una política realista de precios: conservar la energía; diversificar las fuentes de generación y reducir el uso de insumos petroquímicos; fortalecer la situación financiera de la CFE incrementando las tarifas; ampliar la cobertura eléctrica, y mejorar la capacidad de esa comisión para manejar los problemas producidos por la construcción de las hidroeléctricas.

El proyecto de Transmisión y Distribución tuvo una duración de dos años y un financiamiento de 450 millones de dólares. Formó parte del programa de inversiones a diez años de la CFE. Apoyó un programa especial para la expansión y mejoramiento de las redes de transmisión, otro para el área de distribución, la rehabilitación de plantas termales de energía, y la realización de estudios ambientales. Buscó mejorar el desempeño de las plantas termoeléctricas, corregir distorsiones en las tarifas eléctricas, fortalecer la capacidad interna de la CFE para tratar el impacto ambiental de sus actividades, mejorar sus operaciones y ayudar al financiamiento de su programa de transmisión y distribución.

El préstamo incluyó estipulaciones para modificar la estructura de las tarifas eléctricas de acuerdo con sus costos económicos, aumentándolas en un promedio del 30 por ciento en términos reales en el transcurso de un periodo de cuatro años; incrementar la tasa de ingreso sobre los bienes fijos netos desde 4 al 7 por ciento en cuatro años; preparar y ejecutar estudios sobre impacto ambiental, y cumplir con las recomendaciones de estudios previos. A pesar de que los precios se incrementaron durante 1991 y 1992 según lo acordado, pues las tarifas aumentaron un promedio de 23 por ciento en términos reales en dos años, el esfuerzo se perdió entre 1993 y 1994 debido a las reducciones a los grandes consumidores industriales y la devaluación. En 1995, las tarifas reales regresaron, en promedio, a sus niveles de 1990.

Según el Proyecto de Asistencia Técnica para la Privatización de la Infraestructura (P-6590-ME), ha sido limitada la eficacia de los esfuerzos realizados en el pasado para promover la inversión privada en la generación de energía en México. El Banco Mundial afirma que dentro del gobierno hay consenso sobre el papel que podría jugar la inversión privada para enfrentar la demanda prevista en electricidad durante la siguiente década. Por ello, otorgó un préstamo por 30 millones de dólares -de los cuales la tercera parte están destinados al sector eléctrico y a la petroquímica secundaria- para promover la reestructuración del sector en el corto plazo creando condiciones para introducir más competencia, diseñar una política de fijación de precios e iniciar acciones hacia estos objetivos. Las medidas ``sugeridas'' por la institución en este proyecto coinciden casi textualmente con la iniciativa de reforma estructural al sector elaborada por el Ejecutivo.

Este miércoles Luis Téllez se presentará ante el Senado para defender su propuesta de privatización de la electricidad. Sería conveniente que aclarara allí la verdadera naturaleza de la relación entre su iniciativa y el Banco Mundial.