En el debate sobre la reforma constitucional a los artículos 27 y 28 en materia de servicio eléctrico, el gobierno federal no ha podido responder positivamente a las críticas planteadas por diversos analistas, partidos políticos y sindicatos. Incluso, en diversos foros donde ha habido oportunidad de escuchar los argumentos a favor de la propuesta gubernamental, se encuentran contradicciones, verdades a medias y en algunos casos, ausencia de conocimiento sobre el tema. Basten algunos argumentos que los asesores de la Secretaría de Energía han presentado en los foros del Senado o en conferencias y debates ocurridos en la UNAM y en la UAM en las últimas semanas.

Por ejemplo, tienen el absurdo de presentar como un indicador de productividad el consumo medio por usuario de diversos países, sin reconocer en ningún momento las diferencias estructurales, la variedad en el consumo de diversos combustibles y mucho menos, la eficiencia en el consumo de energía (como si Estados Unidos fuese más productivo porque gasta más electricidad por usuario que Suecia). Comentan que los usuarios de electricidad en Argentina podrán recibir indemnizaciones por los daños ocasionados por el apagón en Buenos Aires, y nunca contestan a la pregunta de por qué las compañías privadas no pudieron restablecer el servicio por más de 11 días.

Hablan de la importante disminución que tendrán las tarifas eléctricas, gracias a la reforma constitucional, pero no consideran en sus cálculos a los subsidios. Argumentan que la disminución de las tarifas eléctricas en países que han optado por opciones similares a las que plantean para México se debe a la competencia y olvidan decir que las condiciones de mercado no han podido establecerse como se esperaba en ningún país y omiten el hecho de que se han incorporado nuevas plantas de generación más económicas y eficientes (que ya existían en el mercado internacional antes de las reformas).

Ofrecen un mejor servicio a partir de la liberalización del sector y no pueden explicar por qué hay falta de suministro en países latinoamericanos que han optado por vender las compañías eléctricas estatales. Prometen un ente regulador fuerte e independiente y no explican la falta de autonomía y los problemas a los que se ha enfrentado la actual Comisión Reguladora de Energía. Sostienen que la principal razón de la reforma es la falta de financiamiento de nueva capacidad instalada y no explican por qué quieren vender los activos de Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro (LyFC). Mencionan que más de cien países han reformado su sistema eléctrico y no comentan la variedad de sus contenidos, ni incluyen el caso de México con la reforma a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica en 1992, que incorpora nuevas formas de financiamiento y propiedad de la generación eléctrica.

Plantean que se respetarán los derechos laborales de los trabajadores de LyFC y después hablan de la necesidad de cambiar el contrato colectivo de trabajo de los mismos.

Se habla de apertura al debate y el argumento final de sus presentaciones dice algo así como que aquel que se opone a la propuesta sólo puede ser del Sindicato Mexicano de Electricistas, izquierdista del Partido de la Revolución Democrática o usuario subsidiado (sic).

Incluso, el propio Secretario de Energía en una entrevista en televisión en el programa Nexos, al presentar sus argumentos, confundió unidades de potencia y de energía y habló de mayor financiamiento en el sistema de transmisión y distribución por la necesidad de aumentar la potencia de los transformadores debido al riesgo causado por los vientos. De la misma manera, tampoco pudo explicar claramente por qué los mecanismos de financiamiento como el de Contrataciónų ArrendamientoųTransferencia ya no pueden seguirse utilizando.

No es posible que se quiera convencer al pueblo de México y al Congreso de la Unión con estos argumentos. La modificación de la estructura de organización y propiedad del sistema eléctrico nacional que se propone, no es ni la mejor ni la única alternativa y esa discusión no puede obviarse. Encontrar las mejores opciones para aumentar la productividad y autonomía de las empresas, clarificar los mecanismos de subsidio y financiamiento, fortalecer los instrumentos de regulación, promover los esquemas de cogeneración y establecer las bases de una posible competencia; requiere tiempo e incorporación de diversos actores al debate y formulación de propuestas.

El sistema eléctrico nacional no puede modificarse si no existe una propuesta clara, bien argumentada y que demuestre que lo que se ofrece, es mejor que lo que tenemos. Los argumentos deben dar algo más que pena ajena.