CHIAPAS: NUEVA ESCALADA REPRESIVA
Nuevamente se hace sentir, en tierras chiapanecas, el designio gubernamental de resolver por medio de la fuerza y la represión el conflicto que afecta a esa entidad. Es significativo que tal determinación se manifieste tras la exitosa movilización nacional y la consulta realizadas el mes pasado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional para concitar el respaldo de la sociedad a la iniciativa de reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas redactada por la Cocopa hace tres años.
A partir de la consulta referida, en efecto, las autoridades federales emprendieron una nueva escalada verbal contra los indígenas rebeldes, en tanto que las estatales han iniciado una ofensiva en todos los terrenos contra opositores políticos de diversa filiación. Primero organizaron un montaje propagandístico poco verosímil en torno a la supuesta deserción de combatientes zapatistas. El martes pasado, el gobierno interino a cargo de Roberto Albores reprimió violentamente y encarceló a un grupo de más de 300 campesinos --entre los que hay mujeres, niños y ancianos-- procedente de la zona sur del estado que pretendían viajar a la Ciudad de México para denunciar, precisamente, el agravamiento de las condiciones de violencia y descomposición en la entidad. Hasta el momento, los detenidos no han sido liberados. Ayer, fuerzas policiales locales allanaron el Palacio Municipal de San Andrés Larráinzar, sede del municipio autónomo de San Andrés Sacamch'én de los Pobres, y entregaron el edificio a un grupo priísta que reclamaba la alcaldía.
No puede omitirse el simbolismo de la acción referida, toda vez que fue en San Andrés donde se firmaron los acuerdos sobre derechos y cultura indígenas alcanzados por representantes rebeldes y gubernamentales, acuerdos posteriormente distorsionados y mutilados en la iniciativa de reformas legales enviada por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión.
En otro sentido, esta acción tiene el mismo cariz que la cruenta serie de incursiones gubernamentales perpetradas durante el año pasado --e iniciada precisamente en abril-- contra los municipios rebeldes Ricardo Flores Magón, Tierra y Libertad, Nicolás Ruiz, San Juan de la Libertad, el Ejido Taniperla, y las comunidades de El Bosque, 10 de Abril y Amparo Aguatinta, y el municipio de Tenejapa.
En tales allanamientos hubo muertos y heridos y las cárceles del estado se llenaron de presos políticos que, en su mayoría, aún no han sido puestos en libertad. Existen, en consecuencia, precedentes para temer una nueva escalada gubernamental que se traduzca, de nueva cuenta, en muertes, atropellos a los derechos humanos y flujos de desplazados, en suma, cuotas de sufrimiento humano que ahondarán los agravios y harán más difícil la construcción de una salida pacífica para el conflicto. La sociedad civil, una vez más, debe movilizarse para impedir que esa posibilidad nefasta se haga realidad y exigir sensatez y voluntad de paz a las autoridades federales y estatales.