La acción policiaca contra el Consejo del Municipio Autónomo de San Andrés Sakamchén de los Pobres evidencia que dos millones y medio de voluntades mexicanas a favor del reconocimiento de los derechos indígenas y contra la guerra de exterminio no son suficientes para que se reconsidere la estrategia de confrontación gubernamental aplicada en Chiapas. Si antes de la consulta optaron por presentar una iniciativa local de reforma constitucional y legal, pretendiendo tender una cortina de humo sobre la necesidad de que se cumpla a nivel de la Constitución General con los Acuerdos de San Andrés, y confiados en que esta iniciativa política tendría bajo perfil, al conocer la dimensión que cobró la cruzada cívica nacional en que se constituyó la consulta zapatista están reaccionando por la vía peligrosa de la ejemplaridad en la línea dura, sin importar para ello que se tengan que disfrazar de zapatistas unos paramilitares, o que se reanuden las acciones del año pasado con el llamado desmantelamiento de los municipios autónomos. Es obvio que no se va a acallar la voluntad ciudadana, ni a ocultar el relevante dato de la masiva participación chiapaneca en dicha consulta; se quedaron sin el argumento de que el EZLN tiene seguidores en el resto del país o en el extranjero, pero no en la entidad.

Recordamos que estos fueron los días en que en 1998 el llamado desmantelamiento de municipios autónomos implicó la entrada masiva del ejército y la policía a las comunidades que se han organizado en municipios autónomos en espera de que el avance del diálogo logre el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, y como una forma de organización política y pacífica. A su paso por esas comunidades no sólo arrasaron con los locales y oficinas, sino que detuvieron a las autoridades, acusándolas de usurpación de funciones en algunos casos y de falsificación de documentos públicos, entre otros cargos. En los hechos estas incursiones violentas han significado la reanudación de hostilidades por parte del gobierno bajo un discurso que de nuevo recurre al estado de derecho.

Hace un año, el argumento oficial fue que se intervino para evitar una nueva masacre como la de Acteal. Detrás de estos absurdos razonamientos, en este periodo de crisis en Chiapas está el rostro inocultable de la creciente penalización de los movimientos sociales como uno de los factores de ingobernabilidad. Los sucesivos informes de los organismos de derechos humanos, incluyendo a los de la CNDH, aportan múltiples pruebas que ponen en cuestión la autonomía de los procesos jurídicos frente a las dinámicas políticas. Es el caso del Centro Fray Bartolomé de las Casas que, sin entrar a la polémica municipal, se ubicó en su terreno y argumentó fehacientemente que las agresiones a los municipios autónomos fueron ``redadas'' que realizó el gobierno apoyado por el ejército en términos de la supuesta aplicación de la ley. En cuanto a lo sucedido en San Andrés, ya se aprestan a anotar que ``se dio posesión de las instalaciones de la presidencia municipal al ayuntamiento de este municipio''.

En los hechos ha sido vulnerada la Ley para el Diálogo, la Concertación y la Paz Digna en Chiapas. Si bien existe una suspensión formal de hostilidades militares desde enero de 1994, el Estado se ha visto involucrado en acciones graves contra población civil inerme en un clima que no favorece la investigación y la delimitación de responsabilidades, y que más bien adopta el rostro de la provocación al EZLN. Sin embargo, el cumplimiento irrestricto a su compromiso de no utilizar las armas lo convirtió de facto en un movimiento político, y es en esa vertiente que la declaración de municipios autónomos se ubica en la lógica de los acuerdos de San Andrés; así se orientó el trabajo organizativo de los simpatizantes de una fuerza que en enero de 1994 declaró la guerra al gobierno mexicano, pero en los hechos, y ante la demanda de la sociedad, busca construir -por la vía del diálogo y la negociación una paz con justicia y dignidad.

La paradoja es que mientras el EZLN avanza por la vía de una propuesta política novedosa que reivindica el poder social al que deberían responder los gobernantes, éstos se han dedicado a hacer la guerra al más puro estilo de las estrategias contrainsurgentes aplicadas en la región centroamericana, de cuyo altísimo costo social y fracaso tenemos evidencia en las dificultades que países como Guatemala viven para erradicar una cultura de la violencia y la impunidad que tuvo su principal caldo de cultivo en la prolongación del conflicto y en las iniciativas que promovieron la guerra del pueblo contra el pueblo.

Cada día que se abone a la guerra y no a la paz, se multiplica el deterioro del tejido social y se aleja la cada vez más ilusoria posibilidad de que el gobierno federal, así sea por razón de Estado, escuche las demandas de la sociedad y retome con seriedad la búsqueda de la paz.

Lo acontecido en San Andrés Sakamchén desata de nueva cuenta el fantasma del ¿quién sigue?