La Jornada jueves 8 de abril de 1999

Guillermo Soberón*
La UNAM, de nuevo asediada

Con preocupación vemos que no ceja el asedio sobre nuestra máxima casa de estudios. Densos nubarrones se ciernen, otra vez, en su firmamento. La universidad pública, y en particular la Universidad Nacional Autónoma de México, cumple funciones de gran trascendencia para el país, en consecuencia debe ser no solamente preservada sino protegida de las agresiones que se le infligen a fin de que pueda alcanzar el desarrollo que la nación requiere.

La actualización de las cuotas estudiantiles fue aprobada el pasado 15 de marzo por el Consejo Universitario a propuesta del rector Francisco Barnés de Castro. El proceso siguió, en todo momento, el curso legal que establecen los ordenamientos universitarios, si bien ese cuerpo colegiado hubo de ingeniárseles para eludir la turba que amenazaba, por medios violentos, impedir que pudiera sesionar.

La argumentación que han esgrimido quienes están en contra de la actualización de las cuotas puede resumirse en dos planteamientos:

a) La pretendida inconstitucionalidad del cobro de cuotas. Esto ha sido plenamente rebatido por distinguidos juristas y por el propio abogado general de la UNAM; incluso hay jurisprudencia sobre la materia, sentada por la Suprema Corte de Justicia. Además, hay que pensar en la situación, nunca cuestionada, de universidades públicas que cobran colegiaturas.

Cabe hacer un parangón con la salud que, al igual que la educación, es una garantía social. El derecho a la salud, desde 1983, se recogió en el párrafo tercero del artículo cuarto de nuestra Constitución. Los servicios de salud que proporciona el gobierno federal y los gobiernos de los estados no son gratuitos. Cuando el cuidado de la salud se establece como resultado de una relación laboral formal, su costo es pagado en forma tripartita (trabajador-empleador-gobierno) en el caso del sector privado o bipartita (trabajador-gobierno) para los servidores públicos. Los que no son derechohabientes de la seguridad social (población abierta) pueden recurrir a los servicios que proporcionan los institutos nacionales de Salud, organismos descentralizados de la Secretaría de Salud, los servicios médicos del Gobierno del Distrito Federal y los servicios estatales de salud que cubren el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas; pero también, en ese caso, se aplican cuotas de recuperación que varían de acuerdo con las posibilidades económicas de los usuarios y, desde luego, hay muchos que no pagan por que no tienen los medios con que responder. Unos y otros -población abierta y derechohabientes de la seguridad social- pueden recurrir a los servicios de la medicina privada y, en ese caso, el usuario paga de su bolsillo. La sociedad acepta de buen grado este esquema.

b) La actualización de las cuotas limitará el acceso a la UNAM de los estudiantes pobres. Esta afirmación es una falacia. Se ha explicado hasta la saciedad que la propuesta aprobada por el Consejo Universitario establece cuotas diferenciadas de acuerdo con las posibilidades económicas de las familias de los estudiantes, que habrá se diferirá en el pago y que muchos no pagarán, bajo el aval de su palabra. Lo que hay que dejar bien claro es que la universidad gratuita constituye un subsidio perverso pues la institución deja de percibir recursos que le pueden proporcionar quienes tienen capacidad de pago y están dispuestos a hacerlo. En un país de tan agudos contrastes sociales, como el nuestro, hay que hacer todo esfuerzo por una mejor distribución de la riqueza; que paguen por los servicios recibidos los que pueden hacerlo a fin de exentar a los que no están en esa situación es una forma de avanzar en la justicia social.

Una cuestión más que hay que entender: la modificación al Reglamento de Pagos se suma a una estrategia más amplia que bajo el rubro UNAMos Esfuerzos incluye variadas acciones encaminadas a que la institución pueda allegarse recursos económicos adicionales.

Desde luego que el gobierno debe hacer todo esfuerzo por incrementar su aportación a la UNAM y a las universidades públicas, y no es la intención, de ninguna manera, eximirlo de su obligación de sostener financieramente a la institución, pues los ingresos por las cuotas sólo representarán un porcentaje muy bajo del presupuesto universitario. Lo importante es que lo que se recabe por ese concepto será aplicado en acciones para incrementar la excelencia académica y que el hecho de pagar por los estudios, o de retener una beca, traerá una exigencia por una mejor educación y también un mejor desempeño por parte de los estudiantes.

Estoy seguro que la actualización de las cuotas y el condicionamiento del pase reglamentado -otra iniciativa de Barnés aprobada por el Consejo Universitario en 1998- producirán un impacto positivo importante en el desarrollo de la UNAM, en los tiempos por venir.

¿Por qué, pues, si la razón y la legalidad claramente están de parte del rector y de la Universidad, ese empeño en presionar a la UNAM impidiendo sus actividades por medios violentos? La respuesta es obvia: por razones políticas.

Hay grupos de poder interesados en producir focos de agitación y malestar que puedan coadyuvar a sus propósitos. Claramente se han hecho algunos señalamientos sobre la injerencia de elementos extraños, lo cual constituye una violación a la autonomía universitaria consagrada desde 1980 en el artículo tercero constitucional.

Aquí cabe reiterar una consideración que he podido expresar en varias ocasiones: la autonomía se ha concedido a las universidades como un elemento esencial para que cumplan de la mejor manera sus funciones primordiales, de ninguna manera significa un desentendimiento de parte de los gobiernos por los problemas de la universidad y no hablo solamente de los financieros, así que deben estar prestos a asistirle cuando se requiere. Sabido es que la autonomía surgió, casi siempre, como un reclamo ante los gobiernos pero las décadas recientes han mostrado que hay otros protagonistas intromisos en las instituciones públicas de educación superior, notoriamente los sindicatos y los partidos políticos. Es ahí donde los gobiernos pueden apoyar a las universidades mediante la aplicación del derecho y con medidas políticas.

La comunidad universitaria, constituida por quienes ahí estudian y enseñan, y por quienes de ahí hemos egresado, debemos dar todo nuestro respaldo a la institución y a su rector, así como expresar nuestro rechazo a los agresores. Eso mismo debe hacer la sociedad en general.

Vienen tiempos difíciles para nuestra alma mater. Desgraciadamente, unos pocos pueden impedir el acceso de los muchos que no responden con violencia a quienes sí la emplean para impedir el trabajo de los que aspiran a aprender y de los que tienen vocación de enseñar. Todo en un entorno de forcejeo político que complica la situación. No obstante, como en tantas ocasiones, la Universidad habrá de salir airosa pues una regresión en el paso dado no solo significa que pierda Barnés, significa que pierde la UNAM, pierde la educación superior, pierde México.

La sociedad, que reconoce la labor de la Universidad en beneficio de nuestro país y, en consecuencia, la tiene en alta estima, sabrá sancionar en sus preferencias electorales a quien agrede a su Universidad Nacional o a quien no puede o no quiere o no sabe defenderla. Veremos a quién le tiemblan las corvas; desde luego, estoy cierto, que no será a Paco Barnés.

* Rector de la UNAM de 1973 a 1981