La propuesta gubernamental de restructuración de la industria eléctrica gira alrededor de dos postulados básicos: el primero es abrir a la competencia la generación de electricidad; el gobierno quiere desligarse de esta responsabilidad para que el inversionista asuma todos los riesgos, pero no ha explicado cuáles serían los incentivos para una inversión en estos términos. El segundo consiste en fragmentar el sistema nacional de distribución eléctrica en un conjunto de empresas concesionarias independientes para las diversas regiones del país, que comprarían energía eléctrica en bloques de acuerdo a las curvas de demanda típicas de su región, a través de un proceso de subasta pública, coordinado por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) con lo que, supuestamente, se obtendrían los bloques de energía más baratos y eventualmente se reducirían tarifas.

Las dos primeras consecuencias inmediatas de la privatización de la distribución son el despido de, al menos, 50 por ciento de la planta de trabajadores, tanto por funciones que se consideran innecesarias, como por actividades que se transfieren a empresas contratistas.

La consecuencia de mediano plazo es el colapso eléctrico del sistema, como ya lo evidenció la experiencia argentina, y que se refleja en grandes fallas y prolongados tiempos de reposición del servicio por la incompetencia para solucionar las mismas.

Otra consecuencia inmediata es la contratación de un ejército de abogados y contadores, en sustitución de ingenieros y técnicos de la empresa eléctrica, ya que, lo que actualmente son simples diferencias estadísticas con la privatización se convierten en litigios mercantiles. Me explico. Todos los instrumentos de medición tienen un margen de error. Las centrales de generación reportan las mediciones de lo que entregan al sistema. Las subestaciones de distribución registran lo que se alimenta a cada circuito. El medidor de cada servicio cuenta lo que consume cada usuario. Las simples sumas no cuadran porque hay pérdidas eléctricas, además de diferencias de calibración, errores de medición y en el manejo de datos, además de robo y fugas de energía en las instalaciones. En una empresa eléctrica integrada esto se organiza en pérdidas técnicas y pérdidas administrativas, pero en un sistema eléctrico desagregado, estas diferencias son objeto de un juicio mercantil: por cada bloque de energía entregado cada 24 horas hay ¡30 juicios por mes para cada central eléctrica de generación!

Asimismo, la planificación del sistema es incompatible con un mercado eléctrico basado en costos marginales de corto plazo. ¿La planificación se abandona? ¿La realiza la Secretaría de Energía? ¿Para qué? ¿Con quiénes?, ¿con funcionarios que cambian tres veces por sexenio? En este aspecto se comete el error conceptual más grave.

La iniciativa tomó de modelo el proceso inglés de desmembración de una empresa estatal, la CEGB, olvidando que la industria eléctrica británica era, más que madura, quizás ya senil, en tanto que la nuestra es apenas adolescente. Me explico. Gran Bretaña tiene una superficie del orden de 244 mil km2 y una capacidad eléctrica instalada del orden de 80 mil MW, para un consumo en 1996 de 124 MWh/Km2-año, considerando que el consumo per cápita es del orden de más de 5 mil KWh/hab-año. Gran Bretaña tiene una densidad de 240 hab/km2 y una tasa de crecimiento poblacional de 0.3 por ciento. En Gran Bretaña no hay nada que planear, porque el sistema eléctrico ya creció, ya alcanzó el desarrollo que necesitaba. Sus transformaciones actuales giran alrededor de sustituir viejas centrales de carbón, y próximamente nucleares, por centrales de ciclo combinado a base de gas natural, proceso que el gobierno ha frenado para no agudizar la crisis económica y social que el abandono del carbón está ocasionando en ese país. De hecho, vía la eficiencia energética y la cogeneración en la industria y los servicios, el sector eléctrico convencional inglés se está contrayendo.

En México, nuestro territorio es ocho veces mayor, nuestra capacidad eléctrica instalada de menos de la mitad, nuestro consumo per cápita inferior a 2 mil KWh/hab-año y nuestra densidad de consumo es apenas de 6.6 MWh/Km2, 19 veces menor que en la Gran Bretaña. Esto significa que en tanto el sistema eléctrico inglés es denso, fuerte, desarrollado y maduro, el nuestro es débil, extenso, difuso, joven, y debe aún multiplicarse por cuatro para alcanzar el nivel de desarrollo de un sistema maduro. Eso se logrará, si nos ponemos las pilas, en 30 años más. Y lo lograremos sólo si el Estado no deserta de sus responsabilidades y orienta y conduce este desarrollo eléctrico, compatibilizándolo con otros objetivos nacionales, que nada tienen que ver con un mercado eléctrico totalmente suelto a la iniciativa privada.