¿El dinero del narcotráfico va a ser determinante en las elecciones presidenciales del 2000, como lo fue en 1988 y en 1994, cuando fueron impuestos Carlos Salinas y Ernesto Zedillo en la silla presidencial?

1. La orden de aprehensión librada en contra de Mario Villanueva Madrid (ex gobernador de Quintana Roo), hoy en fuga, lejos de mostrar una supuesta voluntad del gobierno mexicano de luchar contra los cárteles, lo único que ha logrado es hacer evidente lo contrario: que el dinero del narco ha penetrado no sólo en las empresas privadas y en las instituciones financieras del país, sino sobre todo en el Ejército y en las instancias administrativas del gobierno federal y de los gobiernos locales, y que las autoridades judiciales no hacen nada al respecto salvo cuando el gobierno estadunidense lo exige de manera conminatoria, como fue en el caso de Raúl y ahora en el de Villanueva.

2. Los gobiernos de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo no podrían explicar a los mexicanos ni a la comunidad internacional por qué a lo largo de los seis años de administración de Mario Villanueva (1993-1999), la PGR, institución responsable de combatir al narcotráfico, no actuó contra él, y por qué oscura motivación los procuradores generales de estos años, Jorge Carpizo, Diego Valadés y Jorge Madrazo (curiosamente amigos íntimos y también amigos de Salinas) y el panista Antonio Lozano no lucharon contra el narco. ¿Por ineptitud o por estar en connivencia con éste? ¿O por una razón ``de Estado''?

3. A nadie ha extrañado por ello que se hayan señalado vínculos con el narco del secretario de la Defensa, general Cervantes Aguirre (The Washington Post, 16 de marzo de 1999), del titular de Gobernación, Francisco Labastida (The Washington Times, 5 de febrero de 1998) o de los propios parientes de Zedillo y de su esposa (Proceso 1116).

4. Las llamadas razones ``de Estado'' no son hoy día más que los más turbios intereses del ``sistema'' y de quienes han prevalecido en éste, y el actual procurador Jorge Madrazo no podrá explicarle al Congreso ni a los mexicanos por qué sigue encubriendo a Carlos Salinas de Gortari a pesar de las evidencias de que ha sido el principal beneficiario del narcotráfico en los últimos diez años y de que los bancos e industrias que hoy son de su propiedad fueron adquiridos con ese dinero, creando un verdadero narcosistema económico, financiero y político, como lo han documentado el informe de la procuradora suiza Carla del Ponte y el gobierno de Washington, según lo publica la prensa de Estados Unidos.

5. El dinero del narcotráfico, como se sabe, fue fundamental en las campañas electorales de 1988 y de 1994. El cártel de Medellín entregó por lo menos 6.5 millones de dólares a Raúl en 1988 para la campaña de su hermano, según revelaron ex colaboradores de Pablo Escobar Gaviria al gobierno helvético (Proceso 1160), y a mediados de 1994 el cártel de Cali entregó 40 millones de dólares para la campaña de Zedillo, según Miguel Rodríguez Orejuela (Proceso 965). Y es éste el tema que no ha querido investigar el IFE, bloqueado por José Woldenberg y los consejeros oficialistas.

6. El narcosistema electoral está ahí, en consecuencia, edificándose ante la tolerancia del IFE, y con estos antecedentes resulta preocupante el derroche de recursos de origen dudoso para el 2000. Los spots en televisión de Vicente Fox, Manuel Bartlett y Roberto Madrazo estarían costando en promedio, de acuerdo con un estudio, 75 mil dólares diarios (Milenio 83), y por eso resulta legítimo preguntarse de dónde vienen. Como acontece también en el caso de Arturo Montiel (candidato del PRI a la gubernatura del estado de México), hombre de confianza de los hankistas, señalados en Washington por su asociación con Carlos Salinas y el narcotráfico.

7. El caso de Vicente Fox, cuyo principal apoyo financiero, según se ha dicho, sería Roberto Hernández, de Banamex (otro de los socios de Salinas), preocupa mucho al nuevo CEN panista, en especial luego de que Bancomer y Serfin se declararon culpables de lavado de dinero ante un juez federal de Estados Unidos (La Jornada, 30 de marzo). Fox es precandidato, ``pero no del PAN'', decía por eso Federico Ling (secretario general), luego de que el gobernador panista, quien ha abandonado de hecho sus funciones, declaró que en su precampaña sólo ha gastado 12 millones de pesos, cifra distante de la verdad (La Jornada, 8 de abril).

8. La pregunta de si Acción Nacional es un narcopartido, que se hacen muchos especialistas, se sustenta en múltiples indicios. Los gobiernos de Ernesto Ruffo en Baja California (1989-1995) y de Francisco Barrio en Chihuahua (1990-1996) fueron acusados de proteger a los traficantes. A la presunta muerte del señor de los Cielos en 1997, se identificó a Diego como el abogado de la funeraria García López, propiedad del capo, y a su socio Fernando Gómez Mont como apoderado del Hospital Santa Mónica (Proceso 1080), también de él, y poco después se supo que Diego era defensor del narcocorporativo Anáhuac (Proceso 1116). Colaboradores panistas de Antonio Lozano Gracia en la PGR (entre ellos su secretario Armando Salinas y el oficial mayor Gándara Terrazas) fueron acusados en el informe de Carla del Ponte de recibir del cártel del Golfo decenas de miles de dólares al mes.

9. Cabe por lo mismo preguntarse si el dinero del narco puede seguir ``ganando'' elecciones federales o locales como en Tabasco, en el estado de México, en Quintana Roo o en Guerrero: sobornando a la oposición, comprando votos, imponiéndose por la propaganda. ¿Tiene la posibilidad el narcopoder de imponerse en otra elección presidencial?

10. ¿No es acaso ése el desafío: impedir que en el 2000 se consolide el narcosistema político de México?