Por primera vez desde el advenimiento de la Quinta República francesa en 1958, la Corte de Justicia de la República sometió a proceso a tres altos ex funcionarios gubernamentales: Laurent Fabius, ex primer ministro y actual presidente de la Asamblea nacional, Georgina Dufoix, ex ministra de asuntos sociales y de solidaridad nacional, y Edmond Hervé, ex secretario de salud.

Acusados de "homicidio involuntario", estos altos funcionarios del gobierno de François Miterrand fueron procesados por actos considerados como "imprudenciales", por "errores de inatención y negligencia" y por "inadvertencia a obligaciones de prudencia y seguridad", que han acarreado la muerte o la severa incapacidad física de miles de personas infectadas con el VIH --entre 1984 y 1985-- a raíz de transfusiones sanguíneas realizadas con sangre contaminada, y por el uso de productos antihemofílicos elaborados con lotes sanguíneos a los que no se aplicó ningún mecanismo de control.

Así, la primera actuación de la Corte puso en evidencia la complejidad y el alcance real del caso de la sangre contaminada: 4,400 casos de personas transfundidas y hemofílicos infectados, de los cuales más de la mitad han desarrollado sida y 40 por ciento ya murieron. Después de estudiar las demandas de siete expedientes seleccionados, los magistrados analizaron las tres "faltas" imputadas a los antiguos ministros: la ausencia de selección de donadores de sangre, el retraso en la aplicación de la detección sistemática del virus del sida y el retraso en la desactivación del VIH mediante el calentamiento de los productos antihemofílicos.

Atrás de cada una de estas tres acusaciones se encuentran elementos suficientes para suponer que en efecto los funcionarios procesados hicieron gala de negligencia. Por ejemplo, ya desde diciembre de 1984, en un estudio publicado por el doctor Pinon, se indicaba que existía un alto índice de contaminación entre los donadores de sangre: alrededor de 0.6 por ciento. Y concluía que, potencialmente, todos los productos para hemofílicos --elaborados a partir de millares de lotes sanguíneos-- estaban contaminados. Por lo mismo, resulta incomprensible que en una reunión interministerial decisiva, el 9 de mayo de 1985, el gabinete del Primer ministro pida "que el expediente (de registro de la prueba de detección de Abbot; N. de la R.) se retrase todavía por algún tiempo en el Laboratorio Nacional de la Salud". Al respecto, no resultan verosímiles las razones por las cuales se prefirió esperar a que la prueba de detección francesa estuviera homologada --el 21 de junio de 1985--, pero en el proceso se alegó que no había sido para favorecer a los laboratorios Pasteur y que el retraso se debió estrictamente a criterios de evaluación de la validez de ambas pruebas de detección. Algo en todo esto hizo que se simplificaran al extremo las realidades de 1985, e impidió que pudiera verse con claridad si las buenas razones del retraso --la necesidad de verificar la validez de las pruebas-- no se mezclaron con las malas --retrasar a Abbot para favorecer a Pasteur-- en el momento de poner en marcha la detección obligatoria.

Así que lo que estaba en juego en este proceso era algo muy relevante: determinar si los tres funcionarios estuvieron en posibilidades de impedir tan alto número de infecciones. ¿Estuvo o no en sus manos evitar la tragedia de miles de personas infectadas? Como veremos, el veredicto, por múltiples razones, no estuvo a la altura de las circunstancias.

Irresponsabilidad frente al escándalo

Dado que Francia tiene pasión por las excepciones, al parecer la recién estrenada Corte de Justicia de la República no podía escapar a la regla. Estuvo conformada por una parte solo por un presidente y dos magistrados profesionales, y por otra por doce "jueces" parlamentarios (seis senadores y seis diputados), a los que incluso se vistió con toga. El desequilibrio es evidente, y la mezcla de géneros entre jueces profesionales y políticos no logró más que un veredicto que es la imagen misma de su composición: se trató sin duda de un veredicto político.

En efecto, Laurent Fabius y Georgina Dufoix fueron exonerados debido a la imposibilidad de probar fehacientemente que retrasaron la decisión de poner en marcha la detección sistemática del VIH en las donaciones de sangre. De hecho, los jueces consideraron que la actuación de Laurent Fabius incluso "ayudó" a acelerar las decisiones en el momento de anunciar ante la Asamblea nacional las pruebas de detección obligatorias el 19 de junio de 1985.

En cuanto a Edmond Hervé, el único al que sí se le fincaron responsabilidades y que por ende fue condenado, se le eximió de pena. De inmediato, las manifestaciones de decepción en el proceso se hicieron sentir: "¿Y a mí, acaso se me exime de mi sida?" protestó Sylvie Rouy, una de las víctimas.

Incomprensible para los afectados, esta condena simbólica deja a Hervé en una posición incómoda, en calidad de seudoculpable, y tal vez por ello se siente en posibilidad de contraatacar. En una breve declaración, el funcionario se queja: "A la corte le faltó valor: no lo tuvo para exonerarme totalmente, y tampoco lo tuvo para condenarme realmente. Esta decisión injusta, obtenida según acabo de enterarme por 8 votos contra 7, muestra que la política partidista prevaleció sobre el derecho y la justicia." Hervé hace referencia al hecho de que doce de los quince jueces son parlamentarios, y de éstos siete pertenecen actualmente a la oposición. En el caso de la exoneración de Laurent Fabius, igualmente, sus consejeros hicieron circular la información --después de anunciado el veredicto-- de que su exoneración se había decidido por doce votos a favor y tres en contra, lo que en un momento dado podría interpretarse más como un plebiscito a su favor que como una decisión jurídica.

Por todo lo anterior, eran de esperarse las reacciones de enojo que surgieron de inmediato, las palabras violentas que los asistentes al juicio lanzaron a la cara de los ex ministros cuando abandonaban la sala de audiencias: "¡Tiene usted las manos manchadas de sangre, señor Hervé!", le espetó una mujer cuyo hijo se infectó por una transfusión. "¡Está usted cubierto de oprobio!", gritaron los padres de dos niños transfundidos que ya murieron.

Sin embargo, las asociaciones de hemofílicos y transfundidos evitaron reaccionar "de manera excesiva". El 9 de marzo, cuando fue anunciado el veredicto, a pesar de una absoluta insatisfacción, también se manifestaba la sensación de que "algo había sucedido". "Cuando menos condenaron a Edmond Hervé", planteó Edmond-Luc Henry, presidente de la Asociación Francesa de Hemofílicos. "Y lo condenaron respecto de una cuestión que tiene que ver con la calidad de los productos sanguíneos. Es en cierto modo el reconocimiento de nuestra lucha." Aunque con una limitante: "En cuanto a las pruebas de detección, el proceso no permitió poner en claro evidencias reales de un retraso decidido por los ministros. Nos queda esa duda", concluyó.
 

El malestar, de cualquier forma, es general. Así lo consigna Serge July en la conclusión de su editorial, y no deja lugar a contemplaciones en cuanto a la validez ética del proceso: "La búsqueda de la verdad en el caso de la sangre contaminada se está yendo por un increíble laberinto que no hace honor ni al Estado, ni a los políticos, ni a los médicos, ni a la justicia. ¿Cómo trata la sociedad francesa el escándalo de la sangre? De manera simplemente irresponsable.