¿Cuáles fueron las medidas adoptadas por su administración para garantizar sangre segura en clínicas y hospitales?
Las medidas tomadas en 1985 y 1986 con respecto al tamizaje de los paquetes sanguíneos para transfusiones totales y producción de hemoderivados se originaron al detectar prevalencias elevadas de infección por lo que después se llamó virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en donantes (hasta 8 por ciento en un banco de plasmaféresis en el Estado de México, donde se remuneraba a los "donantes").
A partir de agosto de 1985, fecha en que estuvieron disponibles comercialmente las pruebas para diagnóstico de infección por el VIH en México (y en los Estados Unidos), fue posible tener un diagnóstico preciso del problema y, consecuentemente, diseñar medidas para superarlo. Estas fueron modificar la legislación, fundamentalmente la Ley General de Salud promulgada en 1984, así como las normas y reglamentos para dar seguimiento estricto a las normas de bioseguridad e higiene en bancos de sangre. Dentro de las acciones específicas:
1. Se proscribió la "donación remunerada".
2. Se promovió la racionalización de la transfusión para evitar el abuso de esta medida y proveer solamente las fracciones necesarias a cada paciente.
3. Se promocionó intensivamente la donación altruista a los bancos de sangre.
4. Se efectuó tamizaje universal de los donadores.
5. Se promovió la autoselección de los donantes potenciales para evitar que alguna persona en período de ventana o falso negativo (caso extremadamente raro pero posible) pudiera transmitir, involuntariamente, el VIH.
La importancia del control de la transmisión sanguínea del VIH fue de tal magnitud, que la voluntad política se expresó en la provisión de recursos suficientes (alrededor de 800 millones de pesos de aquella época) a mitad de un año presupuestal y en plena crisis económica nacional cuando el gasto público en salud cayó a la mitad en términos reales.
Las medidas adoptadas en su momento para garantizar el control en el suministro de la sangre partieron de una decisión centralizada y coordinada. ¿Qué riesgos podría representar ahora la descentralización de los servicios de salud para seguir garantizando dicho control?
Habría que recordar que el proceso de descentralización inició, justamente, al principio de la administración 1982-1988 para el Sector Salud. Este esfuerzo, sin embargo, no se retomó sino hasta este sexenio.
Bajo este contexto, y si bien el diagnóstico inicial de un pico epidémico en donantes remunerados fue hecho por la Dirección General de Epidemiología y el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea (CNTS), desde muy temprano se escogió la estrategia de capacitación a los niveles regionales, estatales y locales del personal de salud en las áreas de epidemiología y de regulación sanitaria. La descentralización de las acciones referentes a bancos de sangre se vio concretada en el establecimiento de Centros de hemoterapia, equivalentes locales del Centro de la Transfusión Sanguínea Federal. Precisamente hubo que esperar el desarrollo de una estructura mínima capaz de respaldar las medidas antes mencionadas para poder enmendar la Ley General de Salud, lo cual sucedió en mayo de 1987.
Es cierto, sin embargo, que el nivel de urgencia que tuvimos a mediados de los ochenta no existe como tal hoy en día. Funcionó la prevención de la transmisión por esta vía, y algunas estimaciones epidemiológicas muestran que se evitó una gran epidemia derivada directamente de la transfusión de paquetes de sangre con VIH y también se evitó, indirectamente, una epidemia secundaria en las parejas de los receptores que pudieran infectarse.
Es claro que ante el proceso de descentralización algunas autoridades locales pudieran estar tentadas a ahorrar recursos (que son cuantiosos) debido a que no hay gran número de casos nuevos de sida transfusionales. Habrá que recordar a todas las autoridades, en todos los niveles, que la prevención habrá que seguir haciéndola, aún cuando parezca costosa y la urgencia se haya disipado.
Recientemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha enviado recomendaciones a algunas instituciones de salud pública por casos de transfusión de sangre contaminada. ¿Será lo anterior un indicador de que se están relajando la vigilancia y la aplicación de las normas que regulan el manejo de la sangre?
Desconozco en lo particular estas recomendaciones, sin embargo, en materia de prevención, siempre hay que estar alerta. Recordemos que ya habían pasado varios años sin que hubiera nuevos casos de infección por VIH adquirido por vía transfusional. Efectivamente, habría que reforzar esta estrategia que nos permite evitar infecciones, aún cuando hay que reconocer que es una intervención que requiere cuantiosos recursos. En general, la complacencia, o sea el relajamiento de medidas efectivas por pensar que ya se han alcanzado ciertos logros, es una de las cuestiones adversas mas negativas en el caso de la salud. No hay que bajar la guardia aunque se vaya ganando.
En un estudio realizado en 1986 se estimaba que el control de Bancos de Sangre podría costar anualmente alrededor de 6 millones de dólares1. Aún cuando pareciera un costo elevado, su producto es evitar numerosos casos de VIH/sida; no hay que relajar los esfuerzos para luego incrementarlos al ver resurgir la epidemia.
¿Podrían aplicarse medidas tan eficaces, como las que usted aplicó en el caso de la epidemia por transfusión sanguínea, para otras ramificaciones de la pandemia en México como la transmisión sexual o la perinatal?
La ejecución del control de bancos de sangre fue posible gracias a que contamos con tecnología altamente eficaz, de las más altas en medicina, desde muy temprano de la epidemia. Este tipo de intervenciones es clasificada como una de completa competencia de los sistemas de salud en su ámbito regulatorio.
Por otro lado, la prevención de la transmisión sexual no esta sujeta, por fortuna, al ámbito regulatorio estricto ni del sistema de salud ni del Estado. Por caer en áreas íntimas de los individuos y de las sociedades, las intervenciones para prevenir la transmisión sexual dependen de procesos de promoción de la salud y de intervenciones persuasivas en materia de cambio del comportamiento. La eficacia de estas intervenciones es menor, y sólo se logran bajo intervenciones educativas que rinden frutos al largo plazo, a diferencia de las intervenciones tecnológicas con resultados casi inmediatos. La tecnología para lograr cambios de comportamiento existe, solo faltaría un adecuado diseño de las intervenciones por expertos para optimizar las estrategias. Vale decir que los expertos en cambio de comportamiento señalan que la información no basta, y que aún cuando es necesaria no es suficiente. Es necesario focalizar adecuadamente las intervenciones de acuerdo con la mejor información epidemiológica disponible, a los recursos y, sobre todo, a las metas que se desea alcanzar.
La prevención de la transmisión perinatal se encuentra en un nivel intermedio debido a la disponibilidad tecnológica por un lado, y a la participación de los individuos y las parejas en sus decisiones reproductivas, por el otro. La prevención de la transmisión del VIH de mujeres embarazadas a sus productos es factible hasta en dos terceras partes mediante la administración de antirretrovirales; en este sentido, ese tipo de prevención es factible aún cuando no tan eficaz, por las deficiencias de la tecnología, como el control de bancos de sangre. Si a esta medida se le añade la detección temprana en mujeres (y hombres) en edad reproductiva con posibilidades reales de estar infectados, y consejería sobre decisiones reproductivas, la eficacia aumenta. Finalmente, si se evita que mujeres que viven con VIH alimenten a sus hijos por el seno materno (y les provean con sustitutos alimenticios adecuados e higiénicos en forma sostenida) la transmisión perinatal del VIH se vería sustancialmente disminuida.
1 Izazola-Licea, J.A.; Saavedra-López, J. Expenditures on treatment and prevention of HIV/AIDS in México. En: Ainsworth, M.; Fransen, L.; Over, M. (eds.), 1998. Confronting AIDS: Evidence from the developing world. The European Commission. United Kingdom, pp. 263-272.