n Necesario, un profundo análisis científico, dice

Carece México de un sistema integral de justicia: Azuela

Jesús Aranda n En las postrimerías del siglo XX, México no cuenta con sistema integral de justicia que garantice el ofrecimiento constitucional de una impartición pronta, completa e imparcial, afirma el ministro de la Suprema Corte Mariano Azuela Güitrón, quien añade: "No encuentro en la historia una reforma al sistema judicial que haya obedecido a un estudio científico", lo que significa que los juzgados y tribunales no están en capacidad de cumplir con "acuciosidad y calidad" su función.

Agrega que con el paso de los años se ha establecido en México una gran variedad de tribunales y sistemas "so pretexto del federalismo", por el cual cada estado tiene su propio diseño de lo que debe ser la impartición de justicia, además de que con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) se crearon organismos "cuasi jurisdiccionales" que trabajan de manera autónoma; ello sin tomar en cuenta los tribunales de lo contencioso administrativo, laborales y agrarios que no dependen del Ejecutivo. "No tenemos ni siquiera un conocimiento profundo de cómo y quiénes imparten justicia", indica.

En entrevista con La Jornada con motivo de la iniciativa de ley que entregó el Ejecutivo al Congreso para reformar al Poder Judicial de la Federación, Azuela destaca la necesidad de que se lleve a cabo un profundo análisis científico sobre el estado en que se encuentra la impartición de justicia en México, y que la Corte como cabeza de la judicatura federal elabore un pronóstico junto con los tribunales de Justicia locales, académicos y especialistas sobre el tema para establecer mecanismos a nivel nacional que garanticen un uso óptimo de los recursos humanos y materiales con que cuenta el país.

Ante el permanente papel de espectador que han tenido los juzgadores en materia de reformas constitucionales y legales sobre el tema, Azuela asegura que jueces, magistrados y ministros se han convertido en "conejillos de indias" porque deben trabajar en las condiciones que establecen los poderes Ejecutivo y Legislativo de manera cíclica, sin que hayan funcionado los mecanismos que rigen hasta la fecha.

Al respecto, el ministro explica que la demanda de la Corte de tener la facultad de cerciorari tiene el propósito de conocer sobre asuntos de importancia o en materia constitucional exclusivamente, y estar así en condiciones de diseñar "la política judicial que exige nuestra época".

Ni santos ni genios

Respecto a la intención de los ministros de "delimitar" las funciones del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Azuela recuerda que en la anterior integración de la Suprema Corte, de la que formó parte hasta diciembre de 1994, se incurrió en excesos en la designación de jueces y magistrados, lo cual no era saludable, y que para evitar eventuales abusos de los consejeros de la Judicatura se pensó en establecer candados que impidieran que se volviesen a cometer tales errores.

La labor de seguimiento de los miembros de la carrera judicial "no debe ser diseñado para santos y genios, porque la mayoría de los hombres no lo son".

Azuela está convencido de que la reforma retomada por el Ejecutivo, y que podría ser dictaminada en los próximos días por la Comisión de Justicia del Senado de la República, resultaría trascendental en caso de aceptar el cerciorari para la Suprema Corte, porque eso le daría el tiempo suficiente a los ministros para comenzar el proyecto de formación de un sistema nacional de impartición de justicia para el siglo XXI.

Enumera como primer tarea de los ministros, que desprende del documento de 10 tomos que se elaboró en el transcurso de los tres últimos años y constituye de hecho el programa de trabajo del presidente del máximo tribunal, Genaro David Góngora Pimentel, establecer cuántas personas laboran a nivel nacional en labores jurisdiccionales y cuasi jurisdiccionales.

Posteriormente se pasaría al análisis de otro tema: modificar el sistema legal vigente en el que la gran mayoría de los asuntos que revisan los tribunales locales de los estados del país terminan en el ámbito del Poder Judicial de la Federación para ser resueltos en definitiva.

Explica que los tribunales de lo contencioso administrativo de las entidades se han convertido en "simples tribunales de paso" antes de llegar a la justicia federal a través del amparo, lo que evidentemente "entorpece" la impartición de justicia.

Parece ser, indica, que la única fórmula que se ha encontrado para que la justicia se acerque a lo establecido en el artículo 17 constitucional ųrelativo a la justicia pronta y expeditaų es crear mayor número de juzgados y tribunales federales, pero éstos tienen cargas exageradas de trabajo que les impiden laborar con acuciosidad y calidad.

Se tiene la idea generalizada de que las personas no confían en la justicia que se imparte en los estados, y por ello todo llega al Poder Judicial federal, pero habría que hacer el estudio correspondiente que revele cuáles son los estados que generan el mayor número de asuntos que resuelve en definitiva la justicia federal y por qué; lo mismo se podría hacer con los amparos directos, en los que se plantean revisiones de procedimiento o de fondo y resulta evidente que los abogados utilizan esos procedimientos con el único fin de dilatar la impartición de justicia.

Estrategia contra el rezago

Señala que las multas que imponen los jueces federales a los abogados que abusan de ese tipo de procedimientos no son cumplidas por la Secretaría de Hacienda, porque considera que resulta más caro intentar cobrarlas que el beneficio económico que recibiría.

Ese es otro de los temas que tiene que revisarse, indica, así como la formación de jueces y magistrados para garantizar su alta calidad profesional.

Aunque eso, acepta, es particularmente difícil de lograr cuando en juzgados y tribunales prevalece una exagerada carga de trabajo que impide a los juzgadores continuar con la preparación académica que exige una labor tan delicada.

Azuela demanda que sea tomada en cuenta la Corte en la creación de una estrategia a fondo que supere el rezago en la impartición de justicia, en la que un punto importante a su favor sería que se le otorgara la facultad de iniciativa en leyes que son de su competencia. Problema que, por cierto, está superado en la mayoría de los estados del país, donde los tribunales superiores de Justicia sí cuentan con esa facultad.

"Requerimos un programa permanente en materia de impartición de justicia y no el ensayo cíclico que se realiza cada seis o cuatro años para ver si pega, en el que los juzgadores estamos como conejillos de indias para ver si funciona el sistema, pero además con la obligación de cumplir nuestro deber en las condiciones que establecen los poderes Ejecutivo y Legislativo", concluye.