n Debaten académicos
La ley, "salvavidas mínimo" del INAH para preservar el patrimonio cultural
Gustavo Castillo García n La legislación en materia de protección a monumentos, zonas arqueológicas, artísticas e históricas es un "salvavidas mínimo" con que cuenta el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para preservar el patrimonio cultural de México, afirmó el investigador Leonardo Manrique.
Al continuar las mesas de debate La Protección del Patrimonio Cultural de Cara al Tercer Milenio, investigadores de esa institución consideraron que el INAH debe permitir la participación de la sociedad civil en la difusión, conservación y preservación del patrimonio cultural de México, pero sin que éste se privatice ni se pierda la institucionalidad. Asimismo, se informó de la existencia de un gran mercado negro de venta de arte virreinal mexicano hacia Estados Unidos, por lo que se exhortó a las autoridades del INAH a desarrollar medidas de protección que preserven la riqueza patrimonial de México en ese ámbito.
Leonardo Manrique expresó que con la puesta en marcha de una nueva legislación se corre el riesgo "de que pueda hacérsele un hoyito al salvavidas" por lo que dijo que antes de debilitar al INAH, debe fortalecérsele.
Rogelio Ruiz, también investigador del INAH, consideró que esa institución tiene debilidades y enormes carencias en materia de protección artística, y aseguró que el mercado negro de comercialización de arte virreinal mexicano ha ido adquiriendo creciente importancia. En ese mismo sentido apuntó que la Universidad de Denver, Colorado, en Estados Unidos, está haciendo grandes adquisiciones de arte virreinal por medio de vendedores españoles.
En tanto, Rodrigo Martínez Baracs, Florencia Peña, Margarita Nolasco y Jesús Monjarás, coincidieron en que el INAH debe estructurar la manera en que el material histórico nacional pueda ser copiado y reproducido a fin de que la sociedad en su conjunto, por medio de universidades, investigadores independientes y museos locales, pueda poseer tales materiales.
En las disquisiciones de lo que fue la decimoquinta mesa, la antropóloga Margarita Nolasco afirmó que si bien al INAH le ha sido muy difícil cumplir con todos sus cometidos, "si se dejara en manos de las organizaciones no gubernamentales la custodia plena del patrimonio histórico, podría ocurrir que se hiciera negocio con ella", aunque, acotó, ello no ha ocurrido aquí, pero sí en otros países.
Por ello, agregó, la presencia del INAH debe estar siempre por encima de la sociedad civil y vigilarlos, en caso de que se permitiera su participación.
En ese sentido, se mencionó que los coleccionistas privados o instituciones con recursos suficientes, como las instituciones bancarias, serían los principales participantes en este tipo de actividades.
La investigadora también puntualizó que si el INAH deja en manos de los gobiernos estatales el manejo y cuidado de dicho patrimonio, "se daría una lucha entre caciques y gobernadores por estos recursos", por ello, dijo, es mejor que el INAH sea siempre quien los controle.
Por su parte, Florencia Peña sostuvo que el INAH no debe perder su carácter nacional, y consideró que ese instituto debe sustituir investigaciones netamente locales o regionales por otras de carácter nacional y de mayor profundidad, sobre todo en el ámbito de la antropología social y física.
Rodrigo Martínez Baracs apoyó lo dicho por las investigadoras y mencionó que "el Estado no puede abdicar de su tarea de conservar el patrimonio cultural".
Florencia Peña mencionó después que "existe preocupación entre muchos investigadores de que se privatice el patrimonio cultural"; por ello dijo, es mejor proceder a obtener recursos mediante la difusión del material histórico, como la venta de reproducciones, y facilitar el acceso a material documental.
La antropóloga Nolasco consideró que la idea es positiva siempre y cuando se establezcan normas claras sobre la forma en que se compartaría el patrimonio histórico, para que este mecanismo no sirva a un interés meramente economicista.
Durante las discusiones se expuso el riesgo de que los coleccionistas privados hagan mal uso de los recursos históricos o no les presten el cuidado debido, o bien que se comercialicen obras ilegalmente en el extranjero, a lo que Miguel Angel Fernández, argumentó que muchas instituciones bancarias y otros coleccionistas han aportado o vendido en muchas ocasiones importantes colecciones a los museos mexicanos.
En ese momento, el también investigador aseguró que el arqueólogo Leopoldo Batres "sí ha sacado cosas", aunque después dijo que no era el momento de mencionar una lista de nombres.
Margarita Nolasco puntualizó que "la sociedad civil puede ser el patrocinador de obras e investigaciones del INAH y participar en el cuidado y conservación de los museos regionales, no tomando la custodia, pero siempre y cuando esto no desencadene ni acciones de comercialización ni de acaparamiento privado del patrimonio".
Este lunes, los investigadores Guy Rozat, Alejandro Pinet, Rogelio Ruiz Gomar, Leonardo Manrique, José Iñigo Aguilar y Adriana Konzevik coincidieron en señalar que el INAH requiere estructurar estrategias que involucren a las comunidades en la protección de sus riquezas culturales, sean estas de carácter tangible o intangible (es decir costumbres tradicionales que no tienen que ver con objetos que puedan ser mostrados en exposiciones, pero que forman parte del acervo cultural tradicional).