n El banco proporcionó 30 mdd para financiar proyectos
El BM exigió a México la reforma eléctrica, a cambio de recursos para superar crisis del 94
Roberto González Amador n La reforma para abrir la industria eléctrica a la inversión privada, planteada por el Poder Ejecutivo en febrero, atendió puntualmente recomendaciones del Banco Mundial, cuyo cumplimiento fue exigido por el organismo a cambio de recursos para el paquete de apoyo financiero que permitió al gobierno del presidente Ernesto Zedillo hacer frente a la devaluación de diciembre de 1994.
La aceptación del actual gobierno de privatizar sectores clave de infraestructura formó parte de los acuerdos para obtener, en febrero de 1995, un paquete de apoyo financiero por 50 mil millones de dólares, para hacer frente a la crisis postdevaluatoria, el cual fue aportado por el Tesoro de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central de Canadá, el Banco de Pagos Internacionales, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, según documentos en poder de La Jornada.
''Como parte del programa de austeridad, el gobierno ha anunciado su intención de acelerar la privatización de las empresas propiedad del Estado, principalmente en el área de infraestructura, con el objetivo de mejorar la eficiencia y competitividad de la economía mexicana'', señala un memorándum dirigido por James Wolfensohn, presidente del Banco Mundial, a los directores ejecutivos del organismo, en agosto de 1995.
En el documento, Wolfensohn recomienda la entrega de un préstamo de 30 millones de dólares al gobierno mexicano, a través de Nacional Financiera, para financiar un proyecto de asistencia técnica para la privatización en infraestructura, en las áreas de telecomunicaciones, transporte y energía. A la reforma en los sectores eléctrico y petroquímico se destinó el 33 por ciento del préstamo.
Se trataba, de acuerdo con el memorándum, de ''uno de los más ambiciosos programas de privatización en América Latina que generará ingresos (al gobierno) por 6 mil millones de dólares en 1995 y de 6 mil a 8 mil millones en 1996''.
La recomendación de Wolfensohn para la autorización del préstamo a México señalaba que la apertura al capital privado en infraestructura era ''totalmente consistente'' con la estrategia diseñada por el Grupo del Banco Mundial para la asistencia a México para los años fiscales 1996 a 1998.
Ese documento establece que, además de asesorar al gobierno en la solución de la crisis macroeconómica que estalló después de la devaluación de 1994 y diseñar programas de asistencia a la población en situación de pobreza, el Banco Mundial ''acelerará'' el programa para la privatización de infraestructura.
Los proyectos para los sectores energético, de telecomunicaciones y transporte, indican los documentos del Banco Mundial, constituían el primer paso del organismo para asesorar al gobierno en ''el esfuerzo privatizador''.
Los objetivos fijados por el organismo al otorgar el préstamo por 30 millones de dólares fueron apoyar planes de largo plazo para ampliar la participación del sector privado en el desarrollo y mejoramiento de los servicios de infraestructura, a los que define como ''ineficientes'' y, por lo tanto, como causantes del alto costo de operación de las empresas y de las bajas tasas de crecimiento de la economía en el pasado inmediato.
''La privatización de servicios de infraestructura clave, complementada con un apropiado marco regulatorio, será un importante apoyo del Banco Mundial para la estrategia de largo plazo del gobierno mexicano para estimular la productividad y el crecimiento económico de ese país'', indica uno de los documentos.
El activo papel del Banco
En México, se informa, el Banco ha jugado un activo papel para apoyar las reformas macroeconómicas y sectoriales y ha mantenido un ''intenso diálogo'' con el gobierno sobre sectores estratégicos de infraestructura.
Sobre la reforma en el sector eléctrico en particular, señala que el Banco ha sostenido una larga relación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de haber apoyado la creación de la Comisión Reguladora de Energía y de haber dado asesoría al gobierno en la preparación de una ley de 1992, que permitió la participación privada en la cogeneración de energía.
De acuerdo con el anexo técnico al Proyecto de asistencia técnica para la privatización de infraestructura, fechado en agosto de 1995, el Banco Mundial considera que en la industria eléctrica, ha sido limitada la eficacia de los esfuerzos hechos en el pasado para promover la inversión privada en la generación de energía en México. ''Aunque no sea unánime, se está generando un consenso en torno a la necesidad de revalorizar las políticas básicas en el sector''.
La parte del préstamo de 30 millones de dólares destinada al sector eléctrico fue diseñada para apoyar al gobierno ''en identificar opciones viables para seleccionar la mejor estructura posible del sector, incluyendo oportunidades para introducir más competencia e iniciar acciones hacia ese fin en el corto plazo''.
Agrega: ''las opciones de restructuración estarán basadas en un análisis de la organización actual (agosto de 1995) y desempeño del sistema de energía, así como su propiedad y opciones de competencia bajo las leyes existentes o sugerencias para cambios de esas leyes, si ello contribuye a mejorar el rango de opciones deseables''.
En cuanto a la política de fijación de precios, el proyecto del Banco Mundial para México detalla que el préstamo al gobierno será empleado para financiar servicios de consultoría, para ayudar a la administración a analizar el sistema vigente de tarifas. También, para desarrollar propuestas orientadas a fijar tarifas en niveles suficientes para cubrir los costos ''del capital requerido para la expansión del sistema y todos los costos de operaciones y mantenimiento''. (La propuesta gubernamental de febrero pasado esgrime, como uno de los principales argumentos de la reforma, la necesidad de recursos para poder ampliar la infraestructura eléctrica).
Desde el inicio del programa para el sector eléctrico financiado por el Banco Mundial, ese organismo advirtió de la existencia de ''riesgos importantes'' para la transformación de la industria. El primero, destacan los documentos, ''es que el programa de privatización puede ser debilitado por la oposición de los sindicatos, las propias empresas paraestatales, grupos de empresarios que buscan limitar la competencia y otros grupos organizados''.
En otro de los documentos, titulado Mexico, strategy papers, el Banco Mundial señala que la mayoría de los provedores de servicios públicos ofrecen servicios cualitativamente inferiores y son altamente ineficientes, ''especialmente, los monopolios públicos como la Comisión Federal de Electricidad'' (CFE).
El organismo identifica como prioridades ''acelerar y profundizar'' los esfuerzos de privatización para servicios de infraestructura, entre los que se cuenta a la CFE recomienda revisar el marco regulatorio para asegurar que ''no impida'' la provisión privada de infraestructura.