n Grupo Plural propone un debate nacional
Si la electricidad deja de ser bien público, Pemex tendría igual trato
Ciro Pérez n Legisladores perredistas e investigadores propusieron que las modificaciones a los artículos 27 y 28 constitucionales para permitir la participación de la iniciativa privada en la industria eléctrica se deje para el próximo sexenio, mientras se abre un debate nacional, ''sin manipulación informativa'', en el que se analice y discuta la política nacional en materia de energía eléctrica.
Encabezados por la diputada perredista Laura Itzel Castillo, Ifigenia Martínez y Antonio Gershenson, los tres integrantes del Grupo Plural sostienen en el documento Estrategia energética, que las reformas constitucionales propuestas no son temas planteados en el Plan Nacional de Desarrollo ni en el programa de Desarrollo y Restructuración del Sector de la Energía 1995-2000, ni se encuentran elementos en la prospectiva del sector eléctrico 1997-2006, que apunta a la necesidad de realizar una estructura del sector como la que propone.
Advirtieron que si procediera la modificación constitucional, que elimina a la electricidad como área estratégica para el desarrollo nacional y la considera como simple mercancía y no un bien público, además de desmembrar a las empresas eléctricas estatales, se abriría el camino para dar el mismo trato a otros procesos relacionados con la energía primaria y desincorporar las actividades industriales de Pemex.
El Grupo Plural sostiene que con esta actitud, la rectoría del Estado en la economía estaría fuera de toda posibilidad real de ejercerse y se terminaría por aceptar que lo mercantil está por encima del interés nacional, al tiempo que sostiene que la propuesta oficial de cambio estructural de la industria eléctrica presentada por Ernesto Zedillo no es la más adecuada para enfrentar los retos futuros de la industria eléctrica ni plantea un diagnóstico amplio y correcto de la problemática, ''sino que desinforma y exagera'' el problema del crecimiento de la demanda.
En el texto que difundieron ayer los integrantes de este grupo, se asegura que la propuesta presidencial contiene una evaluación sesgada y equivocada de las experiencias internacionales en materia de electricidad ya que, en general, los países que reformaron los sistemas eléctricos integrados verticalmente no contaban con empresas nacionales competitivas y en este sentido, los modelos británico, chileno y argentino no son aplicables al caso de México, ni respondieron a las expectativas que tuvieron esos países y sin embargo, pasaron por alto el modelo francés ''como valiosa experiencia''.
En su análisis proponen planificar el desarrollo y el adecuado funcionamiento del sistema eléctrico nacional, tomando como base un empresa con presencia dominante, por lo que antes de una reforma constitucional es necesaria la presentación de una iniciativa de reformas al marco normativo de la administración pública federal.
Esto, para otorgar toda la flexibilidad económica, técnica y operativa a las empresas prestadoras del servicio público de energía eléctrica con compromisos muy puntuales económicos y operativos, cuyo cumplimiento vigilaría el Congreso. Esta propuesta constituye un proyecto de gran complejidad técnica, que amerita el juicio calificado de colegios de profesionales, académicos, agrupaciones de industriales y otros expertos en la materia.
Proponen también iniciar el cambio estructural del sector eléctrico sustentándolo en un sistema de planeación que permita evolucionar el principio de especialidad, aislando la gestión de la red de transmisión, el Centro Nacional de Control de Energía, así como la separación contable de las actividades de generación, transmisión y distribución, revisando el esquema para que las tarifas reflejen los costos con miras a resolver por esta vía los problemas financieros de las empresas eléctricas estatales.
Con ello se pretende también asegurar la reinversión de los subsidios en infraestructura de la propia industria, toda vez que el subsidio, al provenir del fisco será transparente y formará parte del presupuesto por tanto, deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados quien decidirá los criterios de asignación.
Reconocen que la modernización propuesta exige una profunda reforma tarifaria a la industria eléctrica, presupuestación multianual, autonomía de gestión, múltiples opciones de financiamiento y dirección experta en los organismos y consejos de administración especializados.
Consideran también la opción de convertir los sistemas regionales de distribución de las empresas del sector público de energía eléctrica en compañías eléctrica autónomas, integradas verticalmente y coordinadas operativamente por el Centro Nacional del Control de energía, pero con opciones de participación del capital privado".