PINOCHET: CERCO A LA IMPUNIDAD
Ayer, el ministro británico del Interior, Jack Straw, ratificó su decisión del 9 de diciembre del año pasado en el sentido que Augusto Pinochet Ugarte debe ser sometido a un juicio de extradición en el curso del cual se decidirá si Londres lo entrega a la justicia española, ante la cual el ex dictador chileno está acusado por las masivas violaciones a los derechos humanos cometidas durante su régimen y bajo su responsabilidad. La esperada determinación del funcionario inglés constituye un nuevo paso hacia la impartición de justicia para las decenas de miles de víctimas de la tiranía militar que asoló Chile entre 1973 y 1990.
Ciertamente, en caso de que el juicio de extradición llegue a un resultado favorable, el juez español que debe procesar a Pinochet, Baltazar Garzón, habrá de limitarse, debido a un fallo de la Cámara de los Lores emitido el 24 de marzo, a juzgar sólo una pequeñísima parte de las atrocidades que se imputan al ex dictador: las que tuvieron lugar entre 1988 --año en que Gran Bretaña se adhirió a la Convención Internacional contra la Tortura-- y el fin de la dictadura.
Por otra parte, el juicio de extradición propiamente dicho será, previsiblemente, un proceso de meses o de años, dependiendo de las apelaciones y de las instancias judiciales que entren en juego.
Sin embargo, el hecho que Pinochet se encuentre en régimen de arraigo domiciliario e imposibilitado de volver a Chile y de ejercer su liderazgo en los sectores políticos más cavernarios de ese país, el que haya sido obligado a comparecer ante un juez y el que esté obligado a enfrentar un futuro incierto en el que la cárcel es una posibilidad real, constituyen, por sí mismos, precedentes invaluables en la lucha contra la impunidad del poder en este continente y en el mundo, y conforman una seria advertencia para los muchos ex gobernantes violadores de derechos humanos y para quienes sientan la tentación de violarlos. El sanguinario ex dictador guatemalteco, Efraín Ríos Montt, por ejemplo, no se ha atrevido a viajar fuera de su país desde que Pinochet fue aprehendido en Londres.
En otro sentido, las lentas pero reconfortantes gestiones legales orientadas a enjuiciar a Pinochet introducen un elemento civilizatorio en el distorsionado panorama actual de las relaciones internacionales. En concreto, tales gestiones, irreprochables desde la perspectiva de la legalidad internacional, contrastan con la indefendible campaña de muerte, destrucción y terror que realiza la OTAN en Yugoslavia con el pretexto de limitar el margen de acción de Slobodan Milosevic e impedir que éste perpetre nuevas atrocidades contra los kosovares de origen albanés. A estas alturas sería aventurado poner en duda la pertinencia, la necesidad y la obligación de que la comunidad internacional construya mecanismos para prevenir y sancionar las violaciones a los derechos humanos, el genocidio y los crímenes de guerra. Y el caso Pinochet está demostrando que para ello no es necesario recurrir al arrasamiento militar de todo un país.