n Plantean formar una comisión de desplazados
Tipificar la paramilitarización como delito, proponen ONG
Triunfo Elizalde n Pablo Romo, Raquel Sosa, Pilar Noriega, Miguel Concha y Michel Chamberlein, defensores de derechos humanos, manifestaron anoche que es indispensable tipificar como delito la paramilitarización y las facciones paramilitares; dijeron que es urgente la aprobación en el Congreso de la Unión de la iniciativa de ley elaborada por la Cocopa sobre los pueblos indios, y la aplicación consensada de los acuerdos de San Andrés.
Asimismo, hicieron notar que es necesaria la formación de una comisión nacional de desplazados que asegure las condiciones para el retorno de indígenas a sus comunidades en el estado de Chiapas.
Lo anterior fue manifestado en el acto de presentación del trabajo Presunta Justicia, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en el que se analizan las violaciones a los derechos humanos que se han vivido en dicha entidad de julio de 1988 a principios de febrero de 1999.
En este trabajo, el Fray Bartolomé de las Casas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y algunos abogados especializados en atender violaciones a garantías de los indígenas chiapanecos acuerdan unirse a la recomendación hecha a México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "en la que se exhorta a desarticular y combatir efectivamente a los grupos civiles armados", además de exigir continuar no sólo de manera jurídica sino ética e imparcial con las investigaciones sobre la masacre de Acteal, ya que "es tarea del Estado impulsar una cultura de tolerancia en todos los espacios a su alcance".
El documento de 118 páginas se subdivide en cinco grandes capítulos. En el primero se abordan los derechos indígenas en Chiapas: "Del recuerdo de lo acordado al costo de lo no cumplido", donde se enfoca el fundamento jurídico e histórico de los derechos de los pueblos indios. Esto se presenta dentro del contexto histórico mexicano en apego al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y los acuerdos de San Andrés.
El segundo capítulo, "La vida en peligro", se enfoca a los derechos a la vida e integridad física, y se expone que los gobiernos federal y estatal "justifican la militarización al justificar que los soldados son los policías que nos protegen de la violencia". Sin embargo, se asienta que paradójicamente entre más crece la presión policiaca-militar van incrementándose las muertes y la violencia.
"La fragilidad de la justicia" se aborda en el capítulo tercero y se refiere a la impartición y procuración de justicia, señalándose que el problema de Chiapas (y de todo México) "no sólo es la impunidad, sino también la manera en que se imparte la justicia, que con frecuencia depende de la filiación política de las víctimas y agresores. El sistema judicial, se precisa, "admite evidencias que obviamente fueron obtenidas violando los derechos de los acusados".
Al referirse al Libro Blanco de la PGR sobre la masacre de Acteal, se hace notar que el gobierno no reconoce el proceso de paramilitarización que condujo a dicha matanza. Por el contrario, "promueve una ley de desarme y amnistía para los grupos de civiles armados, iniciativa planteada por el gobernador del estado en señal de la impunidad que se les pretende otorgar a los grupos armados ligados al gobierno".
En el cuarto capítulo, "Acciones Coordinadas", se analizan los derechos a las libertades de culto y de tránsito. Luego de referirse a que los "grupos civiles armados" cierran templos, se afirma que el Instituto Nacional de Migración expulsa sacerdotes y extranjeros de la diócesis de San Cristóbal y hay una campaña de desprecio y descrédito constante a la labor de ésta instancia religiosa por parte de los gobiernos federal y estatal".
Asimismo, se denuncia la fuerte campaña contra extranjeros y los múltiples retenes militares, policiacos y migratorios, mediante los cuales los movimientos tanto de mexicanos como de extranjeros son controlados constantemente.
Bajo el subtítulo "El Clamor de los Desplazados", se hace notar que sólo en el municipio de Chenalhó, con una población de 30 mil habitantes, existen 10 mil indígenas desplazados.