n Pidió reunión formal con Madrazo el día 28
Solicitó la Cocopa informes de la investigación sobre paramilitares
Andrea Becerril n La Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) solicitó una reunión formal para el próximo día 28 con el procurador general de la República, Jorge Madrazo, a fin de que informe a los legisladores del avance en la investigación en torno a los grupos paramilitares que operan en Chiapas.
El presidente en turno del organismo, Gilberto López y Rivas, precisó que en ese encuentro entregarán al titular de la Procuraduría General de la República (PGR) la información con que cuenta la Cocopa sobre los grupos paramilitares, con base en el acuerdo tomado en la pasada reunión plenaria de ese organismo.
López y Rivas dijo que está satisfecho, ya que la controversia que generaron sus declaraciones en torno a ese tema sirvió por lo menos para crear conciencia del mismo y para que los priístas del Congreso local de Chiapas se decidieran también a analizar la actuación de los paramilitares.
La Cocopa, agregó, cuenta con datos y denuncias sobre agresiones a comunidades indígenas en la zona de conflicto por parte de "grupos de civiles armados", como los llama la PGR, que entregará a Madrazo Cuéllar.
Sobre el tema, el senador del PRD Carlos Payán Velver señaló que la Cocopa no puede permanecer muda, como algunos quisieran, y está obligada a formular las denuncias necesarias. De la pasada reunión, dijo, quedó claro que "esta comisión ha sido vital para evitar la guerra, aunque no haya diálogo".
Sin acatar, las siete recomendaciones
de la CNDH en El Bosque
Por otra parte, entre los documentos que la Cocopa analiza se encuentra un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) por el centro Miguel Agustín Pro Juárez, en el que se advierte que "el conflicto en Chiapas se ha ido agravando", ya que el gobierno "le apuesta más al uso de la fuerza, con el incremento desmedido de efectivos militares que permanecen en el estado", además de que se ha permitido "el fortalecimiento de los grupos paramilitares afines al partido oficial".
En ese informe, enviado a la sede de la CIDH en Washington el pasado marzo, el organismo no gubernamental precisa que, a diez meses de los lamentables hechos de El Bosque ųdonde fueron asesinados diez indígenasų no se han cumplido las siete recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), hay una veintena de indígenas presos injustamente y los pobladores de esa comunidad viven en hostigamiento permanente, con la amenaza de perder la vida y sus propiedades, "debido a la presencia continua de grupos paramilitares que actúan con la complicidad de las autoridades gubernamentales".
Se precisa que el pasado 10 de junio de 1998, cientos de soldados y policías entraron a la cabecera municipal de El Bosque y a las comunidades de Chavajeval y Unión Progreso, supuestamente para ejecutar órdenes de aprehensión y donde, según las cifras oficiales, resultaron diez muertos ųocho simpatizantes zapatistas y dos policias estatalesų, nueve heridos y 53 detenidos.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez hace notar, sin embargo, que según cifras extraoficiales murieron once simpatizantes zapatistas, desaparecieron 24 y hubo 15 heridos. "La comunidad de Unión Progreso asegura que seis de los que fallecieron fueron ejecutados, ya que fueron llevados por elementos policiacos caminando por su propio pie, y después aparecieron sus cadáveres descompuestos.
"Después de los sucesos, la comunidad estuvo sitiada por elementos de seguridad pública y militares".
En el informe a la CIDH, se resalta asimismo que se detuvo sin orden de aprehensión a 25 personas de El Bosque, que al momento de ingresar al penal tenían huellas de haber sido golpeadas. Los meses siguientes, se agrega, los indígenas que habitan en esa comunidad han vivido en la zozobra, sobre todo porque en noviembre pasado hubo una emboscada en Los Plátanos, donde falleció un menor y resultaron heridos cuatro integrantes de esa localidad.
Ante el temor de otra agresión, los habitantes de El Bosque se desplazaron masivamente a la montaña y sólo retornaron después, acompañados por grupos no gubernamentales de derechos humanos.
Las autoridades estatales lo que han hecho "es culpar a los campesinos de las agresiones y presentar como víctimas a los paramilitares y a las fuerzas del orden", por lo que en la región no se garantiza la vida ni la integridad física de los indígenas que ahí viven.
La CNDH emitió su resolutivo 74/98 el 14 de septiembre, que consta de siete recomendaciones en torno a los procesos penales y la responsabilidad de integrantes de las fuerzas públicas, que no se han cumplido.