La Consulta General Universitaria del pasado jueves -110 mil participantes- debe considerarse como el primer gran triunfo del movimiento estudiantil de la UNAM, pues redujo a la ultra a su justa dimensión: una minoría golpista que pretende cerrar las instalacio- nes indefinidamente, lanzar a los jóvenes a la calle, hacerlos chocar con la policía capitalina y contribuir a la campaña desestabilizadora contra el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas.

Quienes apoyan este plan de acción son los mismos que en junio-agosto de 1994 vociferaron en la Convención Nacional Democrática para tratar de acorralar al EZLN e impedirle transitar de la vía insurreccional a la lucha de resistencia pacífica, un error que habría conducido al zapatismo al aislamiento, justamente como lo quería el régimen.

Al efímero liderazgo de la vieja ultra en la presente coyuntura contribuyó de manera significativa la estrategia del doctor Francisco Barnés. Tras el escándalo que suscitó su propuesta de modificar el Reglamento General de Pagos, bajó el monto de las nuevas cuotas a su mínima expresión, dando al asunto la apariencia de un problema de pesos y centavos. Esta habilidosa medida conjuró en principio la movilización del grueso del estudiantado, pero no aplacó la natural inquietud de las corrientes políticas organizadas dentro de la UNAM -PRI, PAN, PRD, los católicos, el zapatismo civil, etcétera; esto es, las mismas que existen en todo el país- y que actúan en el ámbito de esa especie de parlamento imperfecto que es el Consejo Universitario.

En el microcosmos de las escuelas, donde la derecha priísta y panista por tradición se mantiene al margen del asambleísmo, la ultra copó los espacios de discusión, desarrolló un pliego petitorio de 43 puntos innegociable -renuncia de Barnés, desaparición del Tribunal Universitario y de la Ley Orgánica, por ejemplo-, e impuso una ``disciplina revolucionaria'' para autoerigirse en supremo custodio de la moral de los ``militantes'', amenazando con la violencia física reiteradamente a aquellos jóvenes que incumplieran sus normas de pureza; verbigracia, ``debemos depurar al movimiento del híbrido derechista seudoizquierdista'' (proclama de Coalición Política, sucursal de la ultra en Ciencias Políticas y Sociales, 19/03/99), es decir, la amplia Coalición Democrática Estudiantil que aglutina a jóvenes de 19 escuelas, seguidores del CEU y la Red de Estudiantes Universitarios, y hombres y mujeres sin filiación ni partido, es decir, la izquierda cardenista y simpatizante del EZLN.

Los exponentes del discurso autoritario no lograron, desde luego, despertar el entusiasmo de las grandes masas escolares, y a las manifestaciones del 25 de febrero, 4 de marzo y 8 de abril, convocadas ``para sacar el problema de la UNAM paulatinamente'' (acuerdo de la Asamblea Universitaria) acudieron, en ese orden, según los propios organizadores, 20 mil, 35 mil y ¡6 mil! personas, dada la progresiva incorporación de porros de Antorcha Popular y de otras organizaciones de la misma calaña.

En relación inversamente proporcional al predecible fracaso de esta línea de conducción política que debería desembocar en una huelga indefinida, la ultra intensificó sus amenazas contra los jóvenes de la Coalición Democrática Estudiantil que, en busca de eficacia, propusieron una consulta general para responder a la contrapropuesta de diálogo hecha por el rector, pero también para medir el descontento de la comunidad ante el aumento de cuotas.

Pese a la furibunda oposición de la ultra, que intentó de mil maneras impedir la realización de ese ejercicio democrático, la Consulta General Universitaria movilizó a 110 mil personas -estudiantes, académicos y administrativos- que mayoritariamente rechazan el aumento de cuotas, exigen más recursos federales para la educación superior, desean democratizar la vida interna de la UNAM, defienden la educación gratuita, quieren que el manejo del presupuesto sea transparente y están a favor de un diálogo público y directo con las autoridades.

Pero la consulta no sólo ha neutralizado la estrategia propagandística del rector -que hasta ayer decía haber recabado apenas 74 mil firmas, obtenidas por nómina y por decreto, contra la huelga-, sino que dotó al movimiento de una clara conciencia de su propia fuerza, un hecho que rompió el quietismo del estudiantado y le abrió perspectivas tan atrayentes como novedosas. Gracias a esto, la comisión encargada de elaborar la plataforma de lucha de la huelga se reunió el sábado con enorme asistencia de los estudiantes democráticos y venció a la ultra, al reducir de 43 a tan sólo cinco los puntos del pliego petitorio: 1) Abrogación del Reglamento General de Pagos. 2) Derogación de las reformas de 1997 (impuestas por el Banco Mundial). 3) Cese a la represión. 4) Extensión del calendario escolar para reponer las horas de clase que se pierdan en la huelga, y 5) Diálogo público con la rectoría.

Ahora que la huelga es inevitable -y quizá debamos agradecer a la ultra por ello-, el movimiento puede experimentar un cambio tan radical como el que en 1994, precisamente, sacó al EZLN de la lucha armada y lo convirtió en una invencible fuerza pacífica. Hoy los jóvenes decidirán si la huelga cierra las instalaciones de la UNAM y los echa a la calle para enfrentarlos con la policía capitalina, o si, por el contrario, se transforma en una huelga activa y creativa, que bloquee únicamente el acceso a las oficinas de la burocracia del rector y deje el campus en manos de los estudiantes y los maestros, no interrumpa las actividades académicas ni los servicios de salud y cree un espacio en donde la inconformidad se expresará mediante el máximo despliegue de la imaginación, organizando competencias deportivas, torneos culturales, conciertos, exposiciones, etcétera.

Así, aparte de vivir una experiencia autogestionaria hasta ahora insólita, la UNAM sería desde mañana un gran centro de debate de los problemas universitarios, al que sólo por consigna del neoliberalismo se tendría que sustraer el rector. En todo caso lo que está por verse es si la UNAM funciona sin funcionarios.