Entreteneos aquí con la esperanza el júbilo del día que vendrá...

Jaime Sabines

El fallecimiento del cardenal Raúl Silva Henríquez, creador de la Vicaría de la Solidaridad, organismo defensor de los Derechos Humanos durante la dictadura, antagonista permanente del general Pinochet, vino a complicar todavía más los vericuetos legales del paciente inglés.

Chile, desde la Constitución liberal de 1925, gozaba de una tradición democrática y constitucional de sus Fuerzas Armadas, muy respetables. La polarización de las fuerzas en torno al ``proceso a Pinochet'', cuyos partidarios han levantado la candidatura del diputado, senador, ex militante de la democracia cristiana, Arturo Frei Bolívar, complica las elecciones del candidato de la Concertación de Partidos en el gobierno, incluido el Partido Socialista, en términos de la radicalización de los partidos políticos, para las elecciones presidenciales de diciembre.

Por su parte, el juez Baltasar Garzón se ha encargado de allegar nuevos y valiosos elementos probatorios, considerando casi exclusivamente los crímenes contra la humanidad perpetrados con posterioridad a diciembre de 1988, y estableciendo el delito de Conspiración para la Tortura, cuyo papel le correspondió, principalmente, a la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina), y, posteriormente, a la mejor manera del lebensraum, de la doctrina de la seguridad nacional y el terrorismo de Estado.

La crisis del denominado ``milagro'' empieza a hacer agua en sus sectores más básicos: la sociedad de consumo, autoritaria y carcelaria, bajo cuyos niveles de represión fue posible ensayar el leviatán o el laboratorio de la ``democracia militar'' a la chilena. Nunca como antes, pudo corroborarse con tanta magnitud, aquella tesis del economista Aníbal Pinto, entre el profundo ``desfase'' del desarrollo político y el desarrollo económico de Chile, desde el ``orden conservador'' impuesto por Diego Portales en 1833.

Pues bien, nunca como ahora, se produce la simbiosis entre subdesarrollo político y económico: deterioro de los términos de intercambio, caída de los ingresos por exportaciones (cobre, celulosa), aumento de los capitales externos netos, incremento extraordinario del gasto agregado, inestabilidad financiera a propósito de la ``crisis asiática'', pérdida de la capacidad competitiva.

1998, por tanto, originó un año límite, con la parálisis de la transición; la detención por crímenes contra la humanidad del general Pinochet, y, como decía, las elecciones presidenciales de diciembre a las que me referiré en un análisis posterior.

El dictamen del ministro del Interior de Gran Bretaña, Jack Straw, después de los dos fallos irreconciliables de la Cámara de los Lores, a escasas horas de esta resolución, se ha manifestado en favor de la extradición solicitada por la justicia española. Recursos más, recursos menos, me parece que la suerte del general está sellada, aunque pudieran pasar meses a causa de artilugios técnico-legales.

Incluso se solicitó la renuncia del fiscal militar Fernando Torres, uno de los más drásticos servidores del general Pinochet. Asimismo, en este momento límite, la Corte Suprema autorizó la libertad condicional del ex general Manuel Contreras, organizador de la Operación Cóndor y de los asesinatos del ex canciller Orlando Letelier, el general Carlos Prats, el atentado contra el líder del sector progresista de la Democracia Cristiana, Bernardo Leighton, el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez, y tantos otros.

La comunidad internacional ha recibido con júbilo la noticia. La Facultad de Derecho de la UNAM organizó una mesa redonda sobre el juicio al general Pinochet con la participación de destacados juristas.

La Academia Mexicana de Derechos Humanos preparó un libro y una mesa redonda sobre el proceso.

Con todo, quedan algunas reflexiones importantes. Si bien el ministro Straw autorizó el procedimiento de extradición por los delitos de tortura y conspiración para la tortura, el ordenamiento jurídico español y de la Europa comunitaria contemplan otros ``crímenes contra la humanidad: secuestro, terrorismo de Estado, genocidio, desaparición forzada e involuntaria de personas, que podrían ampliar los cargos contra el general''.

Estamos en presencia de una decisión histórica en favor del derecho internacional y de los derechos humanos, como lo ha expresado el jurista español Eduardo Villariños. Las convenciones confirman la existencia y legalidad de estos crímenes contra la humanidad. En Chile, los efectos de la resolución provoca opiniones divergentes. Se ha producido un distanciamiento entre la sociedad política y la sociedad civil. Los partidos políticos, cercanos al pinochetismo, han lanzado la candidatura de Arturo Frei Bolívar. La Democracia Cristiana en el gobierno mantiene la postulación del senador y presidente de su partido, Andrés Zaldívar Larraín. La centro-izquierda refuerza la opción presidencial del abogado y economista, don Ricardo Lagos. El Partido Comunista mantiene las banderas de su secretaria general, Gladys Marín.

La Concertación por la Democracia, bloque de partidos en el gobierno, tendrá que pasar por el difícil trance de elegir, por la vía de elecciones primarias de mayo, su candidato único. El ``modelo'' se derrumba paulatinamente, y esta situación económico-social trae consigo el ``efecto-consumo'' y el ``efecto-éxito'': sin éxito económico no hay éxito político.

Las transiciones y transacciones no se mendigan, se conquistan. Chile, tempranamente consolidado como Estado-nación, dueño de una ``loca geografía'', enfrenta el siglo XXI con la necesidad de rectificar el rumbo de la política económica, concentrada en siete familias o clanes, en el marco de una ``sociedad disciplinaria'', autoritaria y excluyente.

Sine ire et studio, el proceso al general Pinochet debe conducirse con total independencia y objetividad, de respeto a las personas y al derecho al debido proceso. Quizá, muchos de los que hicieron vigilia a la espera de la resolución, mientras el presidente Frei se encuentra en Alemania, hubieran querido el trato digno que se le ha otorgado al general. Como afirman Collier, Sater, y Blakemore (California) la ``vía chilena hacia el capitalismo'' ha significado una dura restructuración neoliberal, en momentos en que este país-ínsula, como escribiría José Donoso, se enfrenta en duras condiciones al proceso de la globalización.

Ni perdón, ni olvido, no venganza, sólo justicia. La reconciliación, tantas veces proclamada, no significa ``la paz de los cementerios''.

El proceso al general Pinochet debería servir para retomar el camino del desarrollo con igualdad, sin represión, con una ``economía humanista'' que, como velero, conduzca a aquel lejano país sudamericano a la ``utopía posible'' de la democracia económica y social.

* Profesor de Derecho Internacional y Derechos Humanos. Comité Consultivo del International Peace Research Association (IPRA), Oslo, Noruega. Especialista en Asuntos Latinoamericanos. Autor de América Latina. Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, FCE, 1991, entre otros.