Una huelga contra las siguientes ideas del nuevo reglamento de pagos, inaceptables para los activistas: 1) quienes no puedan, no paguen; 2) quienes lo requieran, difieran su pago; 3) quienes habrán de pagar, lo harán en una proporción inferior al 5 por ciento del costo medio de formar un egresado de licenciatura; 4) la UNAM procederá de acuerdo a la declaración que cada alumno haga sobre la capacidad de pago de su familia; 5) la recaudación íntegra de las cuotas aplíquese a los rubros presupuestarios de "servicios educativos"; 6) el reglamento entrará en vigor sólo para los alumnos de nuevo ingreso.

Una huelga en defensa de los ricos, no organizada por éstos sino por los activistas: la UNAM debería continuar subsidiando a las familias que pueden cubrir inclusive el costo íntegro de la educación de sus hijos, aun cuando ello impida a la institución contar con mejores servicios educativos para dar mejor formación a todos sus egresados.

Algunos universitarios han argüido que el lapso para la consulta de la propuesta "fue muy corto". Hubo alrededor de tres meses para emitir un juicio sobre esas seis complicadas ideas. Respecto a la última de ellas, el Patronato Universitario constituyó un fondo especial, para el manejo de esos rubros, cuyas reglas de operación fueron dadas a conocer a los universitarios. Los "servicios educativos" cubren partidas destinadas como becas, servicios de cómputo, equipos, centros de idiomas, materiales didácticos, conferencias a distancia y otras.

Se ha dicho que las nuevas cuotas no resolverán el problema financiero de la UNAM porque representan una proporción ínfima de su presupuesto total. En efecto, pero dentro de cinco años, cuando todos los alumnos estén bajo los supuestos del nuevo reglamento, habrá una recaudación que permitirá casi duplicar el presupuesto actual de los rubros de "servicios educativos". No vale comparar con el total del presupuesto porque será en esos servicios que se gastará el ingreso por cuotas, no en todos los rubros del presupuesto.

Se ha dicho también que es una reforma anticonstitucional. La Suprema Corte ųórgano al que por ley corresponde la interpretación de la Constituciónų emitió ya una tesis según la cual la demanda de gratuidad no procede porque "en ninguno de los preceptos constitucionales se establece esa prerrogativa".

Se ha acusado al Consejo Universitario (CU) de aprobar el nuevo reglamento en un lugar distinto de aquél en el que suele sesionar: piso 3 de la torre de rectoría. La acusación proviene de quienes por la fuerza impidieron que sesionará en ese lugar. La lógica de la acusación es impecable: "tú eres el culpable de mis actos". Lo mismo se dirá ahora respecto a la huelga por los ricos. Por lo demás, el CU consiste legalmente en la reunión de la mayoría de los consejeros; el CU no es el local donde sesiona.

Más importante aún que las cuotas actualizadas es el que la UNAM pueda vencer al mito de los grupos emergentes con capacidad de veto respecto a las reformas emprendidas por la institución; por décadas el mito ha vencido. Por eso, en mi opinión, bajo ninguna circunstancia la huelga por los ricos debe derrotar la reforma del reglamento de pagos; porque el poder de veto quedaría intacto, porque la UNAM puede volverse definitivamente irreformable, porque la institución puede quedarse muy atrás de las exigencias de la era del conocimiento a la que el mundo entra con gran velocidad en nuestros días.

Esos grupos emergentes han constituido siempre movimientos reactivos frente a decisiones de los órganos de dirección de la institución, y se han movido por cuestiones relativas a la distribución del "poder" (los debates sobre las "formas de gobierno") o sobre la distribución de los recursos (asuntos de financiamiento y su aplicación); nunca por lo sustantivo: los contenidos académicos.

La historia mexicana está plagada de la conformación de privilegios ("conquistas históricas") de grupos particulares, como la élite de jóvenes que tiene acceso a la educación superior (sólo 15 por ciento de la población en edad universitaria). La huelga defiende privilegios particulares adicionales: gratuidad para los pudientes. Un movimiento reactivo y por lo visto conservador como pocos, la organiza.