NO DESTRUIR EL FUTURO

De acuerdo con datos divulgados ayer por la representación en el país del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), cerca de 30 por ciento de los mexicanos menores de 16 años ųes decir, alrededor de 12 millones- viven en situación de pobreza o pobreza extrema, padecen desnutrición, se encuentran en situación de calle o son víctimas de las redes de prostitución y pornografía infantil. Estas cifras exasperantes confirman, por una parte, que para un tercio de la población mexicana, o más, el precepto constitucional del derecho a la protección de la salud (artículo cuarto) es letra muerta; por la otra, constituyen una descalificación dolorosa, pero inequívoca, del infundado optimismo de las autoridades sobre los supuestos logros en materia de política social.

El persistente ahondamiento de las desigualdades sociales que se registra en el país desde hace 17 años, y que coincide con la aplicación de una política económica promotora de la concentración de la riqueza, el adelgazamiento del Estado, la desregulación generalizada e indiscriminada, la privatización de entidades públicas, el recorte presupuestal de los programas de bienestar y la claudicación del gobierno a sus obligaciones en materia de política social.

Es claro que, en una sociedad tan injusta como la nuestra, la erradicación de la pobreza debiera ser una prioridad de Estado. Sin embargo, las tareas de atención a los más desfavorecidos dependen cada vez más de las capacidades y la voluntad de organizaciones de beneficencia y de caridad. Sin afán de reducir la importancia y los aspectos positivos de la filantropía y el asistencialismo, es indudable que éstos debieran complementar, y no remplazar, una política pública de bienestar.

Los 12 millones de menores desamparados que menciona la Unicef son uno de los saldos más trágicos y vergonzosos de este viraje histórico del poder público nacional, y uno de los más lesivos, en la medida en que la circunstancia y el sufrimiento de este sector de la población no sólo degrada el presente de la nación, sino que la condena a una circunstancia futura conflictiva y desintegrada. En unos años más tendremos decenas de millones de ciudadanos con un deficiente desarrollo físico, emocional y educativo, desprovistos de los valores de solidaridad que la nación no habrá sido capaz de inculcarles, y depositarios, en cambio, de un resentimiento social plenamente justificado.

Por ellos y por el país, la política económica debe ser modificada de fondo. Por ellos y por el país, debe restablecerse la política de bienestar social que ha sido gradual, pero inexorablemente, abandonada.