n Aprueban legisladores limitar la discrecionalidad en transferencia de recursos
Piden conocer en septiembre el Presupuesto de Egresos
Ciro Pérez Silva n La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó ayer un proyecto de dictamen en el que se obliga al Presidente de la República a presentar en septiembre, y no en diciembre, la propuesta de Presupuesto de Egresos; limita la discrecionalidad del Ejecutivo en la transferencia de recursos, y garantiza el acceso de los legisladores a la información para evaluar el proceso presupuestario, mismo que podría presentarse este martes.
El texto elaborado en la comisión que preside el perredista Ricardo García Sainz sostiene que la excesiva concentración de facultades en el Ejecutivo federal le ha permitido realizar importantes modificaciones al presupuesto público, sin la intervención de la Cámara de Diputados, modificando con ello el orden de las priori- dades establecidas por el Congreso.
Lo mismo sucede con los excedentes de los ingresos públicos y los gastos considerados como no devengados, lo que se refleja en modificaciones que frecuentemente representan cambios porcentuales mayores al ciento por ciento en los distintos ramos del presupuesto.
Ejemplo de esto es el ejercicio de 1997, en que el Ejecutivo federal realizó modificaciones en esa proporción en Gobernación, Relaciones Exteriores, Comunicaciones y Transportes, y en entidades paraestatales como Ferronales, todo sin que mediara siquiera la opinión del órgano legislativo, violentando, con decisiones unilaterales, el equilibrio de poderes.
El dictamen que será puesto a consideración del pleno y que cuenta con el voto mayoritario de las oposiciones, pretende generar mayor transparencia en el proceso presupuestal y garantizar la participación oportuna de la Cámara de Diputados cuando se requiera modificar de manera sustantiva algún ramo del Presupuesto de Egresos.
Sin embargo, conserva los márgenes necesarios para que el Ejecutivo pueda modificar los montos del gasto en caso necesario, pero estableciendo límites a dicha capacidad y proponiendo normas de vigilancia de dicho proceso, además de facultar a la cámara para que determine los lineamientos que el gobierno federal debe- rá seguir para ejercer los ingresos que se generen de manera adicional a los previstos en el presupuesto.
Pretende garantizar a los legisladores el acceso oportuno a la información para conocer la situación presupuestal de fideicomisos públicos, difícil de fiscalizar con los datos que hasta el momento presenta el Poder Ejecutivo.
Adelantar presupuesto
Las iniciativas condensadas en el dictamen coinciden en la necesidad de establecer un plazo más amplio entre la presentación de la propuesta de Presupuesto de Egresos y su discusión en la Cámara de Diputados, por lo que se introduce una reforma constitucional para que el Ejecutivo adelantea, a partir de septiembre, los aspectos más relevantes del presupuesto, y los que se estimen de mayor trascendencia o dificultad, con la finalidad de que se cuente con el tiempo y los elementos suficientes para discutirlo y aprobarlo.
También se tiene como objetivo acotar las decisiones del Ejecutivo federal que impliquen la utilización de fondos públicos para la constitución, ampliación o disolución de fideicomisos, sujetando estas decisiones a la aprobación del Poder Legislativo.
Se pretende limitar la facultad discrecional del Poder Ejecutivo para tomar de manera unilateral decisiones que, de acuerdo con la experiencia de los últimos años, tendrían importantes repercusiones presupuestarias en varios ejercicios fiscales posteriores.
Asimismo, se pretende que los montos de deuda pública autorizados sean respetados al concertar créditos para el financiamiento de programas autorizados por los presupuestos de las entidades. El objetivo es evitar que exista la posibilidad de que el gobierno federal incurra en un monto de endeudamiento superior al autorizado por la cámara.
Se faculta también a los gobiernos estatales para que participen en la determinación del destino de los fondos que en caso de desastres naturales y otras eventua- lidades reciban directamente del Ejecutivo Federal.
Se considera que las entidades federativas deben tener injerencia directa en las decisiones respecto de las prioridades y usos que se deben dar a dichos recursos.
El texto considera que una de las principales desventajas que tiene la Cámara de Diputados frente al Poder Ejecutivo es en relación con la información, pues para poder ejercer a plenitud la facultad constitucional de discutir y analizar el Presupuesto de Egresos, la cámara debe contar con información suficiente, oportuna y veraz.
Se propone fijar un plazo de diez días para que la Secretaría de Hacienda dé respuesta a los requerimientos de los diputados, considerándose que en caso que el Ejecutivo no responda en el plazo mencionado, "se estaría adoptando una posición que no contribuiría al análisis y discusión, e incluso estaría faltando a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos".