Aunque los capitalistas tienen intereses que son comunes, el hecho de que sus capitales estén invertidos en ramas diferentes de la economía y que sean sus empresas de tamaño diverso determina que no estén ausentes los conflictos entre ellos. En los últimos días, el país ha sido testigo de dos controversias entre estos grupos. Por una parte, entre los banqueros y los industriales y, por la otra, entre los dedicados al comercio de importación y los productores nacionales.

En la reciente reunión de Acapulco, los banqueros señalaron que una de las condiciones para reactivar el crédito es que disminuyan sensiblemente los riesgos que para los bancos significa conceder un crédito. Para ello, los banqueros propusieron que, en caso de que el prestatario no esté en condiciones de devolver un crédito, los litigios se resuelvan rápidamente con el fin de que el banco pueda hacer efectivas las garantías que respaldan el crédito. En suma, que el banco pueda, en un plazo muy breve, apropiarse de los bienes del prestatario en caso de que éste no cumpla con sus compromisos de pago. Evidentemente que ésta es una condición que están pidiendo los banqueros a raíz de los sucesos desatados a partir de diciembre de 1994. Mientras no se satisfaga este requisito, la percepción de los banqueros de que la concesión de créditos implica, en las actuales condiciones, un riesgo elevado, determina que no estarán dispuestos a expandirlo, y que la tasa de interés que cobran se mantenga muy elevada con respecto a las que pagan por los depósitos. Evidentemente que los bancos ganan mientras más operaciones de crédito efectúen, pero en las actuales circunstancias prefieren sostenerse otorgándole préstamos al gobierno, lo que no implica ningún riesgo.

Los intereses de los industriales y de otros empresarios del sector no financiero son los opuestos: la expansión del crédito y la reducción de la tasa de interés.

El jueves de la presente semana, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) publicó un desplegado en la prensa en el que manifiesta su oposición al acuerdo adoptado por las Comisiones Unidas de Ganadería y Comercio de la Cámara de Diputados, que sostiene que México debe aplicar aranceles a las importaciones de carne, con el fin de proteger a la producción nacional. Esta resolución favorece a los ganaderos nacionales, que argumentan que la carne importada, que proviene básicamente de Estados Unidos, se está vendiendo en el mercado nacional a precios de dumping. Los comerciantes están en la posición opuesta: tanto los importadores de carne como sus distribuidores se benefician de estas compras al exterior. En su desplegado, la ANTAD sostiene que lo que está defendiendo son los intereses de los consumidores, dado que la aplicación de aranceles elevaría el precio de la carne en el mercado doméstico. Evidentemente, que lo que directamente les interesa es defender sus ganancias, lo que es completamente lícito, dado que esto reducirá la demanda por productos cárnicos.

En los últimos años, las decisiones gubernamentales en materia de política económica se han inclinado claramente a favor de los banqueros y de los importadores. Los primeros han sido beneficiados con programas de rescate pagados por todos los que en el país pagan impuestos, mientras que la apertura comercial, al favorecer las importaciones, permitió el florecimiento de los comerciantes que se dedican a esta actividad.

Sin embargo, la economía de cualquier país está, en primer lugar, sostenida por la producción de bienes. La exportación de productos es la fuente fundamental de divisas del país, sin lo cual no se podrían financiar las importaciones. Por otra parte, la esfera de la producción es decisiva en la generación de ocupación, y si sector tras sector va siendo deprimida por las importaciones, se irán perdiendo empleos, lo que finalmente reducirá la capacidad de consumo de la población. Por otra parte, el papel que debe cumplir el sector financiero es, en primer lugar, apoyar a la producción, y no desempeñar el papel que primordialmente está cumpliendo en la actualidad, de financiar al sector público por la incapacidad de la Secretaría de Hacienda de captar impuestos.

De declaraciones del conjunto de los banqueros y de parte tan importante de los comerciantes como son los de las tiendas de autoservicio podría esperarse una opinión sobre la marcha del conjunto de la economía y del papel que a sus negocios le corresponde en su reactivación, yendo más allá de la defensa de sus intereses inmediatos. En el largo plazo, si no se estimula a la producción nacional, tanto banqueros como comerciantes resultarán perjudicados.