El día 20 del mes en curso el doctor Luis de la Barreda, ombudsman capitalino, compareció ante la Asamblea Legislativa para informar sobre las labores de la CDHDF. Señaló que de las 27 mil 259 quejas recibidas en los cinco años y medio de vida de la comisión, ya ha sido atendido 99.7 por ciento. La mayoría de los casos corresponde a deficiente procuración de justicia por dilación o irregularidades en las averiguaciones previas. Por intervención de la comisión han sido sancionados mil 330 servidores públicos, 21 de ellos con pena privativa de libertad.

Dijo que la tortura, aunque ha disminuido en frecuencia, sigue practicándose; se refirió a los tres casos de tormento, motivo de sendas recomendaciones, que han tenido lugar en el edificio de Arcos de Belén 23, donde se encuentran las principales oficinas de la Policía Judicial. Señaló que es urgente cancelar en ese inmueble, mediante una vigilancia sin precedente, toda posibilidad de que vuelva a ser escenario de uno de los sufrimientos más terribles a los que los agentes de la autoridad pueden someter a un ser humano.

En relación con el Programa Sérpico, cuyo objeto es reducir la frecuencia de algunos delitos, y que comprende el establecimiento de ''anillos de seguridad'' en los que las autoridades policiacas podrán detener a personas sospechosas de que van a cometer un delito, afirmó que tales detenciones ''serían ilegales si los policías las realizan de manera aleatoria, rutinaria y discrecional, pues no estarían ordenadas por escrito fundado y motivado de autoridad competente; no estarían además motivadas en los supuestos constitucionales de flagrancia o caso urgente, y no estarían fundadas legalmente, porque no existe disposición que permita detener a nadie por mera sospecha''. Aclaró que ''siempre será plausible toda acción gubernamental que, respetuosa de la legalidad y por ende de los derechos humanos, esté igualmente basada en estudios y diagnósticos confiables, y sea efectuada oportuna y eficazmente''. Dijo también que el programa incluye acciones que podrían ser eficaces para prevenir y combatir la delincuencia y que, tal como están descritas en el documento, no son violatorias de los derechos humanos: recabar, intercambiar y analizar información; actualizar el ''mapa de los delitos'', etcétera.

También expresó que las condiciones de las cárceles, sobre todo para los presos más desvalidos, siguen siendo ofensivas e inadmisibles, y que el principal problema que comparten los reclusorios varoniles es el hacinamiento, ya que con una capacidad real total para 10 mil 712 internos, albergan a casi 17 mil, lo que significa un sobrecupo de 6 mil. Esto evidentemente atenta contra la readaptación social de los delincuentes ordenada por la Constitución. Pero enfatizó que últimamente el principal problema en las prisiones, al que debe ponerse fin inmediatamente, es la muerte violenta, probablemente relacionada con la extorsión y el tráfico de drogas que algunos custodios e internos practican. En las últimas cinco o seis semanas, siete internos han sido privados de la vida y uno más se suicidó en distintos centros carcelarios de esta capital.

De la Barreda pidió a los diputados que prontamente sean aprobadas las propuestas que la CDHDF envió a la Asamblea hace ya varios meses: una, para agilizar el procedimiento de divorcio civil, necesario en casos de violencia intrafamiliar y para proteger a las víctimas de la violencia del agresor; y otra, para la creación de un centro de atención a las víctimas del delito.

Durante la sesión de preguntas y respuestas fue evidente que algunos diputados no habían estado atentos a las palabras del ombudsman. Unos le reprocharon haber dicho lo opuesto de lo que realmente dijo, y otros aprovecharon para atacar a los partidos contrarios. La CDHDF sigue realizando una labor sobresaliente en la defensa de la dignidad humana y en la lucha contra el abuso de poder. Ojalá que nuestros diputados reaccionen y se pongan a la altura de este esfuerzo.