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Mientras el precandidato del PRI Francisco Labastida Ochoa usa ahora el tema de la huelga en la UNAM para reiterarnos que su única oferta electoral rumbo al 2000 empieza y termina en la mano dura ųlo que subraya las visibles limitaciones de su triste idea de gobierno y lo muestra como un hombre acorralado y dispuesto a emplear el garrote en cuanto le impongan la banda tricolorų, esta semana la política de Gobernación en materia de derechos humanos estuvo a punto de asestarle un duro golpe al acuerdo de libre comercio entre México y la Unión Europea (UE).
El pasado miércoles 21, en Bruselas, el Comité de Relaciones Económicas Exteriores del Parlamento Europeo, mejor conocido como Comité Rex, aprobó la aceleración del acuerdo por una muy significativa diferencia. De los 23 miembros del organismo, 13 votaron a favor, siete en contra y tres prefirieron abstenerse. Hace apenas dos meses, 22 parlamentarios todavía consideraban que la UE debía culminar cuanto antes las negociaciones con la administración del doctor Zedillo, al tiempo que sólo uno se abstenía.
Un factor determinante para impulsar ese cambio de posturas dentro del Comité Rex fue una campaña de las redes europeas de solidaridad con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), las cuales, por medio de una lluvia de faxes, convencieron a siete parlamentarios de la necesidad de ejercer presiones diplomáticas sobre el "gobierno" mexicano para obligarlo a suspender sus prácticas represivas contra los disidentes, y pusieron a tres más en serias dudas.
A tal reorientación de criterios contribuyó, asimismo, la actitud de Roberto Albores Guillén, "gobernador" de Chiapas, quien después de la consulta nacional convocada por el EZLN sobre los derechos de los pueblos indios no ha hecho sino montar absurdas provocaciones para agudizar la violencia contra los más pobres de los pobres en la entidad que tan estúpidamente administra.
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En abril de 1998, el Comité Rex propuso al pleno del Parlamento Europeo la aprobación de un "Acuerdo interino de colaboración económica, coordinación política y cooperación comercial entre la UE y México", recordando que "al final del proceso" aún tendría la facultad de manifestarse sobre los resultados concretos del pacto en sus diversos ámbitos, entre ellos, el de los derechos humanos.
El acuerdo provisional fue ratificado 30 días más tarde, pero con base en tal precedente, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), que en febrero de 1998 había visitado distintas comunidades zapatistas y reportado múltiples atropellos cometidos por la policía y las fuerzas armadas en contra de los indígenas, ahora, en una carta fechada en Barcelona el 19 de los corrientes y dirigida a los integrantes del Comité Rex, escribió las lí-neas que siguen:
"Al margen de las cuestiones más relacionadas con los aspectos comerciales (de la negociación), consideramos que una de las principales razones que desaconsejan la inmediata aprobación del acuerdo es que, pese a que se diga lo contrario, la situación de los derechos humanos en México, lejos de apuntar mejoras en los últimos meses, denota un empeoramiento preocupante, tal y como viene siendo denunciado insistentemente por numerosas organizaciones tanto mexicanas como internacionales."
Para documentar ese punto de vista, la CCIODH citó, íntegro, el primer punto del reciente informe presentado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU durante el 55 periodo de sesiones de ese organismo mundial, texto que a la letra dice:
"La situación de los derechos humanos en México continúa deteriorándose. Los diferentes órganos de la ONU especializados en la protección de aquéllos, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA dan cuenta de lo anterior. México ocupó uno de los primeros lugares respecto al número de denuncias de muerte en detenciones registradas por el relator especial de Ejecuciones Sumarias de Naciones Unidas y el tercer lugar en denuncias de desaparición presentadas ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, según sus recientes informes.
"Por otro lado, la CIDH asentó que la práctica de las detenciones ilegales en México constituye una seria violación de los derechos humanos, por su carácter sistemático. Al mismo tiempo, el Comité Contra la Tortura concluyó que en México se practica la tortura de manera sistemática, especialmente por la Policía Judicial y, en el último tiempo, por efectivos de las fuerzas armadas bajo el pretexto de la lucha subversiva y contra el narcotráfico. El relator especial sobre Tortura confirmó que la tortura es frecuente en muchas partes de México."
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Desde México, por su parte, la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos también escribió al Comité Rex para advertirle que el Parlamento Europeo no ha desarrollado "mecanismos específicos para promover los derechos humanos" en nuestro país, a lo que se comprometió el 13 de mayo de 1998 en Estrasburgo, Francia, cuando aprobó la ratificación del acuerdo interino y dispuso que vería la posibilidad de "acelerar" las negociaciones en la medida que la situación de los derechos humanos ofreciera avances palpables. Por eso, el pasado martes la Red añadió en su carta:
"En este momento crucial es, por lo tanto, crítico que el Parlamento Europeo no acelere el proceso de ratificación del acuerdo. Es importante que ejerza su influencia para disminuir las violaciones a los derechos humanos", entre las cuales destaca "la militarización del país y el incremento de las fuerzas paramilitares", y sugiere que se adopten "mecanismos de promoción de derechos humanos" como, por ejemplo, un enlace entre el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que pudiera celebrar reuniones anuales.
Abrumados, pues, por el cúmulo de evidencias que ilustran el desorden provocado en México por la política de la fuerza a espaldas de la ley ųtan cara al precandidato Labastidaų, un considerable número de parlamentarios del Comité Rex, que en febrero aún creía en la utilidad de apresurar sus tratativas con los representantes del doctor Zedillo, cambió su voto de apoyo a última hora y lo dio en contra o bien decidió abstenerse en espera de alguna reacción favorable de nuestro "gobierno".
Eso no significa sino que, el próximo 4 de mayo, en la asamblea plenaria del Parlamento Europeo será debatido el problema de los derechos humanos en México porque no hubo al respecto una clara mayoría en el Comité Rex.
Así, las tropelías de Roberto Albores, las piruetas extralógicas de Emilio Rabasa, las amarguras militantes de Labastida Ochoa y las tenebrosas estructuras de terror que respaldan a todos ellos en Chiapas serán debatidas una vez más en un foro internacional que pondrá muy en alto el nombre de México.
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La UE, que según esto no tuvo empacho en impedir que la OTAN acometiera con sus temibles armas en contra del régimen de Slobodan Milosevic, resolverá dentro de unos días si procede o no establecer y desarrollar un acuerdo de colaboración económica, coordinación política y cooperación comercial con un país donde a diario ocurren hechos como los que a continuación se detallan.
El pasado martes 20, en Tlapa, Guerrero, el señor Faustino Basurto de los Santos, que volvía desde Sinaloa donde había trabajado como jornalero en compañía de su hijo y de su hermano, bajó de un autobús con ellos en la estación de aquella población a las tres de la mañana. Como hacía calor, salió a la tiendita de enfrente a comprar una botella de agua, cuando un grupo de agentes entró en la terminal a realizar una inspección de rutina.
Alarmado por el bullicio que provocó la intrusión de los desuniformados, don Faustino regresó rápidamente a averiguar qué sucedía y fue herido de muerte por una de las balas que de buenas a primeras comenzaron a disparar los judiciales que de inmediato, y por supuesto, huyeron de la escena a toda velocidad.
Cuatro días antes, el viernes 16, en el Distrito Federal, agentes de la Policía Judicial Federal ingresaron de madrugada en las oficinas de una organización no gubernamental llamada Foro de Apoyo Mutuo (FAM) y sustrajeron todo el equipo de cómputo que contiene, desde luego, nombres de ciudadanos involucrados en distintas luchas sociales.
En Tijuana, Baja California, el periodista Sergio Haro Cordero, director del semanario Siete Días, sucesor de Jesús Blancornelas que meses atrás fue baleado por narcotraficantes, recibió amenazas de muerte por haber escrito un artículo en el que denunciaba vínculos entre la mafia y el juez que liberó a Jaime González, un capo señalado como autor intelectual del homicidio de Benjamín Flores, quien era a su vez director del diario local La Prensa.
En Veracruz, policías del municipio Ignacio de la Llave dispararon contra el campesino Reynaldo Espinoza Villanueva en la comunidad de Palma Cuata; cuando el pobre hombre salía de un baile, fue acribillado por la espalda.
Mientras tanto, en Oaxaca, en un pueblo denominado Santa Cruz Tepenixtlahuaca, alrededor de 600 personas armadas, dice el reporte, impidieron que la policía municipal evitara el linchamiento de los asesinos del joven Cenobio Ríos, hijo de Pablo Ríos, alcalde de Tataltepec, que a su vez había sido torturado en la plaza pública y asesinado por hombres al mando de Jesús Mendoza Pérez, funcionario del ayuntamiento.
También en Oaxaca, pero en el municipio de Jamiltepec, militantes del PRI a las órdenes del edil Martín Echeverría, desalojaron con lujo de fuerza a militantes del PRD que ocupaban el palacio de la alcaldía. Durante la agresión, ocurrida el lunes 12 de abril, los atacantes dieron muerte al señor Sixto Memije Monroy y tiraron su cadáver en el basurero del pueblo.
Al mismo tiempo en Chiapas, donde los jueces primero y segundo de distrito con sede en Tuxtla Gutiérrez están en vísperas de exonerar de toda culpa a un puñado de ex funcionarios públicos relacionados con la matanza de 45 indígenas el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, el "procurador" de "justicia" del estado mandó el pasado lunes 19 a 300 agentes de "Seguridad Pública" al municipio de El Bosque, supuestamente para "impedir que indígenas simpatizantes del EZLN y del PRD tomaran la alcaldía". En el municipio de Las Margaritas, simultáneamente, militantes del PRI secuestraban a cuatro campesinos, dos de ellos menores de edad, denunciados como bases de apoyo del EZLN.
Este es el México con el que desea asociarse la misma Unión Europea que a través de la OTAN bombardea al fascista Slobodan Milosevic.