Terminar un partido en un volado es dejar que los hombres se sometan al azar. Para evitar esta enajenación de nuestro destino, los universitarios no debemos dejar pasar la oportunidad de reflexionar a fondo los mecanismos de financiamiento de la UNAM, experiencia útil para el análisis de los otros centros de educación superior publica del territorio nacional. Esta tarea debe ampliar el horizonte de análisis y trascender los aspectos técnicos y cuantitativistas de pesos y centavos, sin duda importantes. Así pues, deberíamos empezar por el inicio. El artículo tercero de la Constitución, como se ha comprobado en la discusión, para un sector de la opinión pública y legislativa deja fuera de lugar el Reglamento General de Pagos de UNAM, mientras que para otros, éste no incurre en irregularidades. Diferencias que hacen indispensable e inaplazable modificar su estado actual, y cerrar el paso a la ambigüedad en su interpretación. Para esta clarificación es preciso enmarcar los aspectos esenciales del contexto social, educativo, económico de este país.

Un aspecto definitivo del nivel de desarrollo social, económico y productivo de una sociedad es el nivel educativo, y nuestro país en este rubro presenta síntomas alarmantes. Según un análisis de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), de cada 100 mexicanos que ingresan a la primaria logran, después de todo el recorrido de su formación educativa, egresan sólo siete de la educación superior y dos de la educación profesional media. Lo que representa un bajo nivel de formación de recursos humanos de alto nivel, indispensables para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos en general. La explicación de la fuerte deserción tiene razones de orden económico fundamentalmente. Frente a este panorama, resulta irracional que se impida la ampliación de la matrícula de la educación superior; por ejemplo, en la última convocatoria de la UNAM para ingreso a la licenciatura, se inscribieron más de 77 mil aspirantes y sólo se dio cabida a cerca de 7 mil 500. Esto no ayuda en nada al desarrollo de la nación, sino que por el contrario promueve su descomposición; por lo que resulta de alta prioridad impulsar el ingreso a la educación superior, y a todos los niveles. Recuérdese que siempre es necesario partir de la convicción, y sobre todo en países subdesarrollados, que la educación no es un gasto sino una inversión.

Por otro lado, en el terreno de la política fiscal, el sector de los trabajadores sigue cautivo de un sistema que ha sido implacable con él e ineficiente para mejorar la recaudación y promover la equidad: quienes más ganen más contribuyan; este mismo sistema ha exonerado al capital especulativo, que en cuanto desea incrementar sus ganancias sume a cualquier país en una profunda crisis. El gobierno mexicano tampoco ha sido eficaz para adecuar los mecanismos fiscales que contrarresten la desigual distribución de la riqueza. Sobre todo en un país como México que se ha caracterizado por una fuerte concentración del ingreso, donde 10 por ciento de la población más rica acapara 36.6 por ciento del ingreso, mientras que 20 por ciento más pobre apenas alcanza el 13.6 por ciento; según la OCDE en México el ingreso anual per capita es de 4 mil 304 dólares, casi 41 mil pesos, datos que el propio Centro Nacional de Evaluación (Ceneval) ha corroborado; este estado refleja el incremento de la polarización social, que sin duda impide a grandes sectores empobrecidos dedicar tiempo y esfuerzo a mejorar su calificación mediante el ingreso a la educación superior o profesional media.

En este contexto, apenas esbozado, el financiamiento de la educación superior, y del sistema educativo en su conjunto, debe poner en el centro del análisis los mecanismos y montos de asignación del gasto del gobierno, recursos que corresponden a la sociedad y que aquél sólo debe administrar de manera transparente y lo mejor posible, en beneficio de aquélla. Sin embargo, el gasto gubernamental hasta ahora se ha caracterizado por dedicar grandes sumas de recursos a sofocar incendios provocados por la errónea política económica, en que se han empeñado por lo menos las últimas tres administraciones, prueba de ello han sido los costosos programas de rescate económico y financiero de un pequeño sector de "empresarios"; por lo que es imprescindible que los recursos de la sociedad sean canalizados a las necesidades y rezagos educativos, destinando en forma y tiempo financiamiento adecuado a la educación. El argumento de que el gobierno está cumpliendo con la educación, sin duda que en este contexto es falaz, y resulta aún más indignante, cuando autoridades de diversa calaña pretenden que la sociedad aporte otra vez más.

Estos son apenas algunos puntos de partida de la reflexión y definición de las coordenadas para el inicio del dialogo sobre el financiamiento de la educación superior y en particular de la UNAM. Situado en esta perspectiva el análisis, su reflexión debe ser ventilada de frente y con la sociedad; mientras más opiniones existan, se enriquecerá aún más un proyecto de largo aliento sobre la universidad que pretende la sociedad para los tiempos venideros.

Empecemos por el inicio. Deroguemos el Reglamento General de Pagos, como resolvió la Consulta; regresemos a nuestros centros de trabajo y estudio y abramos un diálogo entre todos los universitarios con tiempo y una amplia agenda de los asuntos que incumben a este centro educativo. Sobre esta base se podrían construir los consensos para que se eleve a nivel de iniciativa de ley ante el Congreso de la Unión, de manera precisa y concisa, no una asignación asistencial, un financiamiento digno para hacer de la educación un mecanismo decisivo para que México acaricie la posibilidad de un país con expectativas de bienestar para su población, hoy tan marginada. Abordemos y resolvamos como universitarios los otros temas que hoy requieren definición. Aceptemos el reto e iniciemos la reflexión de manera colectiva y tomemos el destino en nuestras manos.