El conflicto estudiantil se ha desatado y las posiciones están polarizadas porque ni la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) puede tener un desarrollo con un presupuesto insuficiente (7 mil 516.9 millones de pesos), como en su momento lo calificó el mismo rector Francisco Barnés de Castro, ni se puede violentar un derecho constitucional que garantiza que toda la educación proporcionada por el Estado será gratuita. La única alternativa viable que se perfila, muy a pesar del secretario de Hacienda, José Angel Gurría, es que el Estado continúe con su mandato constitucional y destine a la UNAM los montos necesarios para la impartición de una educación digna, calculados por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 600 millones de pesos (adicionales a los presupuestados). Aunque el encargado de las finanzas del país asegure que no existen recursos suficientes para destinarlos a la enseñanza, o que para hacerlo se tendrían que descuidar otros rubros prioritarios del gasto social, basta con examinar el presupuesto de la dependencia que preside, así como los excedentes (20 mil millones de pesos) que se han obtenido en el primer trimestre del año, como resultado del comportamiento positivo de los precios del petróleo, sector del que se obtiene una tercera parte del total de los ingresos fiscales. Y es que con sólo suprimir los gastos superfluos y dispendiosos que se aplican en esa dependencia, se podrían cubrir las necesidades prioritarias de la educación media y superior que imparte el Estado. Esos gastos de altos funcionarios de esta dependencia, dados a conocer la semana pasada por la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), lejos de padecer la recesión, viven en Jauja, a través de solventadas comidas, gasolina, asesorías, viajes, etcétera y no sufrieron ajuste alguno; quedaron intactos ante las restricciones económicas presupuestadas para este año. Si acaso, se recortaron en 200 millones de pesos, señalados en la partida para regalos del subsecretario de Egresos. Sin embargo, los gastos en perfumería y todo tipo de regalos (302 millones de pesos), categorizados en el desglose del presupuesto como ''mercancías diversas'', no fueron suprimidos y ni siquiera modificados. Tampoco se dijo nada respecto de la denuncia del PRD sobre la nómina inflada en 872 millones. Al parecer, estos son los rubros prioritarios que tanto se empecina en defender José Angel Gurría, ya que disfruta personalmente de ellos. Resolver el problema financiero de la UNAM requiere de conciencia y voluntad política. Los recursos existen y se dilapidan de manera irresponsable. En términos de finanzas públicas, el problema de la UNAM es un asunto realmente menor: esto se pone en evidencia si se compara con el enorme costo fiscal que ha tenido el Fobaproa. Es decir, hay y habrá dinero suficiente para los banqueros, pero no para la UNAM.
Melée
La iniciativa para abrir el sector eléctrico al capital privado se viene cocinando desde el sexenio pasado, cuando el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) era Guillermo Guerrero Villalobos. En aquel momento (diciembre de 1992) se realizaron reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y a su reglamento (mayo de 1993); desde entonces se comentaba que el ahora ''asesor'' del presidente había influido en este aspecto, con base en los cambios que en la materia se habían realizado en Inglaterra y Gales. Aquí, las medidas rompían con el concepto de monopolio en la generación de electricidad, en figuras como el autoabastecimiento y la cogeneración, principalmente. Las nuevas centrales competirían con las de la CFE, en condiciones de equidad, reservando para el Estado el servicio público de energía eléctrica. En esta misma época, la CFE contrató a la consultora estadunidense McKinsey (misma que se encargó de la restructuración de Pemex), que determinó cuáles eran los centros de trabajo con menores costos y mayores ingresos, es decir, los más rentables de la empresa; todos estos procesos estaban encaminados, por supuesto, hacia la privatización. Hoy, sin embargo, la venta de activos del sector eléctrico deja de ser resultado de un solo deseo del Banco Mundial (BM), y en esta materia confluyen una multitud de intereses personales y de grupo, internos y externos. Sirva mencionar que en el Partido Acción Nacional (PAN), la diputada María del Pilar Guadalupe Valdés, quien está perfectamente ligada con grupos de empresarios regiomontanos interesados en el sector, últimamente ha insistido demasiado en la reforma presidencial que abrirá el camino a la iniciativa privada para adquirir la CFE... Los grupos financieros y los hombres de negocios más importantes del país ya tienen el nombre y el apellido de su candidato presidencial; le informaron al primer mandatario que sólo él lograría la tan anhelada estabilidad perdida, amén de que no tiene cuentas pendientes con ningún sector de la población. No revelamos su nombre pero, por supuesto, usted ya sabe de quién se trata. Un dato más: fue el jefe de Fox en Coca Cola.