n La iniciativa presidencial, sustancialmente modificada
Rechazan senadores propuestas excesivas en lo referente al CJF
n Se renovará el Consejo de la Judicatura al aprobarse la ley
Andrea Becerril n La iniciativa presidencial para reformar el Poder Judicial fue modificada de manera sustancial en el Senado de la República, y aunque las atribuciones y competencias del Consejo de de la Judicatura Federal cambian de raíz, se rechazaron las propuestas consideradas "excesivas" por los legisladores, que en la práctica nulificaban las facultades de ésta frente a la Suprema Corte de Justicia.
Uno de los cambios centrales incluidos en el dictamen que ayer concluyeron las comisiones dictaminadoras --y que hoy se discutirá ante el pleno-- es que al momento de promulgarse la nueva ley se renovará todo el Consejo de la Judicatura, a excepción del presidente.
Lo anterior significa que los seis consejeros actuales "concluirán sus funciones", y el nuevo consejo será electo mediante otro método de designación, también modificado por los senadores, que busca evitar favoritismos y establece que, además de haberse distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad, los designados por la Suprema Corte deberán gozar de reconocimiento en el ámbito judicial.
Las comisiones dictaminadoras, en las que participaron los ex ministros de la Corte José Trinidad Lanz Cárdenas y Salvador Rocha Díaz, y otros expertos en materia constitucional como el panista Juan de Dios Castro, rechazaron la propuesta de elevar a dos el número de consejeros electos por el presidente de la República, como planteaba la iniciativa del Ejecutivo.
De esta forma, el Consejo de la Judicatura Federal se integrará por siete miembros: uno será el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del consejo: tres consejeros designados por el pleno de la Corte de entre los magistrados de circuito y jueces de distrito, dos designados por el Senado y uno por el Presidente de la República.
Asimismo, en el dictamen se establece un escalonamiento en el relevo de consejeros, y que por esta única vez los periodos de los designados por la Suprema Corte de Justicia vencerán los últimos días de noviembre de 2002, 2004 y de 2006, respectivamente.
En cuanto a los consejeros designados por el Senado, concluirán sus funciones los último días de noviembre de 2003 y 2007, respectivamente, y el designado por el Ejecutivo Federal el último día de noviembre de 2005. Por ello se deberá señalar al momento de la designación cuál periodo corresponderá a cada quien, según se detalla en cuatro artículos transitorios al decreto por el que se reforman los artículos 94, 97, 100 y 107 de la Constitución.
En el dictamen, elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Justicia y Estudios Legislativos, se advierte que no es el objetivo subordinar de manera alguna a la Suprema Corte al Consejo de la Judicatura, pero tampoco establecer jerarquías. El objetivo, precisan, es mejorar y fortalecer al Poder Ejecutivo, y en ese sentido lograr que el Consejo de la Judicatura ejerza algunas de sus atribuciones en armonía con las de la Suprema Corte de Justicia.
"No es la intención crear una relación de jerarquía entre Suprema Corte y consejo", advierten las comisiones dictaminadoras, no sin hacer notar que consideraron "excesivas" algunas propuestas, entre ellas la referida a que la Suprema Corte pudiera ordenar al consejo la elaboración de acuerdos generales, así como revocarlos.
Por ello, los legisladores cambiaron la redacción de la propuesta presidencial de tal manera que la Corte "solicitará" al consejo la expedición de nuevos acuerdos, pero esto lo podrá hacer siempre y cuando sea convenientemente necesario para asegurar el adecuado funcionamiento de la función jurisdiccional federal, y sin perjuicio alguno de la decisión final en la materia, prerrogativa del propio consejo.
Además, consideraron que si se facultara a la Suprema Corte para modificar por sí misma los acuerdos del consejo, en la práctica se nulificaría la facultad de este organismo para expedirlos. De tal manera, establecen que la Corte podrá revisarlos y revocarlos en su totalidad, obligando así al consejo a expedirlos de nueva cuenta.
El dictamen está ya consensado entre el PRI y el PAN, aunque legisladores priístas como el ex ministro Salvador Rocha Díaz están en desacuerdo con los cambios por considerar que se impuso el punto de vista panista. Si se atreven a externar sus puntos de vista, habrá fuerte discusión en el Senado.