La Jornada miércoles 28 de abril de 1999
Opinión de la ANAD sobre la gratuidad de la educación
Señora directora: El proyecto nacional establecido en la Constitución Política, ley suprema de los mexicanos, se basa en la democracia de reconocer la soberanía de la voluntad general, y en hacer valer la justicia social para el beneficio colectivo; que establece los mandatos de protección de la seguridad de todos y enfatizando la de las grandes mayorías de pobres, en las garantías sociales de los artículos 3o., 4o., 123 y 27, que sancionan intocables principios en educación, salud, y empleo para todos, y un régimen igualmente social en lo agrario y en el patrimonio nacional.
La obligación expresa del artículo 3o. es que toda la educación pública sea gratuita (añadiendo al objetivo del acceso de todos, la gratuidad a todos, en la impartición pública). Por lo tanto, la precisión o modificación de tales términos constitucionales (aun para corregir la injusticia de trato igual a muy desiguales) corresponde legal y legítimamente sólo a la sociedad entera soberana, por ser una parte principal de su proyecto nacional (igual que los casos de la privatización del petróleo y de la industria eléctrica, que también pretenden reformarlo). Y en consecuencia, es un asunto que no cae dentro de las decisiones de autonomía académica y operativa de la UNAM, ni en las decisiones financieras de la política neoliberal, anticonstitucional, del actual gobierno federal, pero tampoco corresponde sólo a la comunidad universitaria. Por lo que el diálogo sobre la gratuidad de la educación debe extenderse a toda la sociedad, a través de una consulta popular, para consensar los términos del mandato del pueblo (mayoritariamente de escasos o nulos recursos) al gobierno y sus dependencias sobre la educación, como camino de oportunidad en un contexto de adversidad por la pobreza y desigualdad, para la esperanza individual de superación personal y movilidad social, y de elemento colectivo privilegiado para el desarrollo nacional y para la distensión política (más educación para menos revolución); a reserva de tratar el tema en un nuevo pacto social, sobre proyecto integral de país, y su consecuente nueva Constitución, en un congreso constituyente que confirme el origen político y democrático de la ley, para expresar la voluntad general soberana sobre el bien común, y resuelva la disputa por la nación entre la dominante libertad del capital monopólico y la opción por la persona humana, la mayoría y los pobres.
Por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos: Adalberto Saldaña, Emilio Krieger, Oscar Alzaga, Estela Ríos, Jesús Campos, Ernestina Godoy, María Luisa Campos, José Luis Contreras, María Rosa Arranz, Jorge Fuentes Morúa y otros más
Antropólogos rechazan proyecto de ley
Señora directora: En diversos artículos periodísticos se ha informado sobre la intención de ingresar a través de la Cámara de Senadores un proyecto de ley sobre el patrimonio cultural de la nación, que vendría a sustituir a la actual Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, vigente desde 1972, en la cual se destaca el carácter del patrimonio arqueológico como propiedad de todos los mexicanos y se atribuyen las tareas sustantivas de investigación, protección, conservación, difusión y formación de especialistas en las diversas ramas de la antropología e historia al Instituto Nacional de Antropología e Historia, y las de proteger y conservar el patrimonio artístico al Instituto Nacional de Bellas Artes.
A pesar de que desconocemos el contenido íntegro del mencionado proyecto, por lo expresado en los medios informativos consideramos que el proyecto atenta no sólo contra el patrimonio arqueológico, al abrir la posibilidad de privatizar su propiedad y al dejar la normatividad y la aplicación de esta propuesta de ley en manos de personas que carecen de la formación profesional en la materia, sino que restringe, y en ocasiones anula, las tareas sustantivas del INAH y el INBA.
Como antropólogos colegiados nos oponemos a esta iniciativa, porque no cuenta con el consenso y aval de los profesionistas, y como ciudadanos, porque no debemos permitir más que en este país se sigan imponiendo leyes, reglamentos o normas en los cuales nuestros legisladores no tomen en cuenta la opinión de los ciudadanos que los elegimos como nuestros representantes.
Maestra Noemí Castillo Tejero. Presidenta del Colegio Mexicano de Antropólogos, AC
Precisiones de Emilio Rabasa
Muy querida Carmen: Deseo referirme a la nota de la reportera Andrea Becerril que apareció el día de ayer en la página 12 de La Jornada, con motivo de la impugnación que formuló el senador del PAN Francisco Molina Ruiz sobre la propuesta de ascensos en el Ejército Mexicano. El tema no era el conflicto en Chiapas o el desempeño de un servidor. Sin embargo, según se transcribe en la nota, el señor senador, fuera de tema, aludió a mi persona y a la supuesta percepción de ''100 mil pesos al mes como coordinador para el diálogo en Chiapas, sin que haya logrado resolver el conflicto''.
Sobre el particular, deseo precisar lo siguiente:
1. Ni remotamente percibo esa cantidad. Mi ingreso se ajusta a la categoría de ''coordinador'' que marca el tabulador de sueldos del gobierno federal aprobado en el Presupuesto de Egresos, entre otras fracciones parlamentarias, por la del partido político del señor senador. Consecuentemente, lo invito a que públicamente exhiba prueba alguna que acredite la percepción que indicó o de lo contrario rectifique su afirmación.
2. Permanentemente he informado sobre los avances del gobierno federal para solucionar el conflicto en Chiapas. Sabe bien la opinión pública del esfuerzo por atender las causas sociales de fondo del problema, combatiendo el rezago social en la entidad; de la asistencia social gubernamental y el retorno de familias desplazadas a sus comunidades de origen; del esquema que ha prevenido mayores brotes de violencia; de la restructuración de la fuerza pública mediante convenio con el gobierno del estado y, desde luego, de toda las iniciativas políticas dirigidas a restablecer el diálogo que el EZLN suspendió unilateralmente desde 1996 incumpliendo con los acuerdos de San Miguel y que reiteradamente se ha negado a retomar.
Si el señor senador Molina Ruiz estima que la información ha sido insuficiente, con mucho gusto le puedo proporcionar información adicional. Asimismo, y cuando lo estime conveniente, lo invito a dialogar sobre resolución de conflictos en general y el de Chiapas en particular. Seguro estoy de que sus ideas y propuestas me serán de gran utilidad.
Emilio Rabasa Gamboa
coordinador para el
diálogo y la negociación en Chiapas
Maestros del CCH por abrogar el reglamento de pagos de la UNAM
Señora directora: Profesoras y profesores del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Sur, hacemos un llamado a las autoridades de nuestra institución para abrogar el actual Reglamento General de Pagos y se establezcan las bases de un análisis colectivo y consensos generales de la comunidad universitaria ųestudiantes académicos y trabajadoresų sobre este punto.
También pedimos la suspensión de toda amenaza, violencia o agresiones y la no aplicación de sanciones a ningún miembro de nuestra comunidad, como requisito indispensable para establecer el diálogo en un espíritu verdaderamente universitario.
Hacemos un llamado a que nuestra comunidad universitaria, y en particular los estudiantes, abramos la reflexión colectiva de los tiempos, condiciones y formas del diálogo como la única garantía para resolver el conjunto de la problemática de nuestra casa de estudios.
Convocamos a los académicos de nuestro plantel a reunirnos el próximo miércoles 28 a las 9:00 y 17:00 horas en la entrada del CCH Sur.
Gloria Piñón, Antonio Lee Chong, Jesús Pacheco Martínez, Efraín Cruz Marín, Pilar Candela Martín, Guillermo Rubio Camacho, Darío Hidalgo Morales, Oliva Ramírez, Carmen Georgina, Alfonso González, Pedro Hernández, Gabriel de Anda, Daniel Vázquez, Roberto Garrido Carmona J. Manuel Salmones, Ignacio Hernández
Convocan a participar en el Encuentro por la Universidad
Señora directora: Estudiantes de distintas facultades y escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México convocan a académicos, alumnos, trabajadores y egresados de la UNAM y de otras instituciones de educación superior, así como a la sociedad civil en general, a participar en el Encuentro por la Universidad, a realizarse los días 11, 12 y 13 de mayo en el Centro Cultural Universitario para analizar y discutir los siguientes temas:
ųFinanciamiento de la educación media superior y superior.
ųIngreso, permanencia y egreso en la UNAM.
ųEstructura y formas de gobierno de la universidad.
ųReforma académica.
ųDocencia e investigación.
Cada tema será abordado en una mesa de discusión.
Los asistentes a este encuentro podrán participar presentando ponencias sobre cualquiera de los cinco temas indicados o en las discusiones que al respecto se generen. Las ponencias deberán tener una extensión máxima de siete cuartillas.
El registro de ponencias se realizará en el CCU y en el salón 204 de la Facultad de Filosofía y Letras, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas, en la siguiente dirección electrónica: [email protected], o vía fax: 55-88-26-87. La fecha límite para la recepción de ponencias es el 7 de mayo de 1999.
Comité organizador del Encuentro por la Universidad.
Santiago Rincón Gallardo, Ana Alvarez Velasco, Tanía Espinoza de la Garza y Natalia González
Citan a reunión sobre segundo encuentro de la sociedad civil
Señora directora: Invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas, a las organizaciones sociales, civiles y políticas a una nueva reunión donde coordinaremos esfuerzos hacia el segundo encuentro de la sociedad civil convocado por el EZLN. También discutiremos y planearemos acciones para enfrentar otros graves problemas nacionales. La cita es este miércoles 28 de abril a las 18 horas en el Movimiento Ciudadano por la Democracia, ubicado en Tamaulipas 66, colonia Condesa.
Ciudadanos Independientes, Misión Civil por la Paz, Red de Apoyo a la Causa Zapatista, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Creadores, Académicos e Intelectuales (CAI), Red de la Sociedad Civil, Movimiento Ciudadano por la Democracia, CNPI-CNI, UAMeros por la Paz, Alternativa Socialista, PRT, Colectivo Estudiantil, Partido de la Revolución Democrática, CNTE-SNTE Sección IX, Comité de Apoyo Zona Norte, Maderas del Pueblo-CNI, Ce-Acatl-CNI, Taller Universitario de Derechos Humanos, Estudiantes UAM-Xochimilco y varias organizaciones más