Emilio Pradilla Cobos
Universidad pública, sociedad y política
Las universidades públicas (UNAM, UAM, IPN, UPN) son instituciones cuya legislación se aprueba en el Congreso Federal; se financian con los impuestos que pagan los mexicanos y están sujetas a la Ley de Presupuesto aprobada anualmente por la Cámara de Diputados; forman a los intelectuales y técnicos para el desarrollo, y son instrumento de la movilidad, integración e inclusión social. Lo que en ellas ocurra es de interés público y forma parte de la política.
El conflicto en la UNAM ganó las calles de la capital y es asunto de todos sus habitantes. Una manipulada lectura de la autonomía universitaria pretende impedir a los ciudadanos que expresemos nuestra opinión sobre el tema; aceptarla permitiría que el gobierno federal, su partido y las autoridades universitarias que aplican su política, decidan autoritariamente su destino sin la participación democrática de los ciudadanos y los universitarios mismos.
El conflicto en la UNAM saca a flote hechos, válidos para otras universidades, que es necesario discutir públicamente. La crisis económica de las universidades tiene dos componentes: la política gubernamental de recortar, en el largo periodo, su presupuesto real para orientar recursos que subsidien al capital y salven empresarios ineficientes (banqueros, constructores, etcétera); y el manejo discrecional, ineficiente y suntuario de los recursos por las autoridades universitarias, usando a los órganos colegiados como desinformadas instancias validatorias, sólo formalmente democráticas. Por ello, las universidades buscan elevar sus ingresos recurriendo a colegiaturas y cuotas por servicios, esencialmente elitizantes, o convirtiéndose en vendedoras mercantiles de servicios. Estas salidas son parte de la política neoliberal hegemónica y de la "segunda generación" de reformas al Estado, empujada por los organismos miltinacionales del capitalismo globalizado y los Estados subordinados en todo el mundo. La educación superior, como toda la impartida por el Estado, debe ser gratuita, entre otras cosas porque la paga la sociedad con sus impuestos; cobrarla es imponer una doble carga a los padres de familia y/o los alumnos. Es un asunto de principios sociales, no contable ni de eficiencia.
El PRI-gobierno, los medios "informativos" que le sirven, las autoridades universitarias y los ultraconservadores, con una agresividad sólo explicable en el marco de la crisis del régimen político y del proceso electoral en curso, usan los métodos del macartismo anticomunista del pasado contra el movimiento estudiantil --que minimizan, desconocen y satanizan como "títere y suma de vagos y violentos" (inaceptable agresión contra nuestros hijos)-- y el PRD (sobre todo al capitalino), señalado como "fuerza oculta" detrás del movimiento, con la gastada idea de la "oscura conjura externa". Quienes hacen política abierta en favor del proyecto educativo neoliberal elitizante, empobrecedor y excluyente y del régimen que lo impone, pretenden que los universitarios, los ciudadanos y su representación política observen silenciosos cómo se domestica, destruye y desnaturaliza esta institución pública fundamental y se calla a sus sectores críticos. Lo que está en discusión es la universidad en el proyecto futuro de nación, que es un tema político.
Reclamamos para las comunidades universitarias los derechos democráticos a la crítica, organización y movilización y de adopción de las ideas políticas y la militancia partidista que desee cada uno de sus integrantes. El lema "fuera política de la universidad", aplicado sólo a los sectores progresistas, es ocultador y niega la naturaleza social y política que es su esencia. Creemos en la necesidad de una profunda transformación de la universidad pública, pero no la que quiere aplicar el gobierno priísta a través de las autoridades subordinadas. Este cambio debe formar parte de un proyecto democrático e incluyente para el país, soberano, no subordinado a los dictados de los organismos internacionales y los países hegemónicos. Ni las recetas neoliberales locales ni la aplicación irreflexiva de los cambios impuestos por organismos multinacionales (FMI, Banco Mundial, OCDE) ni la mercantilización ni la simulación de la calidad mediante una telaraña de evaluaciones productivistas garantizan el desarrollo de la universidad que requiere México.