PGR: LEGALIDAD E INEFICIENCIA

En su comparecencia ante la Cámara de Diputados, ayer, el procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, dio una larga, detallada y exhaustiva explicación sobre la actuación de la dependencia que encabeza en el caso del ex gobernador quintanarroense, Mario Villanueva Madrid, acusado por su presunta colusión con el narcotráfico, y actualmente prófugo. Madrazo señaló que la PGR no pudo actuar contra Villanueva antes de que éste abandonara el cargo porque disfrutaba de fuero; argumentó que no se inició el proceso de desafuero porque éste habría sido largo y tenía más sentido esperar el término del mandato ųy, por lo tanto, de la inmunidadų del gobernador; expuso con minuciosidad las disposiciones constitucionales y legales que justifican esta manera de proceder; informó que el presunto delincuente pudo darse a la fuga porque contó con la protección del aparato policial de Quintana Roo y de elementos de la propia PGR; refirió que él mismo ųMadrazoų y otros integrantes de la procuraduría fueron objeto de amenazas y de intentos de procesos legales e institucionales por parte del ahora inculpado; desmintió las acusaciones de Villanueva en el sentido de que funcionarios de esa institución habrían atropellado sus derechos humanos y legales y destacó que, por el contrario, la dependencia a su cargo actuó en el más estricto respeto a esos derechos.

Tras la lectura del documento las conclusiones inevitables son que, en materia de impartición de justicia, el apego a la legalidad es incompatible con la eficacia; que cualquier mandatario estatal que incurra en acciones delictivas tiene asegurada la impunidad una vez que abandone el cargo; que la Nación carece de los recursos legales y humanos para actuar en tales casos, y que buena parte del personal de las corporaciones policiales estatales y federales responde a órdenes de las mafias del narcotráfico y no a las instrucciones de sus superiores institucionales. Si esa fuera la percepción de las autoridades en materia de combate al narcotráfico y la delincuencia organizada, el texto del procurador tendría que entenderse como una admisión casi explícita de una derrota del Estado frente a esas actividades ilegales.

Finalmente, de lo dicho por Madrazo resalta el carácter tardío de las investigaciones en torno a Mario Villanueva. En efecto, el visible y escandaloso poder alcanzado por el narcotráfico en Quintana Roo, sólo explicable por la complicidad de los altos niveles de la administración estatal y por la colusión de servidores públicos de los tres niveles de la administración, es un secreto a voces ųen ese estado y en el paísų desde principios de esta década. Sin embargo, la PGR ųencargada de perseguir, de oficio, el tráfico de enervantesų no tuvo indicios de la presunta responsabilidad del ahora ex gobernador sino hasta ''el primer semestre de 1997'', y eso por un individuo que refirió ''comentarios de terceras personas'' en ese sentido.

En suma, las explicaciones del abogado de la Nación a los diputados son tan descorazonadoras como la propia actuación de la PGR en este episodio.