El conflicto en la UNAM es producto de una decisión normativa largamente anhelada por las autoridades universitarias, es decir, el incremento de las cuotas estudiantiles. La huelga es una respuesta a esa decisión.

Mientras las autoridades tomaron su acuerdo sin preguntar a los estudiantes y profesores su opinión al respecto, sino solamente a los consejos técnicos --que son también autoridades-- los estudiantes procesaron su respuesta a través de diversos métodos, pero fueron los únicos que realizaron un plebiscito abierto sobre el tema de las cuotas y, en varias escuelas, votaron la huelga en urnas.

El actual es el primer movimiento estudiantil plebiscitario, al menos en una gran parte, lo cual es innovación significativa. Las autoridades, por su lado, han procedido en la forma de siempre.

La universidad evidencia un retraso considerable en cuanto a procedimientos democráticos institucionales, pues el país ha dado pasos importantes, aunque iniciales, en tal dirección.

Debido a que el conflicto no tiene un contenido esencialmente económico para la institución universitaria, ya que las cuotas no servirían para superar las carencias financieras de la UNAM, sino que es el medio para proclamar la victoria de la tesis ideológica de que la educación es una mercancía, la vía de toma y daca podría resultar intransitable.

Asimismo, la negociación a la que convoca el rector tiene dos puntos complicados. El primero de ellos es que se llama a negociar sin condiciones y, al mismo tiempo, se anuncian dos de éstas: que el diálogo sea a puerta cerrada y que no se discuta más que el asunto de las cuotas. El segundo consiste en que el regateo tiene poco espacio en la eventual negociación, pues mientras que las autoridades desean cuotas, aunque sean pocas e, incluso, incobrables, los estudiantes huelguistas objetan el concepto mis- mo de cuota universitaria.

En realidad, el argumento a favor de las colegiaturas se podría aplicar a la primaria y la secundaria si no fuera por el impedimento constitucional, pero se sabe que la Carta Magna puede ser modificada o violada, como ya lo ha sido en innumerables ocasiones.

En medio de esta situación y ante el innegable éxito de la huelga, las autoridades y el gobierno federal se empeñan en desviar la atención mediante la acusación contra el PRD de que interviene en el conflicto. Ese partido, como cualquier otro, tiene el derecho indiscutible de opinar sobre cualquier asunto público e, incluso, podría válidamente expresar su solidaridad hacia una causa que considerara justa.

Sin embargo, el PRD no existe organizadamente en la UNAM, ni cuenta con el menor instrumento para uniformar la acción de sus miembros dentro de las instituciones educativas. La verdad es que ningún partido está actuando en la Universidad ni puede hacerlo.

El conflicto universitario tendrá que resolverse, como se ha dicho, en la universidad y dentro de la comunidad universitaria, sin que el gobierno se entrometa mediante acciones de fuerza que podrían llevar las cosas a un terreno mucho más complicado.

Por todo esto, no parece haber mejor salida a un conflicto que nunca debió provocarse que la votación entre los universitarios para que éstos decidan por mayoría.

Se dirá que tal idea es contraria a la ley, pero no debemos olvidar que la universidad tiene capacidad constitucional para gobernarse a sí misma, y una votación tendría que ser considerada como un acto de decisión en la medida en que la admitiera el Consejo Universitario, donde el rector cuenta con una mayoría suficiente.

Una enseñanza histórica es que los estudiantes casi nunca han logrado establecer reglas en la UNAM, pero muy pocas veces ha sido posible que éstas se impongan con el rechazo de la mayoría de los alumnos. El presente conflicto es el tercero que se provoca por la decisión de incrementar las cuotas y, como declaró un senador del PRI, lo mejor sería ya no seguir insistiendo en lo mismo. Pero como las autoridades sostienen la tesis de que la mayoría del estudiantado admite el pago de las nuevas cuotas, y por tanto, no aceptan el resultado de la consulta realizada antes de la huelga, no parece haber mejor vía de solución que el voto, el cual ubicaría las cosas en sus términos justos en la medida en que todas las partes se obligan a respetar el resultado.