El gobierno Zedillo ya recibió la mala noticia: México quedó excluido de la Línea de Crédito de Contingencia, aprobada por el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) el domingo pasado.

Esta línea de crédito está diseñada para apoyar economías amenazadas de contagio por inestabilidad cambiaria. Es el nuevo carro de bomberos que el FMI pone a disposición de los países que han acatado sus instrucciones y, por consiguiente, se han hecho más vulnerables.

Pero el acceso a este recurso ha quedado reservado a naciones que no estén utilizando los recursos normales del FMI. Y como México todavía tiene pendientes 8 mil millones de dólares por el apoyo recibido para enfrentar la crisis de 1995, automáticamente queda excluido.

Ortiz y Gurría, bien portados discípulos del FMI, no esconden su molestia. ¿Qué querían? La respuesta es clara: querían acceso irrestricto al cuartel de bomberos FMI en caso de un nuevo incendio.

El despliegue publicitario del Banco de México y la Secretaría de Hacienda sobre el acceso a este apoyo para enfrentar una ``eventual'' crisis de fin de sexenio se quedó en el vacío.

La publicidad ahora se revierte contra el gobierno. El insistió mucho en que esta línea de crédito contingente sería un blindaje para prevenir la crisis. Si ahora la economía mexicana carece de esa protección, se concluye que el espectro de una ``nueva'' crisis (que se fusionaría como telescopio con la anterior) es una realidad. Aumenta la incertidumbre que se buscaba desterrar.

Para interpretar este nuevo fracaso, hay que observar que la política macroeconómica del gobierno Zedillo sigue dominada por consideraciones de corto plazo y por un diagnóstico equivocado sobre las raíces de la crisis de 1994-95. Se piensa que aquella fue una de tipo financiera, no una explosión asociada al desempeño de un modelo inconsistente, pero si sólo se hubiera tratado de una crisis financiera o cambiaria, la economía mexicana no hubiera sufrido los daños que la doblegaron. Pensar la explosión de 1994 como simple crisis financiera es una muestra más de la incompetencia de los economistas oficiales.

Además, las contradicciones internas del modelo neoliberal conspiran contra el gobierno y sus pretendidos objetivos estratégicos para el fin de sexenio. El tipo de cambio ha vuelto a experimentar una fuerte apreciación, pero no como resultado de la buena salud de la economía mexicana, sino como efecto de la rigidez al ajuste cambiario inherente al modelo neoliberal. El ingreso de capitales, aún en cantidades limitadas y las políticas del Banco de México han permitido sostener y revaluar el tipo de cambio. En la actualidad, su sobrevaluación rebasa 18 por ciento. Igual que en 1994, se pretende dar garantías a la inversión extranjera de que la economía mexicana no va a sufrir una devaluación brusca. Los únicos que atienden el llamado son los especuladores y también, como en 1994, cuando lo crean conveniente abandonarán el espacio económico mexicano.

El regreso a los mercados de capital se buscará colocando papeles en el exterior. Pero el FMI ahora sugiere la conveniencia de incluir una cláusula en los bonos emitidos por las llamadas economías emergentes para advertir sobre los riesgos que pueden correr los inversionistas. Para el gobierno de Zedillo esta afrenta es imperdonable. Dadas las limitaciones de su modelo económico, la colocación de bonos ha sido la piedra de toque del manejo de la deuda externa y ha servido ganar un poco de tiempo. Pero después de tantos descalabros, hasta el FMI busca imponer algunas advertencias al consumidor-inversionista: el uso excesivo de este producto puede ser nocivo para su salud.

Mientras tanto, la fortaleza del peso acentúa los desequilibrios del sector externo. Y para contrarrestar las tendencias negativas en la balanza comercial, el gobierno responde con lo único que sabe hacer: frenar la actividad económica. Por eso las políticas monetaria y fiscal provocan ya un desempeño recesivo de la economía mexicana, con el fin de reducir el déficit externo y controlar la inflación.

Esta es la única política para desterrar la crisis ``de fin de sexenio''. El gobierno de Zedillo impuso esta receta, como respuesta al estallido de diciembre 1994. Al final de su gestión, la vuelve a imponer como medida preventiva.

Envuelto en sus contradicciones, el gobierno mexicano insiste en contar con un FMI que sea rescatista de último recurso. Esta vez, sus pretensiones no han sido atendidas.