El 12 de septiembre de 1986, en vísperas de las vacaciones estudiantiles interanuales, el Consejo Universitario, después de 16 horas de sesión continua, aprobó las reformas propuestas por el rector Jorge Carpizo que modificaban las condiciones de ingreso, evaluación y permanencia de los estudiantes en la UNAM.

Pese a las vacaciones y a las fiestas decembrinas, a finales de enero de 1987 la UNAM estaba en huelga. Además, dos organizaciones de profesores e investigadores con alto grado de representatividad, el Consejo Académico Universitario y Academia Universitaria, aparecieron como inesperados actores en el proceso. La administración central ya no podía arrogarse la investidura con la que pretende siempre hablar a nombre de toda la Universidad.

El diálogo público acordado por las partes y transmitido por Radio UNAM, alcanzó una audiencia jamás lograda por la estación. Dicho diálogo evidenció no sólo la enorme pluralidad y riqueza intelectual, cultural e ideológica de la institución, sino también el hecho de que la visión de la Universidad que tenían las autoridades era sólo una, entre tantas otras existentes.

Finalmente, después de dos grandes movilizaciones al Zócalo, el gobierno y el rector cedieron. El 11 de febrero, el Consejo Universitario aprobó la suspensión de las reformas acordadas apenas cinco meses antes y la realización de un Congreso General Universitario. Sin embargo, éste se efectuó ¡cuatro años después de acordada su realización!

Hoy como ayer las autoridades insisten en una visión obsesiva de la Universidad en la que los estudiantes aparecen como el origen de todos los males. Para esta visión no hay prioridad mayor en la agenda universitaria que la regulación o desregulación del orden estudiantil. Con esto, se pretende transferir las propias responsabilidades al sector aparentemente más débil de la comunidad, olvidando inexplicablemente que los excesos del autoritarismo han provocado movilizaciones estudiantiles que hoy todos reconocen como valiosas contribuciones al avance de la sociedad mexicana.

No se trata de dejar de lado el conjunto de los problemas que atañen a los estudiantes, sino de abordarlos al margen de obsesiones y fobias generacionales. Por desgracia, la estructura de gobierno de la institución no permite mayor participación de estudiantes, profesores e investigadores en la toma de decisiones fundamentales.

Por su carácter unilateral, sorpresivo y arbitrario, las modificaciones al Reglamento General de Pagos constituyen una agresión y una provocación contra la comunidad universitaria. El único responsable de la desestabilización que vive la UNAM es el rector Francisco Barnés. La magnitud de su despropósito se advierte si recordamos algunos de los temas discutidos en el frustrado Congreso Universitario de 1990: Universidad y sociedad. Formación académica y planes de estudio. Métodos de enseñanza y aprendizaje. Permanencia y titulación. Condiciones materiales de estudio. Investigación. Extensión y difusión. Presupuesto. Gobierno y administración.

Hoy el rector quiere imponer un debate que empieza y termina en las cuotas. Ni siquiera propone discutir a fondo el problema relacionado con el presupuesto. La Universidad no se discute a partir de las cuotas. Los estudiantes tienen razón. Su respuesta se asemeja a la de los estudiantes de 1986, lo cual no obedece a participación alguna de líderes de otros tiempos o a conspiraciones ajenas a la Universidad: simplemente, ante la imposibilidad de ser tomados en cuenta, se ejerce de manera legítima y legal el derecho de huelga, exigiendo la derogación o suspensión de las reformas tomadas de manera arbitraria y la reflexión colectiva sobre la Universidad considerada como un todo.

La Universidad no son sus autoridades. Estas ni siquiera son representativas de sus sectores fundamentales. Su función es administrar recursos y coordinar actividades. No tienen derecho a hablar a nombre de toda la Institución y a repartir excomuniones. La Universidad somos los estudiantes, los profesores y los investigadores, esto es, quienes realizamos las tareas sustantivas de la Institución.

Lamento la paralización de las actividades en la UNAM. Lamento también la vuelta al lenguaje ominoso de la intolerancia y la descalificación que emplean el rector, el gobierno, las televisoras y casi todos los medios de difusión, en un momento en que, se supone, todos los mexicanos procuramos avanzar hacia la pluralidad y la democracia.

Confío, sin embargo, en que la razón y la capacidad de organización de los estudiantes vuelvan a dar una lección a sus mayores.

Las autoridades deben superar sus obsesiones e intolerancias y ofrecer una negociación seria a los estudiantes. Sólo así podrá superarse el conflicto.