PAGINA 9 Ť Lourdes Galaz
Confirmado: PRI y PAN renuevan su alianza

* Habrá reforma electoral este verano * Legislan los panistas y el Ejecutivo * Los hombres de Zedillo frenaron la unión opositora

Los senadores del PAN lograron sacar de la junta al gobernador del Banco de México, a Eduardo Fernández , presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (futuro embajador) y a Antonio Palomino (del sector bancario), los tres involucrados en el histórico caso Fobaproa

Aunque parecían meras especulaciones, la noche del 30 de abril se hizo pública la renovación de la alianza de los hombres del gobierno con el Partido Acción Nacional. Dos meses antes comenzaron los escarceos en Bucareli, cuando llegó a la dirigencia panista el senador Luis Felipe Bravo Mena. Previo al inicio del periodo de sesiones en el Congreso de la Unión, los del blanquiazul se dieron a la tarea de negociar la agenda legislativa con el gobierno, dejando de lado al PRI y al PRD, más interesados en atender sus problemas internos que en sacar adelante los pendientes parlamentarios.

Mientras los perredistas tenían enfrente la renovación de su dirigencia nacional, trámite que se les complicó demasiado --todavía andan en ésas--, y los priístas buscaban --continúan en lo mismo-- fórmulas para evitar una ruptura ante la exigencia de democratización de sus grupos internos y de la sociedad en general, los del PAN avanzaban en sus acuerdos con el gobierno.

Desde el 15 de marzo, cuando se abrió el periodo legislativo y hasta horas a ntes de que concluyera, el 30 de abril, las cámaras estuvieron prácticamente varadas. Las sesiones se cancelaban por falta de quórum, en las curules se orquestaban escándalos que llevaban a la suspensión de las plenarias y el trabajo en comisiones legislativas no avanzaba. Fue en la última semana cuando los diputados y senadores se dieron a la tarea de legislar a todo vapor, sobre todo en la Cámara alta. Claro, las iniciativas se cocinaron durante semanas en las oficinas de Bucareli y, finalmente, en Los Pinos.

Las versiones de la nueva alianza PAN-gobierno se confirmaron la noche del viernes y la madrugada del sábado. En los días previos fue necesaria la intervención directa del operador político del Presidente para que el coordinador del PAN en el Senado, Gabriel Jiménez Remus, signara los acuerdos. La coordinadora priísta, María de los Angeles Moreno, sólo fue encargada de prestar una pluma fuente y llevar hasta el escaño de don Gabriel el documento. Claro, la senadora también puso su nombre.

Los panistas dejaron de lado sus exigencias --la renuncia de Guillermo Ortiz, director del Banco de México, que por esos días visitaba Washington-- para aprobar la integración de la junta directiva del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (sustituto de Fobaproa), una urgencia para afianzar la política financiera y tranquilizar a los hombres del dinero (los nacionales y los de fuera). El voto blanquiazul por el IPAB no fue gratuito. Los senadores del PAN, con Bravo Mena y Jiménez Remus a la cabeza, lograron sacar de la junta al gobernador de Banco de México, a Eduardo Fernández , presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (futuro embajador) y a Antonio Palomino (del sector bancario), los tres involucrados en el histórico caso Fobaproa, y a cambio incluyeron a Humberto Murrieta, simpatizante abierto de Acción Nacional, que por acuerdo parlamentario (Carlos Medina Plascencia-Porfirio Muñoz Ledo) llegó a ocupar la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados, cargo al que renunció recientemente. Se aceptó que dos miembros de la junta fueran propuestos por el PAN (Murrieta y Alejandro Creel) y dos por el gobierno (Adalberto Palma y Carlos Isoard).

Más de cuatro semanas estuvo parado el Congreso. En reuniones de los coordinadores parlamentarios se acordaban trabajos en comisiones para dar tiempo a los acuerdos del PAN con el gobierno. Como se dijo oportunamente en Página 9 , con la nueva alianza, la dirigencia del PAN y sus legisladores impulsaron reformas de ley que promovió el Ejecutivo pero que eran del interés de los panistas. Más aún, hicieron importantes modificaciones a las iniciativas presidenciales. Tal es el caso de las reformas penales y del Poder Judicial, la creación del órgano fiscalizador de la administración federal que sustituye a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara baja, una propuesta que planteó el mismo presidente Zedillo al Congreso en su primer Informe de gobierno.

A partir de las pláticas que llevaron a la alianza también salieron (y los perredistas podrán decir hasta una misa en cualquier parroquia de pueblo) las reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y al Código Penal y de Procedimientos Penales federales, que permitirán a cualquier ciudadano con interés conocer el monto del patrimonio de los funcionarios, desde el Presidente hasta jefes de departamento. Si a regañadientes votaron estas enmiendas, los priístas, con su líder Arturo Núñez (dicen que ya se va a Bucareli) habrán de levantar la mano a favor de los nuevos cambios al Cofipe.

Todavía hay más en este afanoso impulso legislativo de los panistas y los hombres de Zedillo. No sólo ganaron los del PAN. Los hombres del gobierno, con Liébano Sáenz, el operador del Presidente, por delante, lograron frenar la posibilidad de una alianza opositora en el 2000 contra el Partido Revolucionario Institucional. Los priístas habrán de agradecerlo a su tiempo.

En los acuerdos, los hombres de Zedillo aceptaron que el Congreso convoque a un periodo extraordinario de sesiones para hacer cambios y adiciones a la ley electoral, que no son precisamente los mismos que aprobaron los opositores la noche del jueves pasado. Habrá enmiendas a esa iniciativa en el Senado, que luego habrán de ratificar con su voto sólo los diputados priístas y panistas en el palacio de San Lázaro. Será la enésima reforma electoral consensuada desde que en la administración de Carlos Salinas de Gortari se hizo pública la llamada alianza tricoazul.

La Comisión Permanente del Congreso, instalada la madrugada del sábado en ausencia de la representación del PRD, aprobaría --cuanto antes mejor-- la integración de la junta del IPAB y será la que convoque a las cámaras este verano para desahogar una agenda de cinco puntos, todos del interés del gobierno y de sus aliados del PAN: reformas al código electoral, a la Ley del Banco de México y otras iniciativas relacionadas con el sistema financiero, la Ley Orgánica del Congreso (pendientes desde la 55 Legislatura), enmiendas al artículo 115 Constitucional y otras relativas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Los del PRD también podrán decir una misa en la Basílica de Guadalupe, pero no podrán negar que una vez más los del PAN se los llevaron al baile. Desde la mismísima tribuna de la Cámara de Diputados, la noche del viernes, recordaron que la historia se repite: los diputados Bernardo Bátiz (ex panista), Alfonso Ramírez Cuéllar (PRD) y otros más habrán de hacer evidente la imposibilidad de una alianza opositora en el 2000.

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