La disputa por la UNAM es, más que nunca, una disputa por la nación: de ahí el nerviosismo que ha hecho presa de las autoridades universitarias que le están fallando al gobierno.
1. La rectoría ha ido de fracaso en fracaso en su intento por acelerar la privatización de la Universidad Nacional, y al mostrar su carencia de argumentos y no surtir efecto sus amenazas, sigue recurriendo a las plumas del sistema y a los académicos cooptados creyendo que puede hacer caer a los estudiantes en la trampa de ofrecerles suspender o posponer la aplicación del Reglamento General de Pagos a cambio de que levanten la huelga. Como si la aplicación de una norma pudiese ser decidida de manera discrecional por una autoridad administrativa.
2. De ahí que a nadie extrañe el último fracaso del gobierno y de la rectoría en torno al diálogo con el que creen poder subordinar al movimiento estudiantil. El diálogo no ha sido en México más que un mecanismo para doblegar a los movimientos sociales con presiones y amenazas o cooptándolos: llevándoselos a "lo oscurito". Y el rector Barnés no ha ocultado sus obvias intenciones: tras insistir de manera absurda, una y otra vez, que lo único que está dispuesto a negociar son las condiciones de aplicación del reglamento, propone un diálogo privado (26 de abril).
3. La respuesta del Consejo General de Huelga no podía ser otra, en consecuencia, más que la de recordar el contenido de su pliego (28-29 de abril) y que el diálogo debe ser público y en presencia de los medios y la huelga no puede levantarse obviamente hasta la abrogación del reglamento y la satisfacción a las demandas estudiantiles.
4. El sorprendente vigor e imaginación del movimiento estudiantil lo hace difícil de entender por las autoridades, de ahí que la reacción institucional sea tan pobre. La descalificación como ultras a quienes no aceptan negociar las leyes o los principios, por suponerse que están fuera del marco institucional de componendas, no es nueva y muestra la falta de inteligencia que hay en el gobierno y en la burocracia universitaria en su pretensión de dividir a los estudiantes. Ahora resulta que defender la legalidad y los derechos económicos y sociales de las mayorías, o ser un estudiante de prepa o de CCH, es ser un ultra.
5. Los mexicanos saben que los principales extremistas que hay en México son los tecnócratas, que con una falta absoluta de patriotismo están destruyendo las instituciones nacionales, y por ello ven con tanta simpatía al movimiento de los estudiantes, que busca revertir una medida ilegal, que no es más que un nuevo mecanismo de exclusión social.
6. El hecho de que la "línea dura" del gobierno la encabecen no sólo el secretario Francisco Labastida y algunos senadores del PRI o Televisión Azteca y Televisa, a la que le duran muy poco sus ofrecimiento de buscar su independencia del régimen, sino las propias autoridades universitarias, que en discursos y desplegados como en las propias emisiones de TV-UNAM van de la invectiva a la amenaza, evidencia por sobre todas las cosas: a) que el margen de acción de la rectoría es casi nulo y que quien decide es Bucareli, y b) que la descomposición del régimen alcanza a la propia burocracia universitaria, que con esta vergonzosa campaña está perdiendo toda autoridad moral y cancelando sus posibilidades en el diálogo.
7. El recurso de la fuerza se le está revirtiendo sin embargo al régimen, y la campaña sucia contra la huelga y los estudiantes, pretendiendo que quienes participan en el movimiento no son estudiantes de excelencia sino viciosos, no hace más que recordar algo muy obvio que Ernesto Zedillo no ha logrado ocultar: el país está gobernado por una tecnocracia vinculada al narcotráfico. Los extremistas y los viciosos son ellos: los gobernantes mexicanos.
8. El gobierno entiende que la huelga no puede levantarse sin la abrogación de las cuotas, y por ello busca desvirtuar a través de sus plumas los argumentos sociales, económicos y jurídicos de los estudiantes, y evalúa incluso en su pendiente autoritaria utilizar a la Suprema Corte para que interprete, según sus intereses, el artículo 3o., que establece que la educación impartida por el Estado ha de ser gratuita, y para que, como ya lo hizo en el caso del Fobaproa en 1998, al decretar que el anatocismo es "legal" aunque lo prohíban las leyes, siga destruyendo por la vía de la interpretación el marco legal del país, ignorando que tal despropósito no conduciría más que a que se siga agravando el estado de ilegalidad en México.
9. El problema que el régimen se generó a sí mismo con una medida descabellada es muy grande, y el Consejo Universitario, que como todo mundo sabe no es órgano autónomo ni representativo sino subordinado al poder, tiene que abrogar lo antes posible esta medida anticonstitucional y contraria a los intereses de los mexicanos, para evitar seguirle causando un daño al país, abriéndose así la vía para un amplio diálogo en la UNAM.
10. El diálogo en la UNAM debe sentar las bases de una universidad moderna: que sólo puede ser aquella que se sustente en formas de vida interna democrática, con un ejercicio transparente y controlado del presupuesto. Y, sobre todo, que esté al servicio de la sociedad y no, como hasta ahora, del grupo gobernante y de los intereses económicos trasnacionales que éste defiende.