La Jornada/El Sur, Ciénega del Sauce, Ayutla de los Libres, 3 de mayo n Por medio de engaños, amenazas de quitarles las becas del Progresa y promesas de dinero, ropa, zapatos y despensas, médicos y técnicos de los Servicios Estatales de Salud obligan a hombres y mujeres mixtecos y tlapanecos de esta región a dejarse esterilizar mediante operaciones de vasectomía o salpingoclasia.

Las denuncias sobre la esterilización a indígenas de Ayutla de los Libres se han presentado desde hace un año, y el motivo de la oposición a aplicar esos métodos dentro de los programas oficiales de planificación familiar es que se desinforma, engaña y presiona a los campesinos para inducirlos a ser esterilizados; no lo deciden libremente.

Primero, aparecieron quejas en cuatro comunidades mixtecas que protestaron debido a que a los hombres que fueron operados no les dieron el dinero y las cosas que les habían prometido. Actualmente hay inconformidad en una comunidad tlapaneca, porque sus habitantes temen quedarse sin el dinero que les da el Progresa ųde 200 a 400 pesos cada dos meses por familiaų en caso de que no cumplan con los programas de salud, que son obligatorios, entre ellos el de planificación familiar.

El pasado 18 de marzo, 32 mujeres de esta comunidad y el líder Agustín García Soto, integrante de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos, enviaron un escrito de queja contra las autoridades de salud al presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, Juan Alarcón Hernández, en el que plantean que están de acuerdo en asistir a citas médicas y pláticas para la prevención de las enfermedades, pero están inconformes con el uso de la amenaza como método para imponer los programas de salud, que además van contra la cultura del pueblo indígena.

Pueblos de difícil acceso

Las localidades donde hay inconformidad por las acciones de los servicios de salud se encuentran en una de las rutas de la Montaña de más difícil acceso, que pasa por La Fátima, Ojo de Agua, Ocotlán, Vista Hermosa, y llega hasta la Ciénega del Sauce.

Este poblado se localiza en la parte más alta de la ruta. Viven aquí 870 personas en casas dispersas en las faldas de los cerros y en barrancos, y el núcleo principal se ubica en la profundidad de una cañada, donde se localiza el centro de salud. El técnico encargado, Marcial Tiburcio Marcos, trabaja con el médico Alejandro Miranda Pano, que llegó aquí enviado por el Progresa. El funcionario asegura que no se obliga a los habitantes a participar en los programas de salud, que incluyen prevención de cáncer cérvico-uterino y mamario, de enfermedades respiratorias y diarréicas, y planificación familiar. ''A fuerza no se hace'', dijo, pero reconoció que sí presiona a la gente del pueblo para que participe en los programas de salud y confirmó que si no lo hacen se les retira el apoyo del Progresa.

Explica: ''Tenemos la meta de llevar al centro de salud de Ayutla 20 muestras al mes para exámenes de prevención de cáncer cérvico-uterino''.

ųƑY si no cubren esa cuota?

ųNos llaman la atención. Pero es por la salud de ellas mismas.

ųƑLes quitan el Progresa a los que no van?

ųA los que están en el Progresa los traen muy cortitos; para ellos nos mandan un fo rmato especial para llevar el control de los que cumplen con el programa de salud. Todos los que están en el Progresa tienen cita cada mes. Con una falta, les descuentan 50 por ciento de lo que reciben por el Progresa, y con dos faltas les retiran totalmente el apoyo.

ųƑA qué se deben estas presiones?

ųSe tienen que cumplir las metas.

ųƑEn el programa de planificación familiar tienen metas de esterilización? ƑHay presiones para que se cumplan?

ųSí. Nos presionan para llevar por lo menos una persona al mes para vasectomía o salpingoclasia; pero no van, aquí todos tienen miedo.

En Acapulco, el secretario de los Servicios Estatales de Salud, Carlos de la Peña Pintos, fue entrevistado acerca de las quejas de comunidades indígenas que pertenecen a la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT) contra la esterilización forzosa en esa región. El funcionario negó que esta sea una política de los servicios de salud y manifestó: ''Queremos evitar toda confrontación con los hermanos indígenas''. Sin embargo, reconoció que la asistencia a los programas de salud sí es condición para que la gente siga recibiendo el Progresa.

El coordinador de la organización, Benito Narciso Morales, dijo que desde hace un año ha recogido las denuncias de las comunidades, y afirma que la esterilización ''es parte de la política de exterminio de los indígenas''.

ųƑUsted observa que es una política hacia la población indígena?

ųEs una política de exterminio. Lo que pasa es que el gobierno no quiere que los indígenas sigan mostrándose exigentes en sus derechos. Como que el gobierno no quiere reconocer los derechos de los indígenas, y para no seguir discutiendo mejor hay que ir exterminándolos.

Sobre los casos que se han dado en esta región, dijo: ''Si los indígenas se dejaron intervenir es por mera necesidad, a ver si así mejoraba su vida, por eso lo hicieron; pero se ve con tristeza que todo es una falsedad del mismo gobierno para ir exterminando a los indígenas''.

En un acta de asamblea de la comunidad La Fátima, del 12 de mayo de 1998, con la asistencia de 30 ciudadanos, el comisario Martín García y los principales Pascual Aurelio José, Daniel Carrillo Antonio y Fernando Gallardo Catarino, se planteó el problema de siete campesinos que fueron esterilizados mediante vasectomía.

Los dos primeros sometidos a esta intervención dijeron que aceptaron porque los médicos de la brigada de salud ''les dijeron que sus esposas estaban muy enfermas y sólo si se operaban se aliviarían''. Aceptaron y fueron llevados a la clínica de salud de Ayutla.

Otros cinco fueron engañados con promesas incumplidas. Les dijeron que les iban a dar 500 pesos, ropa para toda la familia, que cada tres meses les iban a mandar dinero, y 100 pesos cada 15 días, y que los brigadistas irían a darles pláticas. ''Hubo otros dos ciudadanos que no quisieron que se los llevaran a esterilizar, y los amenazaron con quitarles el Procampo, el Progresa y la atención médica'', asentaron en el acta. El pueblo pidió que la brigada no deje de asistir a la comunidad, pero que los médicos no insistan en la esterilización ni traten de convencer a nadie.

En Ocotlán se llevó a cabo la asamblea el 5 de mayo de 1998, y los ciudadanos, encabezados por el comisario Pascacio Hernández Custodio, firmaron un documento titulado ''Acta de rechazo a la esterilización''. Aparecen los nombres y firmas de seis campesinos que fueron esterilizados. Explicaron que se dejaron hacer la vasectomía porque los médicos los amenazaron con quitarles todo beneficio que el gobierno les otorga; en cambio, si se dejaban intervenir les darían 100 pesos mensuales, ropa buena para la familia completa, zapatos y una despensa suficiente cada mes.

Prometieron mejorar la vida de los ciudadanos, menos trabajo y más beneficio. Pero los afectados están en espera del cumplimiento. Estas promesas las hicieron ante la asamblea del pueblo, y ahí mismo hicieron entrega de 50 pesos a los que aceptaron ''delante de los ciudadanos para que se motivaran''.

Los afectados piden que los brigadistas cumplan con lo que prometieron a los ciudadanos de Ocotlán, ya que a estas alturas ''fuimos víctimas de vil engaño de los mestizos. Se volvieron a burlar de nosotros, como siempre lo han hecho. Pedimos que se castigue a los brigadistas que se aprovecharon de nuestra hospitalidad para burlarse de nuestra honorabilidad. Requerimos la atención médica, mas no la esterilización''.

En Ojo de Agua, el 29 de junio de 1998, 42 ciudadanos, el comisario Damián Agustín Concepción y el secretario general, Manuel Jiménez Morales, firmaron el acta en la que aparecen los nombres y firmas de siete campesinos que fueron esterilizados. En la asamblea ''los asistentes dieron quejas de que unos señores se bajaron a curar de vasectomía en el hospital general de Ayutla. El pueblo demandó que los servicios de salud no sigan practicando la vasectomía. Los señores que se curaron solicitan recursos económicos, ya que al curarse se les prometió 500 pesos, pagos mensualmente y ropa para toda su familia. Solicitan que les den 500 pesos mensualmente''.

En Vista Hermosa, la asamblea se realizó el 19 de marzo. El comisario Alfonso García Cayetano y 33 ciudadanos expusieron: ''Los médicos brigadistas regañan a los hombres y mujeres que no hablan castellano y están exigiendo para la operación a los hombres, pero ellos no quieren operarse''.

En Ojo de Agua, el 27 de septiembre de 1998 firmaron el acta contra la esterilización 56 ciudadanos y ciudadanas y el comisario Damián Agustín. Dicen que ''se levantó el acta presente denunciando a la brigada móvil número 3, por falta de respeto a las señoras a operarse y amenazándolas con despedirlas del programa Progresa''.

Los campesinos piden ''que la brigada móvil ya no nos visite. No es justo lo que nos están haciendo, curar y operar a los señores y a las señoras, y amenazarnos con quitarnos del programa Progresa''.