ƑESTERILIZACION FORZADA EN MEXICO?

Varias comunidades mixtecas y tlapanecas de Ayutla de los Libres, Guerrero, denuncian ųde acuerdo con una nota que se publica hoy en estas páginasų el desarrollo de campañas de esterilización que utilizan como instrumento de coerción el otorgamiento de las ayudas del programa gubernamental Progresa, sucesor del Pronasol. Según los declarantes, con tal de cumplir con una cuota mensual de vasectomías, en los dispensarios de los Servicios Estatales de Salud se presiona a los pacientes, se les ofrece dinero, ropa, zapatos y despensas, se les engaña o bien se les amenaza con suspenderles las ayudas del programa mencionado. Tales prácticas se realizan también, a decir de los quejosos, para forzar a las mujeres a que se realicen exámenes para la prevención de cáncer cérvico-uterino y mamario.

Aunque los medios referidos son inaceptables incluso para obligar a las personas a someterse a revisiones médicas benéficas para su salud, en el caso de las esterilizaciones ųde mujeres o de hombresų tales métodos constituyen una grave violación a los derechos humanos que, de comprobarse, habrá de ser sancionada conforme a derecho.

Además de un delito, imponerle a una persona una revisión o una intervención médica de cualquier especie mediante el recurso de amenazas, presiones, chantajes y reparto de ayudas materiales, sería, en el entorno de miseria y marginación que caracteriza la región de Ayutla de los Libres, una inmoralidad inexcusable.

Por otra parte, el asunto tiene delicadas implicaciones políticas que deben ser analizadas.

En diversas naciones se realizan campañas de esterilización o de control natal bajo presión, si no es que de participación obligatoria, como en India y China. En contraste, en nuestro país las políticas de planificación familiar se han desarrollado con éxito, desde hace dos décadas, sobre la base de la decisión voluntaria de los ciudadanos. Sectores de la derecha católica han denunciado reiteradamente la existencia de programas de esterilización forzada emprendidos por las autoridades del sector salud, pero nunca, hasta ahora, fueron capaces de presentar indicios documentados, y ni siquiera verosímiles, de sus acusaciones. El caso de Guerrero sería, si llegara a confirmarse, el primer dato sólido en este sentido.

Aunque la institución acusada pertenece al ámbito estatal, si la información fuera cierta ello causaría un severo daño a la credibilidad y a la autoridad de las dependencias del sector salud en su conjunto y daría argumentos a los círculos del fundamentalismo católico que realizan una permanente labor de zapa contra las campañas de planificación familiar y ųmás grave aúnų de promoción del uso del condón para la prevención del sida.

Es evidente, en este contexto, la necesidad de esclarecer a fondo las denuncias referidas e impedir, de esa forma, lo que podría convertirse en un serio revés para los programas de control natal y de combate al sida del sector salud. Y, si se confirma que se ha incurrido en las prácticas mencionadas, no debe vacilarse en sancionar conforme a derecho a los responsables, sea cual sea su jerarquía.